“Desde el gobierno provincial lo dicen sin pelos en la lengua”, denunció Adriana Montero, directora del jardín número 915 del arroyo Chana. “Dicen textualmente que están aplicando una política de ajuste. Al cierre de escuelas y jardines a los que asisten niños de los sectores más vulnerables del partido de San Fernando lo llaman ‘reducción de recursos’. No andan dando vueltas”. Las instituciones educativas cuyo cierre se anunció esta semana a menos de un mes del comienzo de las clases son los jardines número 919, 920, 904, los dos jardines de la isla Martín García, el Jirimm 1 y las escuelas primarias número 13, 18, 19 y 25.
“Teniendo en cuenta que las distancias en el Delta son dispares, estas escuelas cuentan con una vacante menor a las que tienen las del continente. Pero justamente por este motivo, por las distancias, que en muchos casos implica una hora y media de viaje en lancha colectiva, y por el aislamiento en el que viven los vecinos de la comunidad isleña es que estas escuelas tienen un rol social fundamental”, explicó Montero a Página12.
Con el cierre de estas salas e instituciones educativas, algunos directivos y maestros serán desplazados pero otros perderán sus fuentes de trabajo: “Dicen que reubicarán tanto a maestros, autoridades de las escuelas y alumnos pero con el desplazamientos de maestros y directores titulares automáticamente pierden sus trabajos aquellos que tenían cargos suplentes. También muchas familias quedarán aisladas y puede que dejen de mandar a los chicos a los jardines”.
La decisión no fue consensuada con los vecinos, las familias afectadas, la comunidad educativa, los gremios, ni el Consejo Escolar. Entre las escuelas que cerrarán sus puertas están la Escuela N° 25 y el Jirimm 1 del Arroyo Caracoles, cuyos alumnos a veces recibían clases arriba de la lancha porque, dependiendo de la altura del río, no podían llegar a la institución.
En algunos casos el cierre de los jardines y escuelas derivará en lo que se conoce como “pluriaños”, es decir, la fusión de varios grados. Esto, indica Montero, es “para nada recomendable en términos educativos. Si se enseña en simultáneo en una misma sala a alumnos de primero, segundo y tercer grado, como proponen, por supuesto se dificulta el aprendizaje de los chicos, el trabajo de los maestros y se pierden contenidos. Un ejemplo de esto es la escuela secundaria número 22, donde ya hicieron este tipo de agrupamientos”.
Según denuncia Montero, el cierre de las escuelas implica romper los lazos sociales construidos por esas comunidades alejadas de la ciudad y deja a estas familias todavía más incomunicadas y aisladas: “Si sacan las escuelas se muere el arroyo, queda desconectado porque la lancha es el único transporte público que hay. Los isleños tendrán que moverse por sus propios medios y muy pocas de esas familias tienen lancha con motor. La mayoría se mueve con botes con remos. Se dan cursos con perspectivas de salida laboral para adultos. La escuela no es solo venir y educar a los chicos, que es la función fundamental. Si dejamos que nos cierren las escuelas, perdemos el contacto con las familias.”
Entre las escuelas que van a cerrar hay algunas que tienen entre cincuenta y cien años de antigüedad en la comunidad. “¿Cómo puede ser que establecimientos de tanta antigüedad no sean tratados de otra manera?”. Además, dice la directora, “hubo otras instancias durante el 2017 y en especial hacia fin de año en las que se podría haber planteado esta idea de cerrar las escuelas y los jardines, exponer los motivos y podríamos haber buscado soluciones junto a la comunidad. Incluso haberlo sabido con tiempo hubiera sido mejor que comunicárselo a las familias a tres semanas de empezar las clases”.
