El presidente de Brasil, Michel Temer, anunció ayer la creación de un Ministerio de Seguridad Pública. El viernes había firmado un decreto para una inédita intervención militar en Río de Janeiro que busca frenar una creciente ola de violencia en ese estado.
El presidente se reunió ayer en la ciudad carioca con el gobernador de Río, Luiz Fernando Pezao, y con el nuevo responsable del área de seguridad del estado, el general Walter Souza Braga Netto, para definir detalles de la intervención militar anunciada el viernes. En breves declaraciones a la prensa, Temer calificó de intolerable la situación de Río y señaló que la intervención es para proteger a los más vulnerables, pero no explicó cómo funcionará el nuevo dispositivo de seguridad –hasta ayer en manos de la policía– ni cuales serán los límites de actuación de los militares, que ya ayer patrullaron algunos puntos de la ciudad.
El mandatario comunicó, luego de la reunión, que en una o dos semanas será constituido lo que llamó un “ministerio extraordinario” para coordinar la seguridad pública en todo el país, una medida que había sido debatida en las últimas semanas por el Ejecutivo para frenar la violencia que también está presente en muchas zonas del país.
Estuvieron presentes, además, varios de los ministros de Temer. Entre ellos, el ministro de Defensa, Raul Jugmann, quien antes de viajar a Río había afirmado que la intervención es un proceso enormemente complejo y que no habrá un cambio del día a la noche en Río. “El tema de la seguridad se convirtió en una emergencia”, resaltó. El presidente de la cámara de Diputados, Rodrigo Maia, coincidió con Jugmann: “La intervención iniciará un proceso de recuperación del área de seguridad, pero en diez meses no se resolverán todos los problemas, es un problema que está desde la década de los 80”, opinó.
También participó del encuentro el alcalde de Río de Janeiro, el pastor evangélico Marcelo Crivella, quien se ausentó durante el carnaval –fiesta que considera pecaminosa– y viajó a Europa, mientras en la ciudad se repetían las imágenes de violencia.
La decisión de decretar la intervención federal fue adoptada tres días después del fin del carnaval, la fiesta popular más importante de Brasil y, en particular, de Río de Janeiro, donde este año se vio manchada por numerosos y graves episodios de violencia, incluso en los alrededores del popular y vigilado Sambródromo. Desde hace más de un año, la ciudad carioca es víctima de un creciente espiral de violencia urbana, que se cobró la vida de 6.731 personas en 2017, entre ellas las de más de 100 policías y 10 niños, muchos de ellos alcanzados por las llamadas “balas perdidas”.
El gobierno ya había desplegado a mediados del año pasado a 10.000 efectivos de las Fuerzas Armadas en Río de Janeiro, pero la intervención federal es la primera medida de este tipo desde el fin de la dictadura militar en 1985. Ahora, la policía, los bomberos y los servicios de inteligencia del estado de Río de Janeiro se encontrarán bajo el comando de los militares del Ejército hasta diciembre de este año.
El decreto ya está en vigor, pero necesita ser refrendado por el Congreso el próximo lunes y desde la oposición se alzaron voces críticas que cuestionaron la decisión. “Sin votos para aprobar la reforma previsional, el gobierno cambia su agenda y acepta intervenir en Río de Janeiro. La situación de seguridad es grave pero hay que estar alertas sobre la represión que puede venir contra movimientos sociales y la suspensión de los derechos constitucionales”, opinó Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores.
