El caso del policía Luis Chocobar, felicitado por el Gobierno tras asesinar por la espalda a Pablo Kukoc, hizo estallar dentro de Cambiemos su propia grieta y desató un gran alboroto en sectores judiciales molestos por las opiniones públicas de Mauricio Macri sobre los fallos que procesaron al uniformado y el anuncio de una nueva doctrina según la cual, a entender de la ministra Patricia Bullrich, siempre tienen razón las fuerzas de seguridad. El radicalismo dio esta semana su expresión más clara de que hay ciertos límites que no está dispuesto a cruzar: en el diario La Nación Ricardo Gil Lavedra publicó una columna titulada “Los riesgos de la demagogia punitiva”, que asociaba el uso del tema como parte de un “marketing político” que acarrea el riesgo de multiplicar el delito y la violencia y esquiva el desarrollo de políticas “integrales, estables y serias”. Detrás del jurista salieron a cuestionar la postura presidencial varios dirigentes de la UCR, y fue la posición compartida en reuniones de bloque. Gil Lavedra es hoy, además, quien lidera el emprendimiento “Justicia 2020” del Ministerio de Justicia, que entre otras cosas desarrolla un anteproyecto de reforma del Código Penal. La comisión que está en plena confección del texto no tiene intención de flexibilizar la regulación de la llamada “legítima defensa” (que señala las limitaciones en el uso de armas por parte de los agentes) ni la carga de la prueba, que según la ministra de Seguridad debiera eximir a los policías de toda acusación. A los camaristas que agravaron la situación de Chocobar al atribuirle “homicidio agravado” y que fueron criticados por Macri el viernes, les llovieron mensajes de apoyo de colegas y hasta de funcionarios de la propia Casa Rosada. En la Corte Suprema miran el escenario con atención y analizan dar un mensaje que, sin ser condescendiente con el Poder Ejecutivo, los ayude a soñar con contrarrestar la imagen desastrosa (70 por ciento negativa) que le dan las encuestas al Poder Judicial.

“No entiendo cómo el fallo dice que (Chocobar) hizo todo bien, pero en el último instante se excedió. Estamos hablando de un policía que perseguía a un asesino”, dijo Macri el viernes después que se conoció la resolución de los camaristas Marcelo Lucini, Mariano González Palazzo y Rodolfo Pociello Argerich, a quien nadie podría catalogar por su trayectoria de “zaffaronianos” o progresistas. Pero Bullrich primero y con más énfasis Macri después, decidieron no sólo seguir elogiando el accionar del policía de Avellaneda Chocobar, que mató a Kukok en el momento en que escapaba tras acuchillar a un turista estadounidense para robarle la cámara de fotos, sino criticar a los jueces. El Presidente se metió en detalles de la sentencia y dijo que “es por mérito de Chocobar que se evitó la puñalada  número 11 al turista”, lo que no es cierto porque Kukok ya estaba lejos de él, a más de 200 metros. Lo habían seguido tres vecinos que lograron sacarle la cámara robada, y recién después cuando huía el policía hizo varios disparos y le impactaron dos. El juez de instrucción Enrique Velázquez ya había sido atacado por el Gobierno al haber imputado exceso en legítima defensa. Los camaristas le atribuyeron homicidio agravado. El mismo viernes a la noche, uno de los radicales que primero alzó la voz contra la postura oficial en el programa Intratables y antes en Radio10 fue el diputado de Cambiemos Facundo Suárez Lastra, quien dijo que estaba de acuerdo con la decisión del tribunal y discrepaba con el Presidente y Bullrich.

Suárez Lastra fue uno de los primeros en tuitear que hacía suyos los argumentos de Gil Lavedra en la nota que publicó dos días antes en La Nación. “No corresponde a ningún otro poder del Estado valorar las constancias del expediente y la eventual responsabilidad del imputado”, decía el jurista en el texto. “Presumir que la policía siempre está en lo correcto es abiertamente inconstitucional”, le replicaba a la teoría de Bullrich. “El Estado, a quien representa el policía, debe usar la fuerza de modo racional y proporcional al mal que se procura evitar”, señalaba, entre varias definiciones. El caso Chocobar fue tema recurrente en conversaciones dentro de la UCR, donde la mayoría está alineada con el pensamiento de Gil Lavedra y procura huir de los eslogans que desprecian el prometido y exaltado republicanismo desde Cambiemos. Hay excepciones, como el diputado Luis Petri que en Infobae interpretó que a Chocobar se lo condena de manera anticipada y que así no se puede reclamar seguridad. A su entender hay una “prohibición indirecta” del uso de armas para la policía por este caso, aunque una sucesión de hechos recientes (dos, por ejemplo, en Quilmes, con muertos en intento de robo) posteriores a Chocobar. Luego están los radicales a quienes el marketing PRO los irrita, y las frases del estilo “cuidar a quienes nos cuidan”, porque saben que debajo están la inflación, los despidos, la reforma laboral. Aunque no lo planteó de lleno en esos términos, Federico Storani dijo que la inflación y el endeudamiento externo son talones de Aquiles del Gobierno y cuestionó los elogios a Chocobar. “No debe haber una doctrina del gatillo fácil”, afirmó.

Nadie entrevé que esta “grieta” en Cambiemos pueda generar grandes consecuencias, pero anuncia un terreno donde podrían complicarse ciertos debates legislativos sobre cuestiones jurídicas. Y, como se advierte en otros terrenos, no avanzan acuerdos con el peronismo en temas como la designación del defensor del Pueblo, la del procurador/a y la ley de Ministerio Público. Los radicales, en esencia, creen que Macri y su círculo más cercano tienen “un problema de mala formación en derechos humanos” y se guían porque las encuestas dicen que la sociedad prefiere la mano dura. Quizá esto último también explique por qué son pocos los dirigentes opositores que salieron a hablar. Lo hicieron, por ejemplo Myriam Bregman (Frente de Izquierda), que responsabilizó a Bullrich de desatar una “ola de gatillo fácil y represión”, Agustín Rossi (FpV), con una advertencia sobre “el aumento de la violencia institucional”, y Fernando Pino Solanas denunció a Macri y Bullrich por apología del delito.

Tampoco en el equipo de gobierno el Ministro de Justicia, Germán Garavano, se entusiasmaron con la defensa a Chocobar y la doctrina Bullrich de que la policía como sea tiene razón. Garavano dijo que aunque se impulse una nueva doctrina no puede haber “carta libre” para “abusos o excesos” de los uniformados. Hace rato que el ministro no está en la mejor de las relaciones con Bullrich. Es de los que buscan matices y mesura. También tiene un frente abierto con Elisa Carrió, renuente a hablar sobre el caso Chocobar hasta el momento, pero que desde la Coalición Cívica emitió días atrás un comunicado contra manejos en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA, donde Garavano mandó a cambiar el alegato a través del cuestionado abogado, José Console, para suavizarlo y pedir la absolución de los ex fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia. La Coalición dijo que no sería cómplice de nepotismos ni encubrimientos judiciales.

Gil Lavedra trabaja cerca de Garavano sobrevolando los proyectos de Código Penal y Régimen Penal juvenil. Algunos miembros de la comisión se escandalizaron con el anuncio de un cambio de doctrina, pero quedó claro que no será de su anteproyecto de donde salga un cambio respecto de cómo evaluar penalmente el uso de armas de uniformados. Hasta ahora –dijeron allegados a ese equipo especializado– no se tocó el artículo 34, que habla de la legítima defensa (y en consecuencia los límites en el uso de armas) ni existe intención de la mayoría de los juristas (jueces, académicos, abogados) de invertir la carga de la prueba para que los agentes nunca carguen con responsabilidad. Garavano es, a la vez, quien impulsa una ley que regule las prisiones preventivas. Lo hace, en parte, con visión de futuro, para que al macrismo no le toque más adelante una lluvia de detenciones como pasó con los ex funcionarios del kirchnerismo. En el Ejecutivo ya se dan por conformes con todos los presos que hay y hubo en Comodoro Py. En este tema, el radicalismo tiene posturas repartidas: algunos siguen apoyando la doctrina del camarista Martín Irurzun, de dictar preventivas por supuestas “relaciones residuales” sin precisar peligros procesales. Otros creen que es un disparate, aunque para no ponerse en contra de Gerardo Morales siguen afirmando que Milagro Sala -con más de una decena de causas construidas- está bien detenida. 

Los camaristas que el viernes procesaron a Chocobar por homicidio agravado quedaron alucinados de la cantidad de apoyos que recibieron por mensajes y llamados después del fallo que, como quedó a la vista, no fue de agrado del presidente Macri y su ministra, que ya habían bregado por otro resultado.  Lo más sorprendente fue que no sólo los aplaudían colegas judiciales sino gente del propio gobierno. Hasta ahora, el malestar en tribunales se vivió puertas adentro pero no hubo ninguna reacción institucional. Para la Asociación de Magistrados, que suele cuestionar las intromisiones, debe ser complicado porque la Cámara levantó en peso al fiscal Ricardo Sáenz, que es una de las autoridades de la entidad, y que intentó opinar contra Chocobar cuando no le correspondía para alinearse con el Gobierno.

En el mundillo judicial, jueces y juezas de todo el país que han sido votantes de Cambiemos están enojados y decepcionados. Vienen acumulando bronca desde que Macri los acusó de trabajar poco y gozar de privilegios. “Nos sentimos usados”, coincidieron algunos, que se sienten parte activa de la ofensiva contra el kirchnerismo pero no se ven retribuidos. Algunos tienen miedo, porque el Gobierno ha mostrado y expresado un enorme poder de fuego para echar a los jueces que le caen mal. La semana próxima, sin ir más lejos, lo intentará con Daniel Rafecas por haber dicho que en la denuncia de Alberto Nisman por encubrimiento del atentado a la AMIA no había delito.

Puertas adentro de la Corte Suprema hay un estado de reflexión sobre qué hacer con todo esto. Con el malestar de la corporación, los ataques del gobierno, y las encuestas que le dan mal al Gobierno pero peor al Poder Judicial, con un 70 por ciento de desaprobación según un sondeo de la Universidad de San Andrés. Quizá esto explique por qué este año volverá la ceremonia de apertura del año judicial, que el año pasado Ricardo Lorenzetti suspendió en medio de un clima tenso dentro del tribunal e investigaciones periodísticas que lo incomodaban. Todo indicaría que Los Supremos intentarán mostrar señales de cambio –quizá alguno relacionado con los reproches del Gobierno– sin dejar de pronunciar la palabra “independencia” que, aunque algunos se la toman más a pecho que otros, siempre queda bien.