En su libro “Argenpapers”, los periodistas Santiago O’Donnell y Tomás Lukin narran cómo en abril de 2016 Mauricio Macri apareció en las primeras informaciones mundiales de presidentes con empresas o cuentas offshore y al final no pagó las consecuencias. Y agregan: “Pero no todas las víctimas de los Panama Papers tuvieron la misma suerte. El primer ministro islandés Sigmundur Gunnlaugsson fue emboscado en plena entrevista televisiva. Al no tener respuestas sobre una empresa offshore que había ocultado en sus declaraciones y vendido a su esposa por el módico precio de un dólar, huyó despavorido de las cámaras y al poco tiempo, ante una ola de protestas, debió renunciar. El video rápidamente se convirtió en el ícono visual de los Panama Papers”.

Gunnlaugsson no utilizó entonces ni al equivalente local de una Oficina Anticorrupción para calmar los ánimos ni centró toda su defensa en la legalidad o ilegalidad de la offshore. Tampoco dijo que al final un dólar es poco y a quién le importa. Como los islandeses ven mal las offshore por la crisis financiera que padecieron, el jefe del gobierno renunció. Política en estado puro.

Los habitantes de Islandia tenían una percepción muy cercana a la realidad. Escriben Lukin y O’Donnell: “Contrario a la idea difundida por la mayoría de los medios, que asocia los flujos ilícitos a la corrupción gubernamental y otras actividades criminales, las fuentes principales para las maniobras financieras y comerciales abusivas son las grandes corporaciones y sus directivos, dueños de pymes, profesionales muy exitosos, celebridades y herederos de grandes fortunas. El director de la organización Global Financial Integrity, Raymond Baker, estimó que los actores económicos privados explican alrededor del 63 por ciento del total de flujos financieros ilícitos globales. El restante 37 por ciento se origina en actividades estrictamente criminales de todo tipo, y de esa porción, la corrupción gubernamental alcanza a ‘sólo” 3 puntos porcentuales”.

Los lectores verán dónde colocan a Mr. Gilligan. En cuanto a Mauricio Macri, su estrategia siguió algunos criterios que luego se hicieron comunes al resto de los funcionarios involucrados en firmas offshore:

  • Como recomendaría cualquier abogado, primero negó todo.
  • A medida que aparecieron más datos sobre una offshore de Panamá Papers, Kagemusha, y otra que no figuraba en la investigación internacional, Fleg Trading, pasó de negar a minimizar.
  • De inmediato limitó el debate al Código Penal. Buscó centrarlo en si había declarado o no a tiempo su participación en las sociedades y si, ante la ausencia de dividendos o actividad su conducta había sido lícita.
  • Al mismo el aparato estatal se quedó quieto ante el pedido de exhortos del fiscal Federico Delgado para que la Justicia brasileña informase sobre las actividades concretas de las subsidiarias de Fleg en Brasil. No era un punto superfluo, porque el diputado Darío Martínez e investigaciones de este diario revelaron que Fleg en combinación con Sociedades Macri había llegado a participar en el negocio de la logística bancaria y de las tarjetas de crédito en San Pablo. La Justicia brasileña fue lacónica, sin embargo, y la Cancillería entonces a cargo de Susana Malcorra no mostró entusiasmo en vencer la opacidad de los vecinos. 
  • La morosidad en investigar los hechos, de la que también participó la Corte Suprema cuando no ayudó a la pesquisa con herramientas de peritaje contable fino y confiable, remató en una profecía autocumplida. Si no había interés en reconstruir los hechos, los hechos no aparecerían. Y sin hechos comprobables los fiscales y los jueces serios no tienen cómo sospechar de un ciudadano y presumir que cometió una acción ilícita. Así fue, entonces, como todo se desmoronó. En septiembre de 2017, justo antes de las elecciones legislativas, el juez Andrés Fraga dijo que Macri “no fue socio ni accionista de Fleg Trading ni Kagemusha, no percibió dividendos ni ningún tipo de utilidades ni ganancia alguna de esa firma”. Para el juez solo aceptó el cargo de director de la sociedad por pedido de su padre, Franco Macri, para designar un reemplazante y renunciar. Todas las culpas para Franco. Previamente el fuero penal sentenció que no existió lavado de dinero. 

Luego de los fallos Macri al fin pudo decir, feliz, que se había puesto a disposición de la Justicia y que la Justicia no había encontrado nada.