Presos que declararon contra policías imputados en la causa por la desaparición forzada y muerte de Franco Casco fueron alojados en una "celda de castigo", ante un pedido de las partes para que se les ofrezca protección. Así lo denunció una de las querellas en el marco de la causa. Desde el Servicio Penitenciario respondieron que están en un pabellón de admisión, a modo de resguardo; pero los abogados de la familia de la víctima manifestaron su preocupación y reclamaron que se revise la decisión, ya que el requerimiento que hicieron tuvo que ver con que les brinde la posibilidad de ingresar a un programa de protección al testigo, sobre todo porque se trata de testimonios importantes para el juicio, que esperan poder realizar este año. "No pueden trasladarlos intempestivamente, porque esto es visto como un castigo por los testigos que están presos", dijo el querellante Guillermo Campana, de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud. Y agregó: "Los testigos de varias causas tienen miedo de hablar, no pasa solamente en el juicio a la banda de Los Monos, sino que lo vemos en varios casos", señaló en el marco de lo que sucedió días atrás en el juicio que se está realizando en el Centro de Justicia Penal por delitos de homicidios y asociación ilícita, donde muchos testigos debieron ser llevados por la fuerza pública, ya que no querían presentarse, por temor.

Apenas terminaron las indagatorias de una treintena de policías detenidos en septiembre pasado, en la causa por la muerte del joven oriundo de Florencio Varela ‑desaparecido durante una semana tras haber sido detenido en la seccional 7°, y luego fue hallado sin vida en el río Paraná, en octubre de 2014‑; los querellantes pidieron que se les ofrezca resguardo a los presos que dieron su testimonio contra el personal policial. El requerimiento de protección tomó fuerza cuando los testigos avalaron la teoría de la Fiscalía y los abogados de la familia: consideran que Casco fue brutalmente golpeado en la comisaría, tras haber sido detenido arbitrariamente.

Para Campana, lo que se tenía que hacer era ofrecerle a los testigos la posibilidad de ingresar a algún programa de protección, como el nacional que "parece que no está funcionando en la provincia", consideró. Sin embargo, en aquel momento no se tomaron medidas tendientes a ello.

En tanto, cuando se realizaron las audiencias de apelación por los procesamientos y prisión preventiva para los policías, en diciembre pasado, se insistió con esa postura. "La Cámara le conminó al juez de trámite (Carlos Vera Barros) que hiciera algo con ese pedido y se realizó una reunión con el Servicio Penitenciario para coordinar la manera de brindar protección, según cada caso y si los detenidos lo solicitaban", dijo Campana a este diario.

Sin embargo, apenas terminó la feria judicial de enero, los querellantes recibieron información por parte de los detenidos en Piñero, quienes denunciaron que habían sido sacados de sus celdas para ser traslados a un espacio que consideraron "de castigo". "Esas medidas se adoptaron con posterioridad a las audiencias", dijo el letrado sobre la instancia judicial que dejó en libertad a seis agentes de Asuntos Internos, el 29 de diciembre; y a otros, detenidos.

Ante esa denuncia, los querellantes presentaron un escrito en el juzgado federal, los primeros días de este mes, en el que manifestaron su preocupación. Así, el tribunal de la causa envió una nota al Servicio Penitenciario. "El 25 de enero, este juzgado convocó a Pablo Cococcioni (director del SP) para que se precisaran los alcances del término 'garantizar la seguridad' de los detenidos que revisten calidad de testigos. Este juzgado, en reiteradas oportunidades, indicó que la preocupación era que las condiciones de resguardo no podían significar un castigo o un agravamiento de las condiciones de detención", reza el escrito. Vera Barros también agregó que "encuentra asidero en la intención de incluirlos (a los testigos detenidos) en programas de protección".

Campana relató la respuesta del Servicio Penitenciario. "Dicen que no están en buzones, sino que habilitaron un pabellón de admisión especial para estos testigos. Sabemos que la Provincia no está contenta con esta causa, y lo que pasó es tomado como un castigo por estos testigos. Lo que no se tuvo en cuenta es que acá había que ofrecerles una protección, consultarlos uno por uno para acordar una medida, si alguno la requiere. Estas cosas tienen que arreglarse con los testigos, no se puede ir intempestivamente a hacerles un traslado y ubicarlos en otro lugar, porque eso amedrenta a los testigos y los pone en una situación de enojo; hasta puede producir una actitud evasiva con la causa. Son testigos que tuvieron la valentía de declarar contra las personas que los tenías detenidos y ahora con esta situación puede pasar cualquier cosa", lamentó sobre quienes todavía deberán declarar en juicio.

El querellante indicó que al tratarse de una causa federal con detenidos en el ámbito provincial, debería haber una articulación. "Los programas dependen de Derechos Humanos de la Nación, pero hay que articular, porque pareciera que en la práctica no existen los programas de ley", aseguró.