Produccion: Javier Lewkowicz

El disciplinamiento

Por Pablo Chena *

La alianza Cambiemos asumió en diciembre del 2015 con un diagnóstico común, los problemas económicos  de la Argentina –inflación, falta de competitividad y bajo crecimiento de la inversión– tienen su origen en dos supuestas anomalías distributivas. Por un lado, salarios que en promedio superan al resto de América latina, como consecuencia del mecanismo de las negociaciones paritarias libres  y, por otro, una desconexión de los mercados financieros globales que pone un techo a la renta financiera.

A partir de entonces comenzó a revertirse este proceso, a través de un crecimiento acelerado del endeudamiento público en los mercados financieros nacionales e internacionales a tasas superiores al resto de la región. Acompañado de  una presión gubernamental cada vez mayor por colocar un techo a las paritarias, con el objetivo de fijar aumentos salariales menores a la inflación.  

Con vistas al 2018 esta receta parece profundizarse con una propuesta del ejecutivo de metas de salarios del 15 por ciento en una economía con expectativas inflacionarias de 25 por ciento. Al tiempo que se busca seducir a los acreedores financieros con una tasa de interés  de corto plazo superior al 27 por ciento; o con bonos a un año que rinden, por ejemplo,  una tasas de interés igual a la tasa de inflación más una sobretasa de 3,75 por ciento anual, garantizando un piso de  tasa de interés del 22,5 por ciento.

Para evaluar las consecuencias de estas políticas de transferencias de ingresos del salario a la renta financiera se pueden analizar algunos resultados alcanzados en estos dos años.

En los que respecta a la inflación,  el aumento de precios punta a punta entre diciembre 2015 y diciembre 2017, medido por el IPCBA, fue de 78 por ciento; impulsado por la devaluación de 2016, los incrementos en las tarifas de los servicios públicos, la desregulación en los precios de los combustibles y el incremento de costos financieros. En este contexto, los salarios registrados subieron un 69 por ciento en el sector privado y  66 por ciento en el público, según el índice de salarios-Indec. Lo que implica una pérdida de poder adquisitivo promedio de este último del orden del 10 por ciento.

El precio del dólar oficial aumentó un 97 por ciento entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2017. Con una baja de los salarios en dólares cercana al 30 por ciento. Sin embargo, el déficit de cuenta corriente aumentó un 80 por ciento al comparar los tres primeros trimestres de 2017 respecto al mismo período de 2015. Y si tomamos en cuenta sólo la balanza comercial el mismo crece un 175 por ciento (según datos del INDEC).

Este escenario se combina con una actividad económica estancada –entre diciembre de 2015 y noviembre de 2017 la economía creció un 0,5 por ciento según el EMAE–, la pérdida de 421 mil puestos de trabajo urbanos –según EPH INDEC– y una tasas de inversión que disminuye un punto del PBI respecto de 2015, para ubicarse en un 15 por ciento del mismo.

En definitiva,  el modelo de convertir ingresos salariales en renta financiera y monopólica se agota y esto agrava la situación. Como se puede observar, el salario, tanto en términos reales como en dólares bajó respecto a 2015 y la competitividad externa empeoró, la inflación es similar a la de ese año y la situación social y externa se deteriora al ritmo de la dependencia creciente del endeudamiento. Así se re-editan escenarios de inestabilidad monetaria con aumentos en las tasas de interés y en el precio del dólar, acompañados de inflación y caída en la partición de los trabajadores en el ingreso. La salida de este círculo vicioso requerirá, como en otros momentos de nuestra historia, articular un compromiso distributivo que permita recuperar el salario con paritarias libres, regular las ambiciones de ganancias de los sectores rentísticos y volver a controlar los flujos financieros. Tarea difícil en un escenario donde los Estados nacionales pierden autonomía frente a las corporaciones globales.

* Investigador del Conicet y profesor en la UNLP.

Mono atado y tigre suelto

Por Claudio Marín *

El concepto de paritarias libres refiere a la actitud de no injerencia que debería asumir el Estado ante la discusión de actualización salarial y condiciones de trabajo que se establece entre las patronales y los gremios. No es el sector empresario el que reclama esta actitud por parte del poder ejecutivo, no escuché hasta el momento a ninguna cámara empresaria reclamando paritarias libres, ni siquiera reclamando paritarias. Claramente se trata de una reivindicación de los trabajadores y sus organizaciones gremiales ya que lo que sucede es que el gobierno busca establecer un límite o techo a las negociaciones salariales, limite que  siempre se sitúa por debajo de la inflación del periodo que se busca recuperar.

El gobierno pretende que se reduzca el poder adquisitivo de los asalariados y acrecentar la tasa de ganancia del sector empresarial. Es que el gobierno considera que el salario es un costo dentro de una cadena productiva.

Cortarse los pies para no usar zapatos

Claramente las consecuencias de esta política resultan deseables para un gobierno que pretende reducir el mercado de consumo entre un 25 y un 30 ciento buscando un modelo a la chilena. El mercado interno le resulta más un estorbo que un medio para incentivar el desarrollo  y la inclusión social.

Trabajadores devenidos en emprendedores o colaboradores, eufemismo aplicado para camuflar la precarización del empleo, son parte de una  metamorfosis que, junto a la pérdida de puestos en los sectores industriales, marcan la tónica del mercado de trabajo. Durante toda la vigencia de su mandato, el gobierno ha pretendido reducir el poder adquisitivo de los salarios. Permanentemente los trabajadores organizados hemos resistido en forma más o menos exitosa esta pretensión. Más o menos porque entre el 2016 y el 2017 se perdieron 4 puntos de poder adquisitivo según el propio Ministerio de Trabajo. En el empleo no registrado, se perdió un 60 por ciento más.

Una de las herramientas del gobierno es el miedo al despido, que se encargó de instalar ni bien comenzó a gobernar. Entre 2016 y 2017 se perdieron 65.000 puesto de trabajo sólo en la rama industrial.

En este contexto, lo más importante es la unidad del campo popular y del movimiento obrero. No ponernos de acuerdo en 4 o 5 reivindicaciones que articulen un programa para defendernos y frenar las pretensiones de la derecha no resulta atribuible a la falta de iniciativa y mucho menos a la falta de entendimiento. Si todas las organizaciones gremiales del país pusiéramos no un techo sino un piso para la recomposición salarial de este año, recuperar lo perdido sería un trámite sin mayores sobresaltos.

Tampoco es creíble apelar a los personalismos para fundamentar la dispersión. Esa escusa resulta inadmisible para dirigentes fogueados durante años, donde el pragmatismo y lo táctico son moneda corriente. Sólo con identificar cual es la contradicción más importante tendríamos que poder diferenciar entre lo principal y lo secundario. Siempre que persisten diferencias en el campo político o gremial estas tienen un sustrato material que las alimenta.

Durante los 90 la mayoría de la dirigencia sindical optó por sacrificar conquistas individuales de sus representados como forma de preservar el aparato sindical. Las negociaciones de esa época son un fiel reflejo de esta aseveración. Los convenios colectivos fueron cambiados en el mejor de los casos por prestaciones dinerarias que luego fueron pulverizadas por la inflación.

Hoy existe un fenómeno parecido con la diferencia auspiciosa de que se trata de un sector mucho menos numeroso de gremios que postulan tácitamente esta orientación.

Todos somos bancarios, todos somos docentes

Es la segunda vez consecutiva que el gobierno elige un caso testigo en enero para condicionar toda la discusión salarial del resto de los gremios. Todo vale. Desde demonizar a los dirigentes y apelar al juego de la mancha venenosa, donde sí se está con ellos, se está a favor de las peores lacras de la sociedad, hasta la represión y la amenaza mafiosa. Todo menos la verdad, que es que Baradel y Palazzo tienen claro que es mejor estar junto a sus representados ante una propuesta salarial inaceptable, que refugiado en la resignación o el posibilismo.

* Secretario gremial de la CTA de los Trabajadores.