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Por séptima vez consecutiva y once años después, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito volverá a presentar este año el proyecto de ley para que las mujeres puedan acceder a la interrupción voluntaria de un embarazo. Hoy la misma Campaña convoca a realizar un tuitazo y un pañuelazo frente al Congreso para exigir el tratamiento del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, de cara al próximo Paro Internacional de Mujeres, el 8M. El reclamo feminista, este año, viene precedido por una amplia difusión ya que militantes por la Campaña llegaron a la televisión en horarios centrales para instalar el problema de la mortalidad de mujeres en situación vulnerable por abortos clandestinos. “La sociedad está madura, el único lugar donde no se debate es en el Congreso de la Nación”, dicen desde la Campaña.
De cara al Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convoca hoy, de 12 a 14, a acompañar con un tuitazo con el hashtag #AbortoLegalYa y de 18 a 20 a concentrar frente al Congreso Nacional para realizar un pañuelazo y exigir a diputados y diputadas el tratamiento y aprobación del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
La historia del proyecto de ley lleva ya once años, tramados a mucho poner el cuerpo; acompañados de encuentros, debates, militancias, acciones políticas para empujar su tratamiento y consagrar el derecho de las mujeres a acceder a un aborto seguro y gratuito.
El primer proyecto fue elaborado por la Campaña en el año 2007. No logró su tratamiento y aprobación nunca, a pesar de haber sido apoyado por legisladores y legisladoras de casi todas las fuerzas políticas.
De hecho fue encabezado por diputadas de distintos bloques en las diferentes presentaciones. En el último, que propone la despenalización y legalización del derecho al aborto en Argentina, la primera firmante fue Victoria Donda. Fue presentado el 30 de junio de 2016 y contó con la firma de más de 40 lesgisladorxs de un amplio arco político pero perdió estado parlamentario. Este mismo será el que se presente nuevamente en 2018, todavía con fecha a determinar.
Las diferencias con el anterior tienen que ver con los avances normativos que se dieron en esos años y que el proyecto incorpora. Permite la interrupción voluntaria del embarazo por decisión de la mujer hasta las catorce semanas, mientras que el anterior hablaba de doce, y sin límite en las causales que figuran en el Código Penal: si el embarazo es producto de una violación; si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, considerada en los términos de salud integral como derecho humano; si existieren malformaciones fetales graves. También elimina la necesidad de denuncia policial para acceder al aborto y la objeción de conciencia. Este último punto se sustenta en la Observación General Nº 22, de 2016, del Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Cdesc) que detalla las obligaciones de los Estados respecto de la salud sexual y reproductiva. La Observación establece que “debe garantizarse que un número adecuado de profesionales de la salud dispuestos y capaces de proporcionar tales servicios, deben estar disponibles en todo momento en las instalaciones públicas y privadas”, dice el proyecto de ley.
Por otro lado, el proyecto amplia los beneficios de la ley a todas las personas con capacidad de gestar, en consonancia con la ley de Identidad de género.
Para su redacción se hicieron durante el año 2015 foros de discusión en varias ciudades del país: Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires Zona Oeste, Zona Sur y La Plata, Córdoba, Santa Rosa (La Pampa), Rosario, Santa Fe, Salta y Tucumán. Las conclusiones de esos Foros participativos fueron reunidas y consideradas por una Comisión redactora integrada por reconocidas juristas, médicas y militantes del movimiento feminista: Nelly Minyersky, Martha Rosenberg, Soledad Deza, Silvia Augsburger, Mabel Gabarra, Stella Maris Manzano, Nina Brugo, Alicia Cacopardo, Mónica Menini, Silvia Juliá, Carolina Comaleras y Cristina Zurutuza.
¿Por qué sigue siendo necesario este proyecto? En los fundamentos, la Campaña explica que “en el año 2015, el Ministerio de Salud de la Nación reconoció que en la Argentina se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año (Mario y Pantelides, 2009). Estas cifras son estimativas ya que, por tratarse de una práctica clandestina, no se dispone de datos precisos. La única información disponible al respecto es el número de hospitalizaciones producidas en los establecimientos públicos por complicaciones relacionadas con abortos. No obstante, este dato no distingue entre abortos espontáneos y provocados, por lo que representa solo una fracción de los que ocurren anualmente. Según datos de estadísticas hospitalarias del Ministerio de Salud de la Nación sobre el sistema público de salud, en 2011 se registraron en el país 47.879 egresos hospitalarios por abortos, de los cuales el 19 por ciento correspondió a mujeres menores de 20 años”.
También toma la experiencia de Uruguay, país en el que al garantizar el derecho al aborto se logró “reducir la mortalidad materna en pocos meses”. “Pasaron de 25 por 100 mil nacidos vivos a 9 por 100 mil y cumplió la meta del milenio establecida por la OMS para disminuir la muerte materna. Sin embargo, Argentina no cumplió los ODM previstos para el año 2015 en este campo”, se lee en los fundamentos del proyecto.
La semana pasada diputadas de diversos bloques se reunieron con integrantes de la Campaña y acordaron presentar el proyecto cuando se reinicie la actividad parlamentaria. En el encuentro participaron las diputadas Nathalia González Seligra (PTS); Romina Del Pla (Partido Obrero); Mayra Mendoza y Mónica Macha (Frente para la Victoria); y la radical Lorena Matzen (Cambiemos).
“Se van a recuperar las firmas de los diputados y diputadas que siguen en mandato y se está trabajando con los diputados nuevos. La sociedad está madura, el único lugar donde no se debate es en el Congreso de la Nación”, dijo a este diario Elsa Schvartzman, integrante de la Campaña.
En ese sentido, la ex diputada y jefa del bloque del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, escribió un artículo en la revista Anfibia donde cuenta por qué en la última década no se discutió el proyecto del aborto en el Congreso. “Fue mi decisión no poner el proyecto en el recinto para no perder, no quería perder, no podíamos perder ese tema en el recinto. Eso para mí hubiese significado un retroceso de 50 años. No tenía ni la mitad de los votos de mi bloque y al resto de los bloques les pasaba lo mismo. Además, faltaba lo que hoy sí existe: movilización en la calle y debate público instalado en los medios de comunicación”, dijo.
¿Este será el año en que se logre finalmente la consagración del derecho humano a decidir sobre nuestros cuerpos? ¿Que el feminismo esté llegando a los medios masivos inclinará la balanza? ¿Será suficiente el movimiento internacional que denuncia los acosos y abusos sexuales? ¿Y la fuerza del #NiUnaMnos y del Paro de Mujeres?
“Somos optimistas porque lo presentamos todos los años. Todos los años empiezan con buenas perspectivas y después aparecen roscas que entorpecen su tratamiento. En cuanto a evaluación objetiva es tan difícil como otros años. A veces hay circunstancias azarosas que pueden dar vuelta decisiones. Depende cómo lo juzguen quienes tienen que decidir”, dijo Elsa Schvartzman.
Todavía está en discusión la fecha precisa de presentación del proyecto y quién lo encabezará, entre otras cuestiones. El trámite parlamentario obliga a conseguir la aprobación de las comisiones de Legislación General; Legislación Penal; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; y Acción Social y Salud Pública, para luego llegar al Recinto. Aún las comisiones no están formadas: se desconoce quiénes las presidirán y cómo será su composición. Habrá que esperar a marzo para que los casilleros empiecen a completarse. Mientras tanto, la Campaña convoca a que las voces de apoyo se hagan oír or el #AbortoLegalYa.
