Desde Bariloche
El Instituto Balseiro desmintió que haya detectado pólvora en las manos de Rafael Nahuel. Lo hizo a través de un documento sellado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Universidad Nacional de Cuyo y el propio instituto, donde la entidad científica respondió a una nota del diario Clarín, que aseguraba que una pericia había determinado la presencia de pólvora en las manos de Rafael Nahuel.
El documento explica que “considerando la preocupación generada en la comunidad académica por las inexactitudes en el contenido de la nota (de Clarín) que involucra al Instituto Balseiro”, se aclara que “no se están realizando las pericias mencionadas en el artículo periodístico en dependencias del Instituto Balseiro”. Es más, puntualiza que “a la fecha no consta que existan resultados sobre las mencionadas pericias”. La nota está firmada por Carlos Balseiro, director de la entidad.
El texto –al que accedió PáginaI12– fue ingresado al Libro de Resoluciones del Consejo Académico del Instituto Balseiro, y constituye una respuesta formal e institucional a una de las operaciones de justificación de las políticas represivas del gobierno nacional.
Así, ocho días duró la última de las operaciones político-mediáticas para intentar salvar al Estado de su responsabilidad por la muerte de Rafael Nahuel, y al mismo tiempo desprestigiar al pueblo mapuche. Ese fue el tiempo que tardó en llegar la desmentida oficial a la nota en la que se aseguró que “los científicos” del Balseiro “habrían confirmado a la Justicia Federal que fueron encontrados restos de pólvora en las manos del Rafael Nahuel”.
El joven mapuche fue ultimado de un balazo 9 milímetros, disparado por la espalda, el pasado 25 de noviembre, en la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, ubicada en Villa Mascardi, a 25 kilómetros del centro de Bariloche. Todos los datos que surgieron hasta el momento de los testimonios, la inspección ocular y la autopsia permiten estimar que Nahuel fue asesinado por uno de los integrantes del Grupo Albatros de Prefectura Naval, que ese día, sin orden judicial, ingresaron al territorio y dispararon sobre los ocupantes.
Sin embargo, el artículo de Clarín utilizó el potencial para instalar un supuesto resultado de las pericias que intentan determinar la existencia de restos de pólvora en las manos de quienes estuvieron en el lugar de los hechos. “Fueron encontrados restos de pólvora en las manos de Rafael Nahuel (…) Los expertos ya le habrían transmitido (ese resultado) al juez Gustavo Villanueva quien tiene a su cargo la causa con la carátula ‘NN/sobre muerte dudosa’”, indicaba la nota. La desmentida oficial echa por tierra esa especulación.
Tres son las pericias que, en paralelo, se desarrollan para identificar al responsable del disparo que mató a Nahuel, y determinar la responsabilidad penal que pueda caberle.
Por un lado se analizan microscópicamente (denominado barrido electrónico) las cintas de carbono tomadas de las manos de los ocho prefectos que ingresaron al territorio en Villa Mascardi, más las del propio Rafael Nahuel y las de los jóvenes mapuches Fausto Jones Huala y Lautaro González, quienes bajaron el cuerpo de la víctima desde la montaña hasta la ruta 40, donde estaban apostadas las fuerzas de seguridad. Esas 52 muestras de carbono son analizadas en el Departamento de Caracterización de Materiales del Centro Atómico Bariloche, y no en el Instituto Balseiro tal como consignó Clarín. Es más, hasta tanto finalicen los estudios, ninguna de las muestras está designada con nombre y apellido, sino por un número, con lo cual es imposible su identificación.
El análisis de la presencia de pólvora en las manos es clave para saber si, como aseguró el Gobierno a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, existió un “enfrentamiento”, durante el cual los miembros del Grupo Albatros fueron recibidos a balazos por los mapuches. Esa teoría, alimentada por el Ejecutivo, no tiene hasta el momento sustento en ninguna de las fojas del expediente judicial que lleva adelante el juez Gustavo Villanueva, y que, a pesar del pedido de la querella para caratularlo como “homicidio agravado”, sigue denominado “NN/sobre muerte dudosa”.
En la causa no figuran como imputados formalmente ninguno de los ocho prefectos y, en cambio, la fiscalía insiste en revocar la excarcelación de Fausto Jones Huala y Lautaro González, a quienes apunta como los supuestos responsables del hecho.
En segundo término, se analiza la ropa que los Albatros, Jones Huala, González y el propio Nahuel llevaban el día de la represión, a la búsqueda de restos de pólvora.
La tercera de las pericias centrales del expediente es la comparación de la bala extraída del cuerpo de Nahuel con los proyectiles testigos obtenidos de las 23 armas secuestradas horas después del homicidio. Se trata de metralletas MP5 y pistolas Beretta, que disparan balas 9 milímetros.
Las armas fueron accionadas en el Tiro Federal de Bariloche para obtener los casquillos y vainas que permitan la comparación.
Esa tarea está siendo supervisada por la perita de la querella Silvia Bufalini, y los peritos balísticos oficiales Roberto Nigris y Karina Uribe.
Julieta Wallace, abogada de la querella en representación de la familia de Rafael Nahuel, explicó a PáginaI12 que “a principios de marzo” se conocerá el resultado de esa pericia.
