Opinión
El caso Chocobar y la seguridad democrática
Por Carlos Tomada *
El caso Chocobar puso nuevamente en el centro de la discusión pública la cuestión de la seguridad ciudadana. Este episodio en el que un policía de la provincia de Buenos Aires, fuera de su horario de trabajo, intervino en un robo con arma blanca en la Ciudad de Buenos Aires provocando la muerte de un delincuente, nos habilita a replantear al menos tres cuestiones fundamentales sobre el gobierno policial.
El primer aspecto tiene que ver con el debate sobre el “estado policial” y el mal entendido “deber” de intervención de las policías fuera del horario de servicio. En 2016, cuando se discutió la Ley de seguridad pública de CABA se produjo un intenso y valioso intercambio sobre la eliminación de dicho estado policial. Tomando en cuenta las estadísticas existentes, donde se observa que las intervenciones policiales fuera de los horarios de servicio provocan la muerte de un número importante de policías y de ciudadanos, la mayoría de los partidos políticos hemos pedido limitar la actuación policial a los horarios y tareas asignadas durante el servicio. Lamentablemente, el oficialismo no acompañó la propuesta.
En una segunda instancia, el episodio trae a escena el vacío normativo que existe para definir si los agentes policiales pueden intervenir en circunstancias que ocurren en otras jurisdicciones. Si los policías de la Ciudad estaban actuando y lograron detener al cómplice del ladrón que fue abatido por Chocobar, ¿por qué Chocobar participó de la persecución y comenzó a disparar? Un episodio similar al que estamos describiendo ya había ocurrido en el año 2017 cuando efectivos de la Policía Bonaerense ingresaron al territorio de la Ciudad por el barrio de La Boca y en su accionar hirieron a una ciudadana que estaba tomando mate en la calle.
Finalmente, un tercer y lamentable eje de discusión que se inició por medio de este caso tiene que ver con la doctrina ridícula que propaga el gobierno nacional. De acuerdo con las declaraciones de sus funcionarios, el oficialismo pretendería modificar el Código Penal para estimular y apañar a todos los policías del país a que disparen contra ciudadanos que podrían estar cometiendo delitos. Ante esta pretendida reforma, que obviamente ya fue rechazada por los más prestigiosos constitucionalistas del país, cabe preguntarnos ¿puede el Poder Ejecutivo Nacional obligar a todos los distritos del país a abandonar los paradigmas de seguridad democrática que enmarcan el uso de la fuerza de la fuerza con criterios de profesionalidad policial?
En la Ciudad de Buenos Aires contamos con una reciente Ley Integral de Seguridad Ciudadana, la cual fue aprobada con la participación y aportes de un conjunto significativo de fuerzas políticas. Dicha Ley cuenta con un capítulo específico sobre el uso directo de la fuerza, en el cual se reconoce la vigencia de los Principios Básicos sobre Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, elaborado por la Asamblea General de Naciones Unidas. Estos principios básicos, establecen que las armas de fuego sólo deberán utilizarse como último recurso y procurando proteger la vida de las personas.
Así las cosas, además de recalcar la absoluta inconstitucionalidad de esta disparatada doctrina, no podemos más señalar que ante los avances abusivos del gobierno nacional la mayoría de los porteños y porteñas queremos que la Policía de la Ciudad pueda consolidarse en el marco del paradigma de seguridad democrática que establece la normativa local.
* Jefe de Bloque de Unidad Ciudadana en la Legislatura porteña.
Opinión
El lenguaje de la muerte
Por Inés Vázquez *
El permiso para matar, por la espalda o de frente, con balas y uniforme del Estado, es una puerta abierta al infierno que el gobierno de Cambiemos abre como un abismo ante el pueblo y la sociedad argentina.
La ferocidad discursiva impuesta desde la Casa Rosada, se afirma en los gestos de respaldo del presidente hacia el criminal policial, que a su vez alimentan la saña represiva de los medios de comunicación que, día a día, acogen la justificación y programación del crimen estatal y el silencio, chito, a toda crítica que exprese el desacuerdo ético, religioso, político, jurídico o de la índole que fuera, a la humillación de la vida y la justicia.
Es la pena de muerte –ilegal en nuestro país, rechazada por una historia de luchas y convicciones del movimiento de derechos humanos argentino, que nos sigue enorgulleciendo–. Es la muerte liberada desde el discurso, los gestos y las políticas del poder gubernamental vigente.
Si con nuestras presas y presos políticos de creciente número y color opositor, pasamos a estar todo/as y cada uno/a en libertad condicional, con las muertes (y heridas y mutilaciones) emanadas de la acción de agentes estatales, pertrechados moral y materialmente para infligir esos daños atroces, en los últimos siete meses pasamos a estar, de manera muy efectiva a la par que azarosa y cotidiana, con nuestro derecho a la vida entre paréntesis, condicionado, sea que nos encontremos de espaldas o de frente. Con delito o en ausencia de él. Sin reparo ante la atrocidad del gobierno, que no por elegido en las urnas podrá siempre llamarse democrático. Ni soportarse sin decir ni hacer pío.
¿Reconocemos este paisaje aterrador? Los señores de la vida y de la muerte –efectivos en palabras, gestos y crímenes de lesa humanidad– enternecen con su vejez al entorno y al corazón mismo de Cambiemos. Son sus referentes. Macri y su alianza de gobierno hará todo por liberarlos y reivindicarlos. Y una parte importante de ese todo, es el abrazo al asesino reciente, al cobarde que dispara sobre quien huye, catapultado a ejemplo y honor para la Fuerza.
Sobre el declinante clima social, desvanecidos los globos y la ilusión; en medio de un descalabro económico que ya no encuentra veladuras locales ni salvatajes externos; se avecinan en el corto plazo tres movilizaciones clave para la recomposición de las fuerzas populares: el acto de las organizaciones sindicales del 21 de febrero, el paro de mujeres con movilización del 8 de marzo, el acto en repudio al golpe de estado del 24 de marzo de 1976. Serán jornadas fundamentales para vencer los terrores sembrados por la Doctrina Bullrich y sus múltiples realizaciones de los últimos tiempos. Las luchas de trabajadores y trabajadoras, del movimiento feminista, la larga batalla por memoria, verdad y justicia del movimiento de derechos humanos, nutridos todos ellos de las diversas expresiones políticas y sociales de nuestro pueblo, vuelven a enfrentar la represión a la protesta, el crimen de la exclusión, la indignidad de la discriminación, la vergüenza de la impunidad para los genocidas.
Desde el gobierno que ve al pueblo, de frente o de espaldas, como un blanco donde impactar sus cartuchos nuevitos, su desprecio antiguo, su saqueo renovado, solo se balbucea el lenguaje de la muerte. Nuestras voces, en tanto, son millones, se mueven y claman; y aunque quedara sólo una de ellas, por allí se filtra la vida y sus palabras y gestos y acciones. Por allí adviene lo que siempre lucha y transforma la historia.
* Coordinadora del Observatorio Universitario de la Violencia Institucional - Facultad de Filosofía y Letras (UBA).
