Mauricio Macri dejó de ser inmune. Es una gran novedad política. Las infecciones y las toxinas generadas por su propia administración empiezan a representar un peligro para el Gobierno y para el propio Presidente. El fenómeno ocurre desde mediados de diciembre, cuando el macrismo logró aprobar la ley de poda contra las jubilaciones pero lo hizo a un costo tremendo: ninguna encuesta daba un rechazo menor al 60 por ciento. 

La renuncia del subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, debe inscribirse en el trayecto que comenzó en diciembre. Para que el peligro no fuera aún mayor y mellara todavía más su popularidad fue que Macri ordenó desprenderse del funcionario. Díaz Gilligan había omitido declarar una cuenta en Andorra cuando el principado de los Pirineos todavía era un paraíso fiscal. 

El hábito de los financistas de recurrir a las cuentas o a las sociedades offshore es profundo. Lo tienen tan naturalizado que ni siquiera revisan la irritación social que pueden provocar sus explicaciones. Apegados a la letra de los reglamentos, suelen limitarse a comentar que no recibieron dividendos. O que no eran accionistas. O que simplemente abrieron alguna cuentita. Como si los mecanismos de la economía offshore fueran un deporte que cualquiera puede practicar. Como si fuera saludable el uso del dispositivo típico utilizado en el mundo para evadir impuestos, disfrazar la titularidad de la riqueza o aprovechar huecos en las reglamentaciones sobre comercio para transferir dinero entre filiales de la misma empresa. Como si la evasión o el disfraz no aumentaran el déficit fiscal de los países y no obligaran, entonces, a gravar más a la clase media y a los trabajadores.

Díaz Gilligan llegó a decir que “solo” figuraba en la cuenta de Andorra porque se lo pidió un amigo. La suma trepaba a un millón doscientos mil dólares. El amigo era el uruguayo Francisco “Paco” Casal, un peso pesado de la compra-venta de jugadores y un competidor en la guerra global por los derechos de la televisación del fútbol. Es decir que, en su defensa, Díaz Gilligan quiso transmitir que “solo” fue un testaferro. No usó esa palabra, claro, porque suena fea. Pero no es peyorativa. El diccionario dice que “testaferro” significa lo siguiente: “Persona que presta su nombre para figurar como titular en un negocio o asunto jurídico ajenos”. Si además se probara que cuando comenzó a ser funcionario del gobierno porteño Díaz Gilligan omitió declarar información sobre el ejercicio anterior a la declaración (así funciona el sistema) podría haber incurrido en un delito.

Que la inmunidad ya no existe para Macri y el Gobierno es un hecho también evidenciado por los cantitos en contra salidos de las hinchadas de San Lorenzo y River. Los funcionarios podrán decir que, por lo menos en este último caso, no fueron todos los asistentes de River-Godoy Cruz quienes cantaron contra Macri. Pero el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que se fue del estadio, sabe que los cantos fueron entonados por muchísimos hinchas en los cuatro costados del monumental. ¿Que un mal arbitraje fue el detonante? Es posible. Pero esa hipótesis no explica por qué el Presidente no fue blanco de los cantitos antes, luego de arbitrajes horribles en 2016 o 2017.

La inmunidad no marca necesariamente una derrota letal ni un desmoronamiento. Sin embargo, señala la aparición de una novedad que sin duda incidirá en la política. Cuánta será su incidencia es algo que dependerá de macristas y no macristas. Por lo pronto algo está claro: resulta antipático contar plata delante de los pobres, sobre todo si están peor por las políticas de los que ostentan riqueza.  

Es un mensaje para Jorge Triaca, que como consta en una grabación maltrató a una empleada. Y para el ministro de Finanzas, Luis Caputo, un Gilligan a escala gigantesca. 

Es un mensaje para el gobierno entero. Parece que ser un gobierno offshore empieza a caer mal.

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