“Un Presidente no se convierte en ciudadano por andar en chomba”, fue la frase célebre del lunes por la mañana en el cuarto piso de Palacio de Justicia, donde está la Corte Suprema. Era la síntesis del malestar en el mundo judicial después del ataque de Mauricio Macri a los camaristas que confirmaron el procesamiento del policía Luis Chocobar por homicidio agravado de Pablo Kukok, una decisión que “como ciudadano” dijo que no podía  “entender”. Luego, les advirtió a “las siguientes instancias” que revisen el caso, “que entiendan que queremos convivir en paz”. Por la tarde, ayer, la Asociación de Magistrados, que nuclea a los jueces de todo el país, interrumpió al menos por un rato la relación cordial que la une al gobierno de Cambiemos al difundir un comunicado en el que cuestiona a Macri por “desentenderse de su calidad de jefe supremo de la Nación” para ejercer una “indebida injerencia tendiente a limitar o a enderezar según su punto de vista las facultades del Poder Judicial”.  

La alusión a la chomba se debe a la imagen informal que intentó mostrar el Presidente al hablar desde el retiro espiritual que compartía con su gabinete en Chapadmalal. Como es evidente, el retiro no era de un aislamiento total y, si bien nadie podía usar celular, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, esperaba ansiosa las noticias en su “ipad”. Después de que se conoció el fallo firmado por los jueces Marcelo Lucini, Mariano González Palazzo y Rodolfo Pociello Argerich, ella fue la primera en salir públicamente a respaldar otra vez al policía Chocobar, agente de Avellaneda. Los que vieron la primera reacción de Macri al recibir la noticia del fallo esperaban una exposición todavía más brutal de la que hizo contra los jueces, con su chomba gris, pero cuentan en la Casa Rosada que como es habitual en estos temas el ministro de Justicia, Germán Garavano, corrió a taclearlo. “El fallo jurídicamente es bueno”, “no empeora la situación del policía aunque diga homicidio agravado”, cuentan testigos que intentó explicar el ministro.  

Entonces Macri utilizó el recurso de hablar como ciudadano, como si fuese escindible de su carácter de mandatario, y dijo que no entendía cómo los jueces fallaron contra Chocobar que “perseguía a un asesino”, a quien insistió en mostrar como un héroe, pese a que la sentencia muestra que no evitó nada: el turista estadounidense ya estaba herido, a casi 300 metros de Kukok, que trataba de huir después de que unos vecinos lograron quitarle la cámara de fotos que había robado, y recibió los disparos mortales por la espalda. Para denostar a los camaristas, que distan de representar al progresismo judicial, dijo que seguro Raúl Zaffaroni los había felicitado.

La otra frase célebre en el cuarto piso de tribunales decía que los jueces “no se guían por las encuestas sino por la ley”. Es una verdad a medias, o al menos difícil de generalizar si se advierte el furor por la prisión preventiva contra ex funcionarios kirchneristas en Comodoro Py y que justo la semana pasada más de un juez supremo vio con alarma una encuesta de la Universidad de San Andrés que habla de la pésima imagen que tiene el Poder Judicial, con un setenta por ciento de desaprobación, bastante más rechazo que el que los encuestados expresan por el Poder Ejecutivo (56 por ciento). Lo cierto es que el malestar frente a la postura presidencial, que carga las tintas sobre esa mala imagen, se empezó a palpitar el mismo viernes, cuando –como informó este diario– a los camaristas criticados les llovieron mensajes de apoyo, algunos incluso provenientes de recovecos de la propia estructura gobernante.

En la Asociación de Magistrados –cuya presidenta es la camarista comercial María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, que interviene, por ejemplo, en el caso del Correo– la reacción no fue inmediata. La entidad suele tantear los humores en la corporación para cuidarse de dar pasos en falso. En este caso había dos factores en juego: tienen una buena relación con el Gobierno, en las antípodas de lo que sucedió durante las administraciones de Cristina  Fernández de Kirchner, pero a la vez era evidente el enojo extendido entre jueces y juezas. La versión final del comunicado que emitió la entidad no fue tan dura como el borrador inicial, pero puso un límite al Ejecutivo con párrafos que señalan “preocupación por las expresiones críticas del señor Presidente” respecto de las decisiones tanto en primera instancia –con el fallo del juez Enrique Velázquez– como en Cámara en el  caso conocido como Chocobar.

  • “Resulta inadmisible que el titular de uno de los departamentos del Gobierno Federal pretenda expresar una encendida crítica a la labor judicial, aduciendo que lo hace desde su ‘rol de ciudadano’ intentado, de ese modo, desentenderse de su calidad de Jefe Supremo de la nación que les debe respeto e independencia a los demás poderes” y de la “implicancia política, institucional y social de sus manifestaciones”.
  • “Sus expresiones respecto de cómo debe resolverse un hecho que está siendo investigado por la Justicia deben interpretarse como una indebida injerencia tendiente a limitar a o enderezar, según su punto de vista, las facultades del Poder Judicial de la Nación, lo que resulta a todas luces incompatible con un Estado de Derecho”.
  • “Esta asociación reitera su postura en cuanto a la necesidad de evitar intromisiones, sea del sector que fuera, en procura de obtener una determinada resolución judicial, invocando para ello el sentir popular, pues ello implica una      inaceptable interferencia en las funciones exclusivas del Poder Judicial, a la vez que coadyuva a generar un infundado enfrentamiento de la sociedad con los magistrados”.

Hay jueces y juezas que alegan sentirse usados por el Poder Ejecutivo para, con casos como el de Chocobar o críticas a los privilegios, tapar otros temas sustanciales como la inflación, los tarifazos y el desempleo. Otros conceden que el Poder Judicial está a años luz de la sociedad y sus intereses y necesidades y que si algo le sobran son privilegios, pero que nada tiene que ver eso con el respeto a la independencia y el intento de injerencia gubernamental.

El intento, además, de instalar una “nueva doctrina” como la definió la ministra Bullrich, donde las fuerzas de seguridad siempre tengan razón, generó grietas en Cambiemos y con el Poder Judicial. Algunos radicales ya expusieron sus cuestionamientos. Quienes trabajan en la redacción de un nuevo Código Penal no tienen previsto introducir nada al respecto ni modificar la definición de “legítima defensa”. Habrá que ver si estos cortocircuitos son pasajeros o harán mella en el tiempo.