El subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, presentó su renuncia luego del escándalo desatado por la revelación de que había ocultado 1,2 millón de dólares en Andorra. El Gobierno había intentado defenderlo, pero su paso al costado era exigido por dirigentes del radicalismo y la Coalición Cívica, aliados del PRO. Díaz Gilligan había dicho que ayer presentaría las pruebas de su inocencia ante la Oficina Anticorrupción, pero llegado el momento, entregó un texto de seis líneas que decía que más adelante aportaría la documentación. Poco después entregó su renuncia ante el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis. En el texto de despedida afirmaba que continuaría “contribuyendo con las exigentes metas de transparencia” del oficialismo. Con su salida, paga los platos rotos del conjunto: es el único de los funcionarios del gobierno nacional acusados por corrupción recientemente –entre ellos el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el ministro de Finanzas, Luis Caputo– que abandona su cargo. Ayer, además, fue denunciado penalmente por lavado de dinero y omisión maliciosa en su declaración jurada.
Díaz Gilligan quedó en el centro de la polémica cuando el diario español El País informó que ocultó un depósito de más de un millón de dólares en la Banca Privada d’Andorra, en una cuenta a nombre de la firma Line Action, dedicada a la compra y venta de jugadores. La empresa estaba radicada en Inglaterra, pero era propiedad en un ciento por ciento de la firma panameña Nashville North Inc, de la cual el ex funcionario nacional fue director hasta 2014.
En su carta de renuncia, Díaz Gilligan insistió en su inocencia. Afirmó que su decisión era “indeclinable”, a pesar de haber sentido un “respaldo incondicional” del Gobierno, y aseguró que continuará “contribuyendo con las exigentes metas de transparencia” del oficialismo. Horas antes de entregar el texto al secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, Díaz Gilligan entregó ante la Oficina Anticorrupción, que encabeza la ultramacrista Laura Alonso, un texto de seis líneas que anticipaba que presentaría la documentación requerida para “aclarar” la situación, y que se encontraba “a disposición” para ser investigado.
Luego de la revelación periodística, la estrategia inicial del Gobierno fue de apoyo al funcionario. “No tiene ninguna empresa offshore ni nada que se le parezca, sino que asesoró a distintas compañías argentinas y extranjeras, y ésta es una de ellas”, afirmó de Andreis el viernes en Chapadmal, donde más tarde el mismo presidente Mauricio Macri defendió a Díaz Gilligan. Uno de los curiosos argumentos de defebsa del funcionario fue que había actuado como testaferro de un amigo, un empresario con problemas judiciales y fiscales.
Más allá del respaldo oficial, en un gobierno donde no es una excepción figurar al frente de una compañía offshore, la renuncia de Díaz Gilligan había comenzado a ser exigida incluso al interior del espacio oficialista. Horas antes de su paso al costado, el secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete y hombre cercano a Elisa Carrió, Fernando Sánchez, manifestó que de estar en los zapatos del subsecretario general de la Presidencia renunciaría. El jefe del interbloque Cambiemos en Diputados, Mario Negri, afirmó el domingo que Díaz Gilligan “debería pedir su separación del cargo, ir a la Justicia y aclarar su proceder”. Y cuando la salida era casi un hecho, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sostuvo que “el Presidente ha sido claro sobre esto: no estamos para apañar a nadie y queremos que la ley se cumpla”.
Si bien Díaz Gilligan no desmintió la información publicada por El País, aseguró que todos los movimientos en las cuentas los hizo “en la actividad privada, antes de ingresar en la actividad pública”, y destacó que “no hay fondos públicos involucrados y la gente lo entiende”, así, pasó por alto que el dinero destinado a los impuestos está destinado a formar parte de los “fondos públicos” y al no declarar esa plata estaba justamente, evadiendo los impuestos. Finalmente, atribuyó la offshore a su relación de amistad con el empresario uruguayo Paco Casal, supuesto propietario del dinero.
Al margen de la renuncia, Díaz Gilligan fue denunciado penalmente ayer por el diputado nacional del Frente Para la Victoria-PJ Rodolfo Tailhade, quien solicitó que el ex funcionario sea investigado por lavado de activos y omisión maliciosa. En diálogo con PáginaI12, el diputado advirtió: “No podemos caer en la trampa que está proponiendo el oficialismo. Lo de Luis Caputo es mucho más grave. No sólo porque los conglomerados de sociedades offshore que eran de Caputo movieron 350 millones de dólares en negro, sino porque además está comprobado que esos fondos de inversión que manejaba compraron títulos de deuda externa argentina, que emite el propio Caputo”. La denuncia contra Díaz Gilligan recayó en el juzgado de Claudio Bonadio y tendrá como fiscal a Alejandra Mangano. El delito de lavado de dinero tiene una pena de 3 a diez años de prisión y prevé una multa de 2 a 10 veces del monto de la operación.
Informe: Inés Fornassero.
