La Cámara de Diputados de Brasil aprobó ayer por 340 votos a favor, 72 contra y una abstención el decreto del Gobierno del presidente Michel Temer que determinó una intervención militar en la seguridad de Río de Janeiro, por la que ésta pasa a manos del Ejército hasta finales de 2018.
La sesión en la que se discutió la medida, que fue firmada el viernes por el presidente, comenzó a las 19 hs. y se extendió poco más de siete horas tras un acalorado debate, momento en que se logró su aprobación.
Antes del inicio de la sesión, el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) presentó una medida cautelar a la Corte Suprema para postergar la votación, la que fue denegada por el juez Celso de Mello, integrante del máximo tribunal. Durante la sesión, el diputado por Río de Janeiro, Chico Alencar, del PSOL, manifestó que la votación necesitaba ser aplazada para que el gobierno dijese de dónde vendrían los recursos para que la intervención entre efectivamente en acción. “Es el momento importante para hacer un balance jamás hecho de las 29 operaciones de Garantía de la Ley y del Orden ocurridas en el país desde 2010. ¿Alguien tiene un informe de la eficacia de ello?”, cuestionó el parlamentario,citado por el diario brasileño Jornal do Brasil.
Del otro lado, el diputado Sóstenes Cavalcante, del partido Demócratas, opinó que la intervención federal está considerada en la Constitución y corresponde al Congreso Nacional aprobar o no la iniciativa del Poder Ejecutivo. “Lamento que algunos partidos prefieran hacer el discurso hipócrita y de engaño al pueblo de mi estado, que ya no aguanta más inseguridad en todas partes. Necesitamos urgentemente, en Río de Janeiro, que la Constitución sea cumplida. Intervención federal ya. Y hoy ustedes deciden”, dijo.
El decreto firmado por Temer es el primero en su tipo desde que se promulgó en Brasil la Constitución de 1988. La figura de intervención federal se reserva, según la carta magna, a situaciones límite en las que el orden público se vea seriamente comprometido. El general Walter Souza Braga Netto, máximo jefe del Comando Militar del Este, es el interventor designado para conducir el proceso en Río y liderar las policías locales, el Cuerpo de Bomberos y el Sistema Penitenciario.
Al cierre de esta edición la medida estaba siendo discutida para su votación en el Senado, del que también necesita el aval para su entrada en vigor.