El HSBC reconoció que las investigaciones contra el banco por facilitar maniobras de evasión, fraude fiscal, lavado y fuga de capitales a través de su sucursal suiza pueden costarle 1500 millones de dólares alrededor del mundo. Estados Unidos, Bélgica, India, España y Argentina son algunos de los países donde el banco contempla multas y sanciones por el escándalo global conocido como Swissleaks. Las 4040 cuentas bancarias con más de 3000 millones de dólares controladas por empresas e individuos argentinos presentes en la megafiltración fueron denunciadas por la AFIP en noviembre de 2014. 

Los fondos estaban ocultos en el HSBC Private Bank de Ginebra. La causa acumula más de ochenta procesamientos por evasión aunque, en distintos casos, esas personas reclaman la extinción del delito a partir de su participación en los últimos blanqueos de capitales ofrecidos por el país. El Reporte Anual 2017 del holding difundido ayer precisa que un grupo de directivos de la subsidiaria local presidida por Gabriel Martino están siendo investigados por asociación ilícita. Sin ofrecer una estimación, el banco advierte en el documento presentado ayer que también podría ser multada en distintos países por sus vínculos con las estructuras offshore reveladas por los Panama Papers. 

La fuga de capitales hacia los centros financieros como Suiza o Estados Unidos constituye un rasgo estructural y permanente de la economía local. Origen, tamaño y causas cambiaron a lo largo de las últimas cuatro décadas pero la sangría canalizada a través de entidades como HSBC, JP Morgan, UBS, Credit Suisse, Merril Lynch o Barclays nunca se interrumpió. La red de guaridas financieras permite a los argentinos ocultar entre 260 y 500 mil millones de dólares. Los flujos financieros ilícitos tienen como protagonistas las grandes empresas y sus dueños. En ese dato reside una explicación posible para la profusa presencia de funcionarios jerárquicos del Gobierno de Mauricio Macri en las megafiltraciones. Uno de cada tres miembros del gabinete inicial de Cambiemos provino del sector privado. Las maniobras canalizadas a través de la red global de servicios financieros offshore no solo redundan en menores ingresos fiscales sino que constituyen una fuente de inestabilidad macroeconómica reducir el fondeo para la inversión y ejercer presión sobre las cuentas externas.

Evadir y fugar

“Varias administraciones tributarias, autoridades regulatorias y organismos de control alrededor del mundo, incluidas las de Estados Unidos, Bélgica, Argentina, India y España, están llevando adelante investigaciones y evaluaciones del HSBC Private Bank (Suiza) y otras empresas del HSBC relacionadas con acusaciones de evasión impositiva o fraude fiscal, lavado de dinero y el ofrecimiento de servicios financieros internacionales sin autorización”, indica el balance del banco en la sección dedicada a las investigaciones fiscales en curso contra la firma y sus directivos. El HSBC reconoce además que recibió pedidos de información desde distintos países que investigan las estructuras offshore reveladas en los Panama Papers vinculadas a colocaciones en sus bancos. En el caso de los negocios donde colaboró con el estudio de abogados panameño Mossack Fonseca, el banco no se anima a predecir el impacto de las demandas aunque advierte que podrían ser significativas. 

En noviembre del año pasado el holding alcanzó un acuerdo con Francia. El grupo anglo-asiático pagó 355 millones de dólares (300 millones de euros) en concepto de daños y multas para clausurar la investigación sobre las cuentas no declaradas de franceses en el HSBC Private Bank de Ginebra. Quienes conocen las lógicas internas del HSBC sostiene que entre los 1500 millones de sanciones esperadas no están contempladas acuerdos o sanciones en Argentina. Los países donde el banco está negociando convenios extrajudiciales son Estados Unidos y Bélgica. El holding realizó al cierre de su último balance una provisión contable por 604 millones de dólares pero reconoce que la cifra puede duplicarse. “Existen muchos factores que pueden afectar los resultados y el impacto financiero de estas investigaciones y revisiones”, apunta el documento donde sostiene que “basado en la información disponible, una posible estimación agregada de las penalidades que podrían surgir como resultado de estos temas llega hasta los 1500 millones de dólares, incluyendo los montos para los cuales ya se realizó una provisión”. 

“Hemos implementado los más elevados estándares globales y controles financieros. Hoy el HSBC está en una mejor y más robusta posición para protegerse de los malos actores que en 2010”, sostuvo el CEO del holding, Stuart Gulliver, que ayer, después de siete años al frente del banco, dejó su cargo. El ahora ex jefe del argentino Martino figura en los Swissleaks y los Panama Papers. La primera filtración reveló la existencia de una cuenta no declarada con 7,6 millones de dólares en la sucursal suiza del banco. El segundo escándalo mostró que Mossack Fonseca estuvo a cargo de montar la offshore panameña Worcester Equities a través de la cual controlaba su fortuna para ocultar y proteger su identidad. 

Investigación local

“En noviembre de 2014 la autoridad fiscal argentina inició una acción criminal contra varios individuos, incluyendo empleados del HSBC. La acción criminal incluye alegatos de evasión fiscal, conspiración para lavar fondos no declarados y asociación ilícita entre el HSBC Swiss Private Bank, HSBC Bank Argentina, HSBC Bank USA y ciertos empleados del HSBC que presuntamente facilitaron a numerosos clientes a evadir sus obligaciones impositivas”, sostiene el holding en su reporte anual. En la causa ya fueron indagados una veintena de empleados y directivos de la subsidiaria argentina. El listado incluye a Martino, que declaró en agosto de 2016. 

La causa iniciada en el fuero penal económico contra las empresas e individuos locales con depósitos no declarados registraba a fines del año pasado más de ochenta procesamientos por evasión. Fueron dictados por la jueza María Verónica Straccia aunque la fiscalía a cargo de Claudio Navas Rial apeló y solicitó calificaciones más gravosas para distintos acusados. 

Las defensas de los presuntos evasores con cuentas millonarias ginebrinas cuestionan la legitimidad de los datos. Los archivos que dieron forma a la investigación judicial fueron sustraídos y filtrados originalmente por un ex empleado del holding llamado Hervé Falciani. Perseguido por la justicia suiza por violar el sacrosanto secreto bancario helvético, el técnico informático terminó entregando la información a las autoridades fiscales francesas. A través de un acuerdo de intercambio de información con Argentina la documentación llegó a la AFIP, que inició la denuncia. 

Hasta ahora, a pesar de las estrategias defensivas de los acusados, las distintas instancias de la justicia local avalaron el uso de la información financiera para perseguir los delitos. Pero los recursos de los letrados no se agotan ahí. Fuentes judiciales con acceso al expediente indicaron a este diario que “existen numerosos pedidos de extinción de delito por parte de los acusados, amparándose en la compra de los Cedin lanzados durante el kirchnerismo o la participación en el último blanqueo macrista”.

@tomaslukin