La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) inició una investigación sobre el ex secretario General de la Presidencia Valentín Díaz Gilligan. La fiscalía especializada buscará determinar si el ex funcionario cometió algún delito, lo que se suma a la denuncia ya presentada por el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, que lo acusó por presunto lavado de activos y omisión maliciosa. “Diaz Gilligan incurrió, además, en nepotismo en su gestión: tiene a su pareja en el Ministerio de Turismo cobrando 150 mil pesos por mes y a su hermana, que trabaja en la subsecretaría general”, señaló a este diario Tailhade, quien hoy ratificará su denuncia penal ante el juzgado de Claudio Bonadio. 

La Unidad de Admisión y Detección Temprana de la PIA hará una investigación preliminar para determinar si existió un delito en la cuenta de 1,2 millones de dólares que figuraba a nombre del funcionario en Andorra, una guarida fiscal. También evaluarán si hay responsabilidades sobre otros funcionarios que debían controlarlo. Díaz Gilligan era el segundo del secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, que también era su superior cuando Gilligan figuraba en las offshores y era funcionario en el Ente de Turismo porteño, conducido por De Andreis en 2014. 

En tanto, el Gobierno insistió en defender a Díaz Gilligan, aún tras su renuncia, que presentó luego de que en la mesa chica del PRO evaluaran que era un lastre que podían soltar. El ex funcionario no se contentó con culpar al periodismo en su carta de renuncia, sino que le envió un audio  recriminatorio a los periodistas que escribieron la nota original en El País. “El propio Valentín Díaz, sorprendentemente, me envió un mensaje por Whatsapp recriminándome por mi trabajo. No me gustaría dar detalles”, contó el periodista español José María Irujo, uno de los que investigó las cuentas de la Banca Privada d’Andorra, en donde Díaz Gilligan tenía una cuenta a su nombre por 1,2 millones de dólares. Además, figuraba al frente de la empresa Line Action, que a su vez era controlada por otra offshore en Panamá. Como informó este diario, el propio Díaz Gilligan figuraba con un domicilio en Panamá, que pertenecía a un estudio de abogados.

Quien estuvo a cargo de seguir con su defensa fue De Andreis. “Llegó a la conclusión, hablando con su propia familia y con nosotros, que el mejor aporte que le podía hacer al Gobierno era dar un paso al costado y profundizar su línea de ponerse a disposición de la Oficina Anticorrupción y de la Justicia. En el peor de los casos, habrá sido una omisión en su declaración jurada”, sostuvo De Andreis. “La cuenta no era de él, era de una sociedad de la que era director”, sostuvo el funcionario. Díaz Gilligan en sus primera defensa fue más explicito: dijo que le prestó el nombre al empresario uruguayo Francisco Casal, porque él no podía figurar. 

“Diaz Gilligan no era un cuatro de copas, tenia el despacho a 20 metros de Macri y era el virtual Ministro de Turismo. Y también tiene nepotismo en su gestión. Su pareja, Florencia Grossi, es la directora del Instituto de Promoción Turística Nacional (Inprotour). Cobra 150 mil pesos por mes. La hermana de Díaz Guilligan trabaja en la subsecretaría general, que él acaba de dejar”, cuestionó Tailhade, que ratificará hoy su denuncia y hasta es posible que la amplíe: “Seguramente vamos a presentar en la causa otras irregularidades: declaró cinco hectáreas en Uruguay por 60 mil pesos. Quisiera saber si no es en la zona de Punta del Este”. Luego, la fiscal Alejandra Mángano deberá decidir si impulsa la acción penal.