El sorpresivo cambio en el alegato de la querella del ministerio de Justicia en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA, que propuso absolver a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, generó una onda expansiva que derivó, ayer, en una denuncia penal contra el ministro Germán Garavano por los supuestos delitos de coacción, peculado y encubrimiento. La presentación fue hecha por Carlos Telleldín, el reducidor de autos y abogado, que es uno de los acusados en el juicio sobre las maniobras que desviaron la investigación original del ataque terrorista. Como informó PáginaI12, un día antes de formular su acusación en cuanto terminó la feria judicial, la cartera que dirige Garavano desplazó repentinamente al abogado que haría el alegato ante el Tribunal Oral Federal 2 y designó para esa tarea a José Console, quien a la vez fue cuestionado por tener un cargo paralelo en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

A fin de enero, el secretario de justicia, Santiago Otamendi, le envió una nota al titular de la unidad AMIA del ministerio de Justicia, el radical Mario Cimadevilla, en la que le informaba que por disposición del ministro Garavano, debía revocarle al abogado Enrique Ventos el poder que tenía para hacer el alegato en nombre del Ministerio ya que otro abogado de la Unidad, Console, la había acercado un alegato diferente supuestamente consensuado con la mayoría de los letrados del equipo. Ventos haría una acusación en términos muy similares a los de la fiscalía, que pidió penas para todos los imputados, desde Carlos Menem hasta el ex juez Juan José Galeano y los fiscales, excepto para el ex comisario Jorge Fino Palacios. Console pediría la absolución de los ex fiscales Mullen y Barbaccia, que están acusados, entre otras cosas, igual que Galeano, de haber participado en el pago a Telleldín de 400 mil dólares (de la ex Side) para que diera una versión falsa sobre el atentado y acusara a un grupo de policías bonaerenses. Esta segunda opción es la que eligió el ministro, según la nota que recibió Cimadevilla, con quien tiene una guerra creciente desde hace varios meses.  

En su denuncia, Telleldín pide que se investigue una presunta maniobra de Garavano para “encubrir a los encubridores Mullen y Barbaccia”, a quienes les atribuye –en especial al segundo y su esposa Silvina Rivarola O´Connor, fiscal en la ciudad y hoy funcionaria en la Unidad de Información Financiera según la presentación– un vínculo cercano con el ministro. Telleldín invoca a Elisa Carrió y relaciona a Garavano con el operador y presidente de Boca, Daniel Angelici, y el director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas. Recuerda que cuando se conoció la postura de la querella del Ministerio en el juicio, la Coalición Cívica emitió un comunicado que decía “no formamos parte ni del amiguismo, ni del nepotismo ni de encubrimiento judicial alguno”. Ya había existido un episodio similar en marzo de 2017, cuando la abogada Mariana Stilman, cercana a Carrió, que iba al juicio como parte de la querella del Ministerio, denunció que le habían indicado que evitara tener una posición activa. Stilman dejó de ir a las audiencias y siguió en el equipo hasta el episodio del alegato al comenzar febrero, cuando finalmente renunció.

El escrito de Telleldín, que tiene patrocino del abogado abogado Leonardo Martínez Herrero, también recuerda que el TOF2, a cargo del juicio por encubrimiento, ordenó que se aclare la situación laboral de Console, ya que salió a la luz que tiene de manera simultánea un contrato en el Ministerio de Justicia y otro en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, donde es secretario letrado de Silvia Loreley Bianco, quien asumió como consejera cuando falleció Enzo Pagani. Bianco es pareja del titular de asuntos jurídicos de la AFI, Juan Sebastián De Stéfano, hombre de Angelici. Console, además, es integrante del tribunal de disciplina de Boca. Esta semana, el Consejo –que preside Marcela Basterra, cercana al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta– envió al tribunal un informe que dice que los cargos de Console en ese cuerpo y en el Ministerio no son incompatibles, una interpretación que sorprendió en mundillo judicial y a integrantes del cuerpo porteño porque los letrados tienen rango  equivalentes al de un juez y les caben las mismas normas, ergo, no podrían tener otro cargo público ni litigar para él. Unos días antes, relataron en el Consejo, hubo un llamado del ministro. Garavano envió el historial de la designación de Console al TOF2 y apunta a que su nombramiento en los papeles fue un pedido de Cimadevilla. Un punto llamativo es que ambas designaciones, en el Consejo y en el ministerio, fueron en mayo de 2017. En el segundo caso, hubo una renovación del contrato en enero último.

El TOF2 anunció la semana pasada que pensaba supeditar la validez del alegato de Console a su situación de posible incompatibilidad. La defensa de los fiscales pedía suspender las audiencias a la espera de una decisión del tribunal, pero le dijeron que no. Console había pedido 8 años de prisión para el ex juez Galeano y para los ex fiscales Mullen y Barbaccia nada. A Telleldín lo puso casi a la altura de Galeano, y le pidió 7 años (la fiscalía pedía una pena de tres años y medio para el reducidor de autos). La investigación sobre el papel de Garavano que impulsa Telleldín quedó en manos del fiscal Carlos Rívolo y el juez Luis Rodríguez.

Quien también hizo un planteo, pero al jefe de Gabinete, Marcos Peña, donde le advierte sobre “la extrema gravedad institucional de la posición del representante de la querella de la Unidad AMIA” fue Margarita Stolbizer. Le señaló las consecuencias internacionales de un posible encubrimiento del encubrimiento, dado que el Estado tiene un compromiso de avanzar en el esclarecimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pidió una investigación administrativa y/o judicial.