Hay que reconocerle algunos aciertos al sistema judicial actual. Uno de ellos es que las audiencias de apelación en la Cámara Federal son públicas. Se puede ir a ver y a escuchar a todas las personas implicadas en una causa. Los jueces y juezas deben mostrarse trabajando, y prestar atención. Este texto podría comenzar, de manera tradicional, diciendo que ayer hubo una audiencia en la Sala II de la Cámara Federal, donde más de treinta detenidos y detenidas en la movilización (y alrededores) del 14 de diciembre contra la reforma previsional pidieron que se revoque los procesamientos que les impuso el juez Claudio Bonadío y ser sobreseídos. Pero, esta vez, si empieza por el final quizá se aprecie mejor la trascendencia de esta escena judicial, que transcurría en la antesala de la marcha de hoy contra el ajuste. Porque entre el público estaba la madre de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) Nora Cortiñas y ya sobre el final, cuando parecía que nadie quería escuchar más nada, logró una recuperación de energía colectiva repentina.

Norita, como le dicen tantos cariñosamente por su baja estura y su voz finita, se dirigió a los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, que son nada menos –y en especial el primero—impulsores de las prisiones preventivas contra ex funcionarios y empresarios afines que  hicieron furor en 2017. “Doctores –comenzó-- ¿la protesta no es un derecho? ¿La Constitución no me ampara?  ¿Tenemos que volver a ocultar que fuimos a una marcha para no ser condenados? No me respondan ahora, piénsenlo”. La referente histórica de las Madres, con la su pañuelo blanco y la foto de su hijo desparecido, estaba ahí para advertir que la discusión por las detenciones a mansalva en las últimas movilizaciones no es un mero expediente judicial burocrático, sino la discusión de un mecanismo que combina decisiones políticas, acciones violentas de fuerza de seguridad (que reciben instrucciones desde el poder político), criterios judiciales de criminalización y apoyo de medios de comunicación.  La máquina de meter miedo en un contexto donde es cantada la protesta social.

“El pueblo la está pasando mal acá, y en el Norte y en el Sur, todos estos chicos salieron a las calles para defender lo suyo y lo de mi generación. Cuarenta años en la calle tengo, evadiendo policías prohibiciones. Mañana (por hoy) vamos a marchar de nuevo… ¿Acaso está  prohibido, señores jueces? No me contesten ahora”, se plantó Norita, con su sencillez. Desde su lugar de público, pero con el peso de su historia y el saber inmenso que la han convertido en una referente vital en derechos humanos.

“Hace cuarenta años --recordó-- venían los policías a la plaza y nos preguntaban qué estábamos haciendo. Tejiendo porque hay sol, o vine a pagar la boleta de luz, les decíamos. Porque estaba prohibido reclamar. ¿Volvimos a eso señores jueces?”

En la sala, los abogados y abogadas que ocupaban buena parte de los asientos, se fueron comentando entre sonrisas: “El de Nora, lejos el mejor alegato”. “No sé para qué trabajé tanto…”, ironizaba uno de ellos, que después la acompañó a comer milanesa con papas fritas y tomarse un balón.

Bonadio había procesado a la mayoría de los 44 detenidos en la primera movilización contra la reforma previsional. Les imputó intimidación pública y resistencia a la autoridad. Como ya informó Página/12 lo hizo con criterios tales como estar filmando la represión, caminar delante de un vallado con “actitud antisocial” (a interpretación del juez), tener panfletos de agrupaciones de izquierda y piedras (para peor, plantados por la Gendarmería), ir a la indagatoria con una remera diferente a la vestida en el momento de la detención, llevar ropa deportiva en la mochila, tener banderas o referencias anarquistas. El criterio del juez para dictar sobreseimientos fue acreditar que no estaban en la movilización: en el caso de Damiana Negrin Barcellos fue obvia su detención arbitraria por un video que se viralizó y el juez le dio la razón porque la tarjeta sube mostraba que venía de trabajar; en el caso de Jorge Rafael -Morales, lo sobreseyó porque demostró que estaba vendiendo gaseosas. A los que les dictó falta de mérito, los dejó vinculados a la causa por las dudas, no sea cosa que aparezca una prueba. Porque ese es el mecanismo que vienen aplicando las fuerzas y jueces: detener y luego buscar pruebas.

Esta semana fueron dos las audiencias en esta causa. El lunes fue Federico Paruolo, abogado de Esteban Rossano, el chico que estuvo preso 40 días, que también representa a otros imputados. Y la abogada Luli Sánchez, con su equipo. El martes fueron representantes de Correpi, Apel y La Gremial de Abogados, entre otros.  Aspiran a que la Cámara, como en el caso de los detenidos en la marcha por la desaparición de Santiago Maldonado, revoquen los procesamientos por falta de prueba. Aunque la apuesta de máxima es que los camaristas digan que ir a una marcha o tener una bandera no pueden ser delito, menos intimidación pública ni nada similar.

Norita había dormido poco, porque había llegado a la madrugada de Mar del Plata, de una actividad contra la prisión domiciliaria del represor Miguel Etchecolatz. No paraba. Cuando terminó de comer se anotó en la palma de la mano una frase que había escuchado del abogado Ismael Jalil en la audiencia, que tras una referencia a la vieja doctrina de la seguridad nacional dijo que el juez recurría a una “doctrina de la Guerra de Baja intensidad”. Después pidió que la llevaran a su casa. “Tengo ropita para lavar”, se despidió.