La Justicia rechazó ayer una medida cautelar interpuesta por el defensor general en el caso de Kiki, el niño de tres años que hasta hace poco estuvo bajo la guarda de la pareja integrada por Sergio Gigliotti y Cristina Morla en el marco del programa Familias Solidarias, y que les fuera retirado por decisión de la Subsecretaría de Niñez de la Provincia. El argumento de la Subsecretaría al tomar esta medida fue que Kiki tiene un hermano de ocho meses con el que debe vincularse, y por ese motivo pasará a manos de otro grupo familiar.
Mientras tanto, Gigliotti y Morla continúan con su lucha para poder adoptar al pequeño, quien permaneció junto a ellos durante más de un año y medio. Tanto es así, que a través de la plataforma virtual Change.org lanzaron una campaña que obtuvo más de cien mil firmas para que Kiki regrese con ellos.
Sin embargo, la jueza Susana María Romero sostuvo que "la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, se encontraba legitimada para efectuar el cambio de alojamiento del niño fundamentándose en garantizar el vínculo fraterno con su hermano menor, quien reside en otra localidad".
La magistrada hace hincapié que el paradigma imperante a nivel internacional es evitar la judialización "de los temas vinculados a niños en situación irregular". "Sólo habilitaría intervenir si se comprobara una violación del interés superior del niño, circunstancia que no se evidencia en el presente, ya que se encuentra bajo un sistema de protección instaurado por el Estado, con garantía de todos sus derechos", agrega.
Romero considera que "la problemática se genera cuando la finalidad del programa Familias Solidarias se desvirtúa. Quienes ingresan al programa deben autoasignarse el rol que se han comprometido a ejercer, y no otro".
