A Giselle Santana todavía le revoluciona la sangre el saber que alguno  o varios respiraron a su oído mientras dormía, parados junto a la cama que esa madrugada del 19 de febrero compartía con su compañero, Alejandro Sirota, delegado de ATE en el INTI como ella, ambos en defensa de lxs 258 trabajadorxs despedidxs. Casi se le hizo carne esa parálisis temporaria que le produjo el miedo cuando aquello que no se vio y ni siquiera se percibió pudo colar a través de una ventana y violar la seguridad entrañable del propio refugio. De su casa en San Martín se llevaron el celular que apoyó en la mesita de luz antes de desmayarse de cansancio tras veinte días de permanencia en el predio del Inti, documentos y papeles que tenía en la mochila y la notebook. Nada más, sólo ese aviso mafioso, mudo e invisible ejecutado para inocularle desesperación y desasosiego. “Desde el 26 de enero, cuando nos despidieron, nunca recibí ningún tipo de amenaza hasta ahora, en el crecimiento sostenido de la lucha. Podría haberle ocurrido a cualquiera de los delegados pero vulneraron a una mujer para que el mensaje llegue a todos los trabajadores del INTI, y eso no es casual.” Esta semana, los abogados del sindicato presentaron una denuncia en los tribunales de San Martín, que señala el ingreso al domicilio como un claro hecho de amedrentamiento vinculado al conflicto y al activismo gremial de Giselle.

La vuelta a casa al cabo de esos veinte días de abrazo colectivo al edificio de avenida General Paz al 5400, significó apenas algunas horas de reparo al insomnio y los huesos doloridos por el acampe para retomar al día siguiente la marea de actividades en despliegue, que también se manifestaron contundentes en las asambleas semanales hacia el Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo próximo. “Tengo toda mi energía puesta en la resolución de este trance, en la búsqueda de un diálogo con las autoridades que nos devuelva la fuente de trabajo y en la red de autocuidados que tramamos entre todxs. Recién ahora caigo en la cuenta de lo que me sucedió, al principio quería pensar que era un robo común. La sensación de inseguridad es patente y pensás que como entraron una vez pueden entrar cuando quieran. Los tuve parados al lado mío mientras dormía: esa certeza vulnera.”

 

En los últimos tiempos San Martín se caracterizó por la proliferación de ataques contra dirigentes políticos y gremiales que denuncian las políticas de ajuste y precarización del Gobierno. A fines de diciembre, un grupo armado golpeó y amenazó de muerte al concejal Hernán Letcher, de Unidad Ciudadana, en su casa y delante de su hijo. Destacaron a las trompadas que conocían sus movimientos, qué hacía y hasta quién trabajaba como empleada en su casa; le advirtieron que secuestrarían a su hijo y antes de irse le dijeron que no hiciera la denuncia porque podrían volver. “Cualquiera que no se encuadre en esta línea de vaciamiento y empobrecimiento es demonizado y perseguido”, advierte Giselle. “Les molestan la dirigencia opositora y las organizaciones sociales y sindicales porque son las herramientas con que nos defendemos.”

Se niega a doblegarse frente a ese recuerdo sin cuerpos ni rostros que inquieta y asalta durante el día, pero decidió restarle importancia si en definitiva ella y sus compañerxs soportan la vigilancia del camión satelital de la policía, “que escucha lo que decimos las 24 horas. ¿Querés más sensación amenazante que la de estar rodeadxs todo el tiempo por carros de asalto?” No hay lugar, entonces, para rosarios de desgracias o remilgos como disciplinamiento, conmoción y terror, cuando en ese abismo delirante hasta las hijas e hijos de los policías que custodian el INTI asisten a las clases públicas de apoyo de física, química y matemáticas que dictan profesionales despedidxs.

“Además es inmenso el acompañamiento social y de sectores políticos a las asambleas multitudinarias que ratifican la permanencia y el paro. Estos despidos son una reacción a las denuncias que viene haciendo la militancia gremial desde octubre de 2017 sobre el proceso de restructuración y el desembarco de la entidad público-privada Tecnalia, del País Vasco; la pérdida de especificidades de centros, la tercerización, los manejos discrecionales de fondos públicos y el favorecimiento a empresas constructoras amigas.”

Ustedes representan un proyecto de país donde el INTI no encaja.

-Y creo que nosotras especialmente. Muchas de las despedidas integran la Comisión de Mujeres del INTI, con una tarea de concientización en el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, las violencias de género, la relevancia de Ni Una Menos y la asistencia a los encuentros nacionales de mujeres. Este organismo es uno de los pocos que cuenta con jardín maternal para niñxs de tres meses a cinco años, un espacio fundamental para que las mujeres, en su mayoría madres solas o jefas de hogar con familiares a cargo, puedan trabajar. Al arrancarnos esta estructura material de vida nos están arrojando al empobrecimiento más violento y a la imposibilidad de generar nuevas herramientas de subsistencia.

Es en la tercera asamblea de mujeres que se celebra hoy en la Mutual Sentimiento de cara al 8M -y antes del cacerolazo que anuncian para las 21en todo el país-, donde les compartirán la actualización del conflicto a otras miles en lucha contra los despojos que las políticas neoliberales pretenden incorporar a la cotidianeidad de sus vidas. “Enfatizar que el desmantelamiento va contra las áreas más sensibles del Estado como salud, educación, trabajo, ciencia y tecnología, y reflejar fuertemente este embate contra las trabajadoras en particular a partir de lo que el patriarcado nos impone. Somos oprimidas por nuestro género, por eso queremos desandar todo un camino de naturalización de las violencias diarias, pero para esto hace falta un ejercicio permanente de pedagogía feminista de la sensibilización. Y en eso estamos.”