La agrupación Hijos Rosario denunció ayer que se produjo el despido de la última abogada contratada por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación por lo cual hoy no se cuenta con letrados en la ciudad para afrontar los juicios por terrorismo de estado. La organización remarcó que los dos últimos apartamientos de profesionales con que contaba el organismo federal se debió a una "clara persecución política" por ser militantes de esta agrupación. La abogada Natalia Moyano fue sometida a una "renuncia forzada", ante la falta de pago de su salario, aunque los motivos se incrementaron porque "las nuevas políticas no coincidían con el trabajo y el compromiso con el que venían trabajando", señaló Hijos. La agrupación recordó que en junio del año pasado fue despedido Santiago Bereciartúa, abogado que estaba desde hacía años contratado por Nación para llevar adelante su representación legal en los juicios a los genocidas. Este despido de un integrante de los equipos jurídicos de Hijos y Abuelas Rosario, "además de ser parte del constante vaciamiento en las políticas de derechos humanos que lleva adelante el gobierno nacional, tuvo un claro contenido político".

Moyano, que es también integrante de Hijos, "soportó una profundización del hostigamiento hasta que, bajo otra modalidad de despido, se logró separarla de su cargo". Había ingresado a la secretaría en agosto de 2015 durante la última gestión del gobierno anterior como abogada para los juicios. "En mi caso fue lo que se le llama renuncia forzada; la cual en la práctica es lo mismo que un despido pero se le llama así porque el empleador dejó de cumplir con su responsabilidad. Estuve sin cobrar varios meses y desde su lado decían que el motivo era porque no llevaba unos recibos, lo que me llevó a intimar y luego tener que renunciar", detalló al portal "Conclusión".

Este proceso comenzó en julio de 2017 y se extendió hasta diciembre pasado. Sin embargo, éste no fue el único motivo que la llevaron a dejar su cargo. Hubo "pedidos de las autoridades para que no se utilice el término 'represores' o 'genocidas' en las presentaciones, la orden de no oponerse más en los escritos a las prisiones domiciliarias de los condenados y procesados, recriminaciones por firmar documentos críticos con la gestión de Mauricio Macri, la demora primero y luego la ausencia total de pago de sus salarios", puntualizó Hijos. "La manera que nos veníamos manejando no coincidían con estas nuevas órdenes", agregó Moyano.

La abogada recordó que se planteó a la secretaría de la Nación que no era lo mejor determinar a un solo abogado para todas las causas que abarcan a Rosario y San Nicolás ya que se trata de mega‑causas, sin eembargo "eso tampoco fue escuchado".

Desde Hijos Rosario remarcaron que la denuncia es a la "persecución política contra nuestros compañeros. Y advertir que el vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que no está aislado del que se viene llevando adelante en otras áreas clave del Estado, adquiere una mayor gravedad ante el próximo inicio de los juicios Klotzman y Feced III pautado para las primeras semanas de marzo".

Moyano destacó que el abogado de lesa humanidad no solo trata ni trabaja técnicamente: "La querella hace un trabajo de la mano de los organismos de derechos humanos con un compromiso con todo el recorrido y la construcción del proceso Memoria, Verdad, Justicia, al menos eso se intentó siempre; no se trata sólo de estar en un juicio o responder un escrito, es vincularse con los organismos, buscar las pruebas, construir un caso. Es estar ahí con el compromiso humano que estas causas representan".

El comunicado de Hijos subraya: "Queremos dejar en claro que a pesar de ese retiro del gobierno nacional de su responsabilidad en las causas contra los criminales de lesa humanidad, desde Hijos y con nuestros abogados y abogadas, seguiremos luchando por Memoria, Verdad y Justicia, y para que todos los genocidas, asesinos, torturadores, ladrones de bebés y vende patria, estén en el lugar que les corresponde: la cárcel".