"Lo único que pido es justicia", atinó a decir, entre lágrimas, Gabriela Lara, madre de Gustavo Lares, el joven que tenía 20 años cuando fue asesinado en 2013 por una bala policial, en Empalme Graneros. Fue al término de los alegatos de clausura por el juicio contra el suboficial Raúl Anzoategui. La Fiscalía y la querella, representada por el Centro de Asistencia Judicial (CAJ), aseguraron que se trató de un crimen "con intención homicida" y negaron que fuera un enfrentamiento, porque "Gustavo no estaba armado". Para los acusadores, "le plantaron una pistola y se armó una escena" para favorecer al tirador que, además, "hizo insertar datos falsos" en las actas. "Fue la institución policial actuando corporativamente para encubrir a uno de los suyos", aseguró el querellante. La sentencia se dará a conocer mañana.

Un balazo en la nuca terminó con la huída de Gustavo, que estaba en su casa cuando a las 10 de la mañana llegaron policías a buscar a su hermano y una moto. Gustavo se asustó y salió corriendo por los techos de la casa, pero dos policías corrieron tras él. En el patio de un vecino intentó usar a un niño como escudo, en la desesperación, y se trenzó en pelea con el adulto a cargo de éste, hasta que rodaron al arroyo Ludueña. Gustavo intentó seguir corriendo pero recibió un balazo. "No hubo agresión, no repelió ningún disparo. Le disparó con intención. Hubo dolo homicida", aseguró el querellante Valentín Hereñú.

Anzoategui está acusado, además, de brindar datos falsos al personal que llegó tras el hecho. Incluso el cabo que acompañaba al imputado dijo haber disparado al suelo, y agregó que el acusado disparó dos veces. Al parecer, la bala mortal dio primero en una superficie dura, donde rebotó para luego darle a Gustavo. "Ello no quita el dolo", aseguraron.

Cuando se levantó el cuerpo del muchacho, debajo había un arma que -según las pericias- no estaba apta para disparar. La Fiscalía y la querella sostienen que fue plantada. Incluso, policías fueron a buscar testigos del levantamiento del cadáver y les dijeron que tendrían que atestiguar que había un arma debajo del pibe. Sin embargo, nadie la vio. ni siquiera el hombre con el que se peleó, que le levantó la remera hasta el cuello.

Cuando Gabriela recuerda aquel 6 de junio, no puede más que llorar. "Yo me había ido a trabajar, porque limpio en un club y en casas, y a las 10 me llamaron para decirme que iban a allanar mi casa buscando a mi otro hijo. Gustavo salió por los techos. Al rato el comisario que estaba en mi casa me dijo que tenía que salir un momento, pero volvió a las 14 y me hizo firmar un papel porque un pibe había salido corriendo de la casa; pero nunca me dijeron que mi hijo estaba muerto. Me enteré después que se fueron y en mi casa no encontraron nada de lo buscaban", sollozó la madre de siete hijos.

Al iniciar su alegato previo a la sentencia, el fiscal Luis Schiappa Pietra planteó ante los jueces Ismael Manfrín, Edgardo Fertitta y Marisol Usandizaga que descarta cualquier posibilidad de absolución. "Es imposible justificar la legítima defensa. ¿Si Gustavo estaba armado, por qué escapa desesperado?", planteó; y recordó que los testigos negaron que tuviera un arma. Además, aclaró que apenas se levantó la pistola "ya estaba oxidada"; y recordó que la aptitud para el disparo fue negada por los peritos. "Es evidente que la escena fue armada", dijo el fiscal. Al mismo tiempo se quejó de que la causa no avanzó en los primeros meses, incluso con todos esos datos en el expediente. "Fue una instrucción del Procurador (Jorge Barraguirre) que se activen los casos de violencia institucional y así lo hice cuando entré a la causa", sostuvo. Finalmente pidió que la sentencia incluya la falsedad imputada a Anzoategui, agravada por ser funcionario público.

Al cabo Claudio R. no lo acusó por el crimen, ya que dijo disparar al suelo y luego oír dos tiros del arma de su compañero. Sí fue acusado por falsedad y encubrimiento.