En 2008, las Madres de Plaza de Mayo comenzaron a construir el Complejo Urbano Barrio Mugica, por un acuerdo con el gobierno nacional y el porteño. La idea era construir 780 viviendas populares, dignas, bien hechas. En 2012 estalla el escándalo de las maniobras financieras de Sergio Schoklender, apoderado de la fundación de las Madres, y las obras se paralizan. Eventualmente, el sitio y lo que ya estaba construido pasa a ser responsabilidad del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, que contrata a la empresa Sentra SA para terminar el conjunto. Lo que terminó ocurriendo está siendo considerado ahora como base para una posible denuncia penal por las familias que ya viven en el lugar.

La Auditoría General de la Nación fue la primera en ocuparse del lugar y a principios de diciembre de 2013 publicó un informe sobre los problemas que ya tenían las unidades terminadas y el lugar en su conjunto. Básicamente, nadie había hecho ningún trámite de ningún tipo: no había permisos de obra, inspecciones, catastro, finales de obra, documentos de ningún tipo. El barrio existía de hecho pero no de derecho, con lo que simplemente no se podía escriturar ni alquilar nada de ninguna manera formal. Tampoco se podía saber si se había pagado de más o de menos, porque nadie había presentado un presupuesto con algún detalle de cuánto costó cada cosa, apenas un número final. La Auditoría apenas pudo comprobar que ya se veían deterioros y roturas por todas partes, y que era obvio que se había hecho mal el asentamiento de suelos.

Pese a eso, el gobierno porteño y el IVC siguieron mandando vecinos al barrio, de acuerdo a sus propias necesidades políticas y sin solucionar ni siquiera los problemas de papeles. La relocalización incluyó a familias de la Villa El Cartón, los caminos de la ribera (21 y 24) y los asentamientos Magaldi y Barrio Inta. 

 Ya en 2018, la situación del barrio no para de hundirse, como revelaron los vecinos y el Observatorio del Derecho a la Ciudad en un informe técnico. Lo principal es la falta de mantenimiento, porque el gobierno porteño evidentemente decidió invertir en nuevas urbanizaciones pero no en mantener las ya existentes. Como los vecinos no son propietarios ni tienen papeles de departamentos que legalmente no existen, no hay consorcios y es muy difícil que los habitantes inviertan con tanta inseguridad jurídica. Más grave aun, los años están mostrando los vicios de construcción con filtraciones en los techos, los caños de plástico berreta ya se perforaron por todas partes, las aberturas fueron mal colocadas y filtran, los metales de ínfima calidad se oxidaron. En el barrio ya hay departamentos de último piso abandonados por inhabitables y se sigue comentando el caso de una bañera llena que perforó el piso debilitado por la humedad y cayó en el baño del piso de abajo. Ni hablar de lo que le hacen los muros húmedos a las instalaciones eléctricas.

El gobierno porteño se hizo cargo de este desastre sólo en el sentido de, por ejemplo, hacer instalaciones eléctricas externas, para no meterse en gastos con paredes húmedas. Al parecer, a nadie le importa la posibilidad de accidentes o de incendios, ya que la Ciudad no instaló los matafuegos obligatorios. También hay escaleras a las que no les pusieron luz, ni siquiera barandas. Una señora ya se cayó y se rompió una pierna, y todos juran que es verdad que el buen Dios cuida a los chicos... En diciembre pasado, el presidente del IVC Juan Ignacio Maquieyra les prometió a los vecinos que para el primero de enero de este 2018 iba a tener fondos para hacer los arreglos y estudios necesarios. Si no los pone la Nación, dijo, los pondremos nosotros. Ya llega marzo, y no hubo más al respecto. Los vecinos están pensando en presentarle una denuncia penal por abandono de persona e incumplimiento de sus deberes de funcionario.