El proyecto de la UNR, que cuenta con más de diez años de trabajo, comenzó a partir de la tesis doctoral de Marianela Fernández Oliva acerca de la salud mental de las personas mayores que viven en geriátricos. Luego se amplió para estudiar todos los procesos de internación. Además de pertenecer al Centro de Investigaciones de Derecho de la Vejez, es vicedirectora del Centro de investigaciones de Derecho de la Salud, por lo que se unen ambas líneas de investigación. "En el estudio sobre los procesos de institucionalización y su invisibilización hay un entrecruzamiento de saberes", explicó. Y sostuvo que lo interesante de las ramas consideradas nuevas, que surgen a mediados del siglo XX a causa de la internacionalización de los derechos humanos, es que se cruzan con las vertientes clásicas tomando otras perspectivas.
"Los mayores tienen un estado de vulnerabilidad emocional de cierta significación".
El derecho de la vejez es una rama nueva que tiene como principal preocupación pensar a la persona mayor como consumidor y ciudadano, en conflicto con la ley penal, es decir como un sujeto activo. Para trabajar dentro de esta temática es fundamental la interdisciplina y tener relación con otros profesionales. "Existe la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, un instrumento internacional con el que ya están trabajando los jueces y hay que dar a conocer a la comunidad", reflexionó la abogada.
El proyecto concretamente se ocupa de analizar qué sucede con las personas mayores cuando entran en el circuito de la institucionalización. Para empezar a desarrollar la temática es necesario distinguir entre estar internado y estar institucionalizado. La diferencia fundamental reside en que en el primer caso una persona se interna algunos días y luego vuelve a su casa, mientras que el segundo significa estar y quedarse mucho tiempo en un espacio.
"Esta investigación pretende mostrar la dinámica de las instituciones geriátricas, contar lo que no se ve y preguntarse: ¿quién controla a los que cuidan a nuestros viejos?", argumentó la directora del proyecto.
Si una persona joven tiene un episodio psicótico, hay un proceso que se activa gracias a la ley de salud mental, que provee toda una serie de garantías con plazos que tienen que ser informados a la autoridad judicial. O sea, se da a conocer lo ocurrido y el diagnóstico. Pero si un adulto mayor es llevado a una institución geriátrica, aunque sea por un problema menor, nadie se entera.
"Lo preocupante es la falta de control de lo que sucede con las internaciones de las personas mayores, y además no es un tema de la agenda pública. ¿Qué garantías hay en esos casos?", plantea la investigadora. Y agrega: "Se produce una normalización de ese proceso porque la institución geriátrica, en términos de Erving Goffman, es una institución total. Es decir un lugar cerrado en donde se realizan actividades básicas de la vida, con las mismas personas, en un espacio determinado y un tiempo extenso, bajo la misma autoridad administrativa".
En muchas oportunidades estos centros adquieren una dinámica interna similar a una cárcel o un buque mercante y, lamentablemente, hay gente que nunca más se va, fallece y nadie se entera. "Está invisibilizado hasta para los que lo padecen, que al final terminan aceptándolo", explicó.
Los especialistas del Centro de investigaciones de Derecho de la Vejez estuvieron trabajando en el caso de una pareja de adultos mayores que acudieron pidiendo ayuda porque sus hijos iban a llevarlos a un geriátrico y se quedarían con su casa. Cuando los profesionales fueron a visitarlos la semana siguiente ya no se encontraban en su domicilio, estaban en una institución que no se adecuaba a sus necesidades y volvieron a solicitar ayuda. Pero luego cambiaron de opinión a partir de una charla que mantuvieron con sus hijos durante el fin de semana.
"Las personas mayores tienen un estado de vulnerabilidad emocional en algunos casos de cierta significación. Esta situación es clara porque en un principio pidieron ayuda pero luego, una institucionalización completa durante el fin de semana les hizo cambiar su voluntad. Al final, nunca volvieron a su casa", confesó la docente de la Facultad de Derecho.
No se trata de demonizar el geriátrico porque estos lugares existen para solucionar situaciones donde no queda otra opción, ya sea porque esa persona no tiene familia o porque está muy enferma y nadie puede atenderla como necesita. "La internación geriátrica no tiene que ver con la edad sino con la condición de cada uno, porque vivir en una institución en la que hay una situación forzada de convivencia de personas de la misma edad y patologías, tiene un impacto en la psicología del individuo", resumió la investigadora.
Por último resaltó que en ningún momento pierden su libertad y que esta capacidad se restringe sólo con un proceso judicial: "Muchas personas mayores asumen que van perdiendo derechos acorde pasan los años, cuando en realidad no debería ser así. En este sentido es fundamental la formación en los derechos del adulto mayor, porque estos no vencen con la edad".
