La historia económica argentina se caracterizó por la aplicación de criterios regulatorios contradictorios, que han ganado partidarios en dos categorías relativamente extremas en relación a cuál es la forma en que el Estado debe intervenir en el funcionamiento del proceso económico. Las opciones se caracterizan en un Estado omnisciente (interventor) o un Estado ausente (laissez faire). Sin embargo, el análisis económico marca claramente el debate a ¿cómo puede y debe intervenir el Estado en la economía? La consistencia en el análisis económico a priori conduce a recomendar la privatización o la estatización de todas las empresas de servicios públicos en distintas circunstancias o contextos históricos.

 En 1989 se inicio un proceso de transformación del rol del Estado, sancionando las leyes de Emergencia Administrativa y Reestructuración del Estado y de Emergencia Económica. La evidente transformación se encuadró en un programa global de reforma estructurales neoliberales correlacionada con las privatizaciones de áreas que tradicionalmente estaban en el Estado y la desregulación en la economía. 

El proceso de privatización y desregulación de los servicios públicos durante los ‘90, bajo la gestión del presidente Carlos Saúl Menem, tuvo lugar un impresionante proceso de reforma de servicios públicos: en cinco años se vendieron o concesionaron al sector privado casi todas las empresas públicas nacionales que producían o prestaban servicios de energía, transporte público de pasajeros, saneamiento y telecomunicaciones, desregulando y liberalizando algunos de los segmentos de dichos mercados, y aplicando en general regulaciones de variada calidad (en su diseño y posterior ejecución). 

En este sentido, las privatizaciones fueron un negociado, provocaron una reducción del empleo y perjudicaron a los consumidores. El drástico cambio en el contexto económico, político y social que siguió al fin anticipado del gobierno con el abandono de la Ley de Convertibilidad en 2001, arrasó con los debates previos: a pesar de la fuerte devaluación e inflación emergentes, las tarifas de los servicios públicos permanecieron nominalmente congeladas a los valores de diciembre del año 2001. 

Gestión

La práctica en los servicios públicos que transitó la Argentina durante los últimos años es muy rica, si bien es estrictamente incorrecto caracterizar al modelo del período 1990-2001 como de gestión privada y al del período 2003-2015 como de gestión pública, ya que en ambos casos hubo fuerte participación de inversores y managers privados, sujetos a contratos con el Estado concedente y regulador. Pero claramente hay una fuerte distancia entre ambos modelos en cuanto al rol del Estado en función a las prestaciones de servicios públicos en materia de decisiones de producción e inversión. 

Es dable aclarar que en el período 1990-2001 se aplicó un modelo de gestión privada (sujeta a regulación), mientras que en el período 2003-2015, la caracterización fue intervencionista dado que la mayoría de los casos la propiedad de las empresas prestadoras estaba en manos del sector privado, el modelo aplicado puede asimilarse en muchos sentidos a uno de gestión pública cambiando las reglas regulatorias incluyendo reestatizaciones de empresas privatizadas en el período anterior.

La decisión del gobierno nacional a partir del 2003 fue mantener el congelamiento tarifario, postergando las renegociaciones contractuales lo máximo posible, y aplicando subsidios para cubrir los mayores costos del mantenimiento o ampliación de la cobertura si ello fuera necesario, en medio de medidas que aumentaban de manera directa la intervención regulatoria al interior de las empresas. 

La vigencia de este “nuevo paradigma” o “modelo propio” conduce a una reflexión más profunda. Por un lado, están las reformas en la Argentina de la década de los ‘90 que otorgó un rol mucho más importantes a dueños de capitales económicos, dejando la libre acción de estos sectores privados, omitiendo toda inversión y empeorando la calidad de los servicios públicos. Por otro lado, el rol activo del Estado intervencionista produjo un cambio en sintonía a inversiones y calidad de servicios públicos. 

La discusión que tenemos por delante está sujeta en referencia a los gobiernos de turno y sus políticas: ¿qué tipo de Estado predominará en la economía? y ¿qué tipo de modelo–política se implementará en los servicios públicos? La respuesta estará justificada en el rol del Estado en la economía o si los servicios públicos quedarán en manos de los poderes concentrados privados “pro-mercado” (la experiencia de los ‘90). Esto último es lo que hoy el gobierno de la Alianza Cambiemos está propiciando como política en beneficio de los sectores hegemónicos de la economía. La alternativa es adoptar un “modelo propio” de intervencionismo a través de la gestión pública focalizando e induciendo inversiones que logren mejorar la productividad y la calidad de los servicios públicos.

* Magíster en Políticas Públicas, docente e investigador de la UNAJ, Fundación Generación del Sur.