El domingo 4 de febrero, el suplemento Cash publicó una nota de Eduardo Dvorkin en la cual propone una serie de ejes claves para vincular ciencia, tecnología e industria de cara al 2019, en el marco de un nuevo proyecto político. Con el objeto de contribuir al debate sobre el tipo de lineamientos programáticos y de gestión que requiere tener en cuenta todo proyecto de industrialización, voy a plantear algunos puntos que considero complementan su perspectiva.
La pregunta sobre cómo la ciencia y la tecnología pueden alimentar los procesos de desarrollo económico y social, fue una constante en las trayectorias de las sociedades modernas, dado que históricamente ha sido del más alto interés para los poderes políticos, económicos y militares. Sin embargo, el análisis sobre cuáles fueron los elementos centrales del éxito de los países que construyeron senderos de desarrollo propio, potenciando y protegiendo industrias basadas en el conocimiento, señala un patrón de política pública que atraviesa todas estas experiencias en diversos contextos históricos: una articulación virtuosa entre Estado, conocimiento e industria.
Las grandes potencias industrializadas –Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia– supieron potenciar los términos de esta articulación principalmente a partir de la segunda posguerra, mientras que los países de industrialización reciente –Taiwán, China, Corea del Sur, entre otros, más conocidos como NIC´s (Newly Industrialized Countries)–, lo hicieron a partir de la década del ‘70.
En América Latina, por el contrario, desde que se inició la estructuración de sus complejos científico-tecnológicos, a fines de la década del ‘60, existió una fuerte desconexión entre conocimiento e industria. Desconexión profundizada por la sucesiva importación de lineamientos de política científica y tecnológica desconectados de su realidad económica-social, lo cual derivó en que incluso mirando de cerca los modelos exitosos, se terminaran copiando los términos equivocados de la “fórmula”. Pese a esta tendencia, son muy bien conocidos los casos en la región que supieron generar “ecosistemas” integrados entre conocimiento e industria, y que no casualmente tuvieron al Estado como actor protagónico: el desarrollo de la industria aeronáutica en Brasil, y la nuclear en la Argentina, de las cuales se desprendieron empresas con una fuerte participación estatal, como Embraer, Invap o Arsat, son algunos de los ejemplos más significativos.
Ahora bien, no cualquier combinación entre Estado, conocimiento e industria produce los resultados esperados. Para esto se necesita que el Estado tenga la capacidad política, institucional y técnica necesaria para gestionar un proyecto de país compartido con la sociedad, donde el desarrollo científico, tecnológico e industrial configura un elemento sensible, pero no suficiente. Un tema aparte, son los esfuerzos necesarios para articular la ciencia y la tecnología con las necesidades sociales, lo cual configura quizá uno de los desafíos más trascendentales para los países en desarrollo, y que da cuenta de las importantes tensiones y contradicciones que encarna el capitalismo como sistema de organización político, económico y social hegemónico.
Volviendo a la vinculación entre conocimiento e industria, un primer requisito imprescindible es un proyecto de transformación que cuente con el consenso de amplios sectores de la sociedad, un “proyecto nacional” diría Oscar Varsavsky, que configure el núcleo organizador del desarrollo económico y social. El segundo, es la puesta en marcha de una incisiva política industrial basada en el desarrollo de sectores y tecnologías que posibiliten la emergencia, expansión y consolidación de industrias económicamente estratégicas. Industrias que no deben entenderse como fábricas de “tecnologías de punta” en contextos periféricos o semiperiféricos, como es el caso de la Argentina, con posibilidades nulas de competir en igualdad de condiciones con los “national champions” –por ejemplo, Google, Toyota, Volkswagen– de las grandes potencias industrializadas, los cuales no sólo gozan de los beneficios derivados de sólidas políticas proteccionistas y de compra pública orientadas a la producción nacional, sino también de un papel activo por parte del Estado en la búsqueda de condiciones favorables para su inserción en mercados extranjeros. En este marco, la adhesión de estos países al lenguaje del liberalismo competitivo, la promoción de la apertura, la transparencia y la no discriminación, forman parte del mismo juego: mostrarse libre mercado “hacia fuera”, siendo en realidad, proteccionistas “hacia dentro”.
En los contextos semiperiféricos, sin embargo, las industrias económicamente estratégicas solo adquieren sentido hacia el interior de las fronteras nacionales, donde lo verdaderamente importante no es cuan cerca estén de desarrollar “tecnologías de punta”, sino cuan efectiva sea la aplicación de las herramientas tecnológicas en sus actividades industriales. El aprendizaje incremental y la generación de las condiciones para la expansión de competencias científico-tecnológicas, son parte de las capacidades sistémicas críticas para la sustentabilidad a largo plazo de las industrias estratégicas basadas en el conocimiento. Esto no sólo incluye a las capacidades técnicas para el desarrollo local de tecnología, sino también a las capacidades para conceptualizar el tipo de conocimientos científico-tecnológicos que el país requiere para impulsar sus industrias estratégicas, y a aquellas necesarias para impulsar procesos de negociación y comercialización, neutralizar presiones y coerciones, incentivar y disciplinar a las empresas locales y transnacionales, o desarrollar e implementar regímenes de propiedad intelectual orientados a la protección del desarrollo científico-tecnológico endógeno.
Un último elemento a considerar, no menos importante, es la capacidad técnico-burocrática del Estado no sólo para implementar con fidelidad y eficacia los objetivos que guían el proceso de transformación industrial hacia el interior de la esfera pública, sino también para gestionar, orientar, regular y disciplinar la necesaria participación del sector privado. El éxito de los países que supieron impulsar senderos de desarrollo genuino se basó en una burocracia competente, coherente y comprometida con los objetivos nacionales, lo cual debería hacer reflexionar a quienes atribuyen la ineficacia del Estado a su estructura burocrática. La falta de una auténtica burocracia estatal estaría más cerca de constituir el diagnostico correcto.
* Investigadora de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).
