Mientras la decisión del gobierno de dar vía libre al tratamiento de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo divide aguas en el Congreso Nacional, distintas organizaciones que componen la Campaña Nacional por el Aborto, cuyo proyecto de despenalización será presentado el próximo 6 de marzo por legisladoras de distintos bloques, celebraron la determinación con cautela. Las integrantes de la Campaña que dialogaron con PáginaI12 sostuvieron que, más allá de las motivaciones oficiales que impulsan la medida, es un paso adelante para intentar saldar la gran deuda que tiene la democracia con las mujeres. En este sentido, la secretaria de Género de la CTA de los Trabajadores, Estela Díaz, dijo que “siempre es tiempo para el debate por el aborto legal” y agregó que “esperamos que los legisladores se ponga a tono con esta afirmación”. En tanto, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, alertó sobre la posición del presidente Mauricio Macri de dar a los integrantes de su bloque parlamentario “libertad de conciencia” para votar (ver aparte).
Para Díaz, la presión que viene haciendo el movimiento de mujeres hizo que el gobierno “no pudiera mirar para otro lado. Hay un feminismo que ha logrado establecer una agenda en todos los sectores sociales, poner el debate en todos los ámbitos, desde programas de chimentos hasta un acto sindical como el del 21 (la marcha contra los planes económicos del Gobierno que encabezó Hugo Moyano) donde, de los cinco oradores, dos dijeron que el plan de lucha continuaba con el Paro Internacional de Mujeres, el 8 de marzo”.
Si bien le restó importancia a las especulaciones políticas que llevaron al gobierno a abrir el debate mientras favorezca la discusión parlamentaria, no dejó de señalarlas.
“Desde que ganó Cambiemos, todos los temas que se debatieron fueron para recortar derechos, eliminar leyes, poner techo a las paritarias, recortar a los jubilados. Todos planes que implican un retroceso de años. El único avance fue con la ley que establece la paridad de género en las listas de candidatos, y uno podría pensar que esto se inscribe en esa línea. Algunos pueden pensar que, desde la especulación, esto les lava la cara ante el proyecto neoliberal feroz que vienen aplicando, especialmente para algunos de los sectores que integran la alianza Cambiemos”.
Y aunque señaló que la apertura al debate puede ser un globo de ensayo del duranbarbismo “para tapar el humor social por los tarifazos y la inflación, no es menos cierto que es un escenario que el movimiento de mujeres logró instalar a fuerza de luchar durante muchos años”.
Desde Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), la abogada Soledad Deza –quien defendió y consiguió que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán liberara a Belén, la joven tucumana que estaba condenada y detenida luego de tener un aborto espontáneo– dijo que “la habilitación del debate generó satisfacción pero también cautela. Porque estamos muy expectantes de la posición que va a tomar cada diputado y diputada en el Congreso”.
La abogada señaló también que “aunque es muy importante” que se haya dado luz verde para el debate parlamentario, “la última palabra va a estar en los legisladores que tienen el mandato del pueblo. Y esperamos que sean leales a ese mandato y no se disciplinen a los sectores conservadores”.
En relación a la coyuntura que llevó al Ejecutivo a autorizar la discusión, Deza señaló que “en Francia pasó algo parecido. Durante un gobierno conservador en lo político y liberal en lo económico, se despenalizó el aborto. En términos de resolución política, legalizar el aborto al gobierno le sale más barato que habilitar paritarias igualitarias”.
“Es una situación difícil de leer, en un gobierno que viene haciendo recortes en derechos humanos, con presos políticos, precarizando el empleo y endeudando al país”, no obstante, la integrante de CDD remarcó que “más allá de las razones, nosotras necesitamos que se habilite el debate”, remarcó. Y agregó que “aunque sea medio sorpresivo que atiendan a esta demanda, bienvenido sea si en la agenda se ha tomado nota de esta deuda de la democracia con las mujeres. Lo celebramos con una confianza infinita en la lucha feminista, un movimiento muy amplio pero unido, y una cautela muy grande porque la hora de la verdad está en el recinto parlamentario”.
En tanto, Ana Fagioli, de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, apuntó que la posibilidad de que se abra el debate “es positivo, pero también nos hace estar más alerta y movilizadas. Quieren hacerse los democráticos por permitir el debate, porque de ahí a que lo voten hay un abismo. De todas formas, vemos con buenos ojos las repercusiones que el tema está generando, en los diarios, en la tele y en todos los ámbitos. Una lucha de las mujeres que logró instalar el debate en el sentido común que no estaba instalado. Hay un sentido común más elevado, que subió la vara, tanto con el tema del aborto como el de la violencia contra la mujer”, subrayó.
Fagioli también advirtió que “además del aborto legal, seguro y gratuito seguimos reclamando por la integralidad de los derechos, pelando por la ley de Educación Sexual Integral (ESI) y la aplicación del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, que tiene adhesión en nueve provincias. Porque esto también sucede, además de tener que debatir el proyecto”.
En cuanto al contexto, relacionó la decisión, al igual que las otras entrevistadas, a la situación de “ajuste e inflación”, pero agregó un factor más: “Esto también se relaciona con que el gobierno no tiene un buen vínculo con el Papa Francisco”.
Por su parte, la integrante de la Red de Docentes por el Derecho al Aborto Celeste McDougall dijo que el debate “se tornó urgente y necesario, no sólo por la situación desastroza que atraviesa el gobierno sino por la movilización de las mujeres. En los últimos meses el tema se visibilizó a nivel mediático. Y esto tiene que ver con todo el movimiento a nivel internacional y a la fuerte presencia del movimiento de las mujeres en los medios, en las redes sociales y en las calles. Muchos legisladores y funcionarios salieron a bajarle el tono después del anuncio, y a decir que no estaban de acuerdo. No sabemos qué significa que no están de acuerdo porque el proyecto de la Campaña es un proyecto que no obliga a nadie a abortar. Es un proyecto necesario y un debate necesario, pero no el debate del derecho en si que ya está conquistado, porque ya existe el derecho legal por causales. Sino el debate por la libre decisión de las mujeres”.
