El 20 de febrero de 2017 Adriana Funaro, de 46 años, fue denunciada por un vecino con quien tenía un conflicto previo por una medianera. Su vecino Osvaldo Laporta la acusó de tener en su casa plantas de cannabis con las que elabora el aceite para tratar su artrosis severa. Ahora, a casi un año de ese hecho el mismo vecino la denunció nuevamente por lo mismo. Ese episodio de 2017 a Funaro le costó el allanamiento de su casa, un procesamiento y –si bien no tenía ningún antecedente ni había razón alguna para sospechar que podía fugarse- el juez de Garantías Horacio Hryb ordenó su detención domiciliaria. En abril la sala tercera de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas dispuso su libertad por falta de mérito.

Entre la denuncia de Laporta y la decisión de la Cámara que le devolvió a Adriana la libertad, en Argentina se aprobó la ley de cannabis medicinal. En el fallo el tribunal tuvo en cuenta la existencia de la flamante ley y sostuvo que el cultivo con fines terapéuticos que Adriana llevaba a cabo era una actividad en el marco de su vida privada, que no implicaba ningún daño a terceros, incluido el denunciante. Sobre este punto su defensora oficial Victoria Baca Paunero indicó que: “Todas las figuras del Código Penal protegen algún bien jurídico, la ley 23.737 tutela la salud pública. Y prohíbe acciones determinadas, pero el realizarlas sólo es delito cuando esas acciones afectan el bien jurídico tutelado”. En el caso de Adriana, sigue su defensora, “es descabellado comparar eso con cualquiera de las conductas relacionadas con lo que puede ser entendido como narcotráfico. Ella padece dos enfermedades severas concretas, si no toma el aceite no camina por su artrosis crónica. Es tremendamente injusto pretender obligarla a vivir con dolor, a sufrir, a no caminar”.

Hace cuatro años que Adriana utiliza el aceite de cannabis para tratar su artrosis hereditaria. Al momento de la primera denuncia la ley todavía criminalizaba a los usuarios terapéuticos. El 29 de marzo pasado, después de casi cinco horas de debate, el Senado aprobó la ley que regula el uso medicinal, terapéutico y paliativo del dolor de la planta cannabis. Sin embargo, ahora, a seis meses de la reglamentación, según denuncian desde la asociación Mamá Cultiva, “por falta de voluntad política no se implementa”. Por el momento sólo está reglamentada la importación de un tipo específico de aceite, Charlotte, con alta concentración de CBD –de efecto anticonvulsionante-, que funciona solo para un porcentaje de patologías. El resto de los pacientes, entre los que se encuentra Adriana, no tienen una respuesta estatal para proveerse del aceite.

“Que el poder judicial otorgue entidad a esta nueva denuncia muestra la vulnerabilidad en la que nos encontramos quienes requerimos de esta terapia: seguimos en riesgo, seguimos criminalizados por buscar una mejor calidad de vida”, le dijo a Página12 Valeria Salech, de Mamá Cultiva, al enterarse de esta nueva acusación contra Funaro. Y agregó: “Somos las mujeres las primeras damnificadas en esta cuestión, porque somos una mayoría de madres, abuelas, tías, que estamos cultivando para los chicos y al momento de un allanamiento o de una detención dejamos una familia en banda”.

Victoria Baca Paunero, quien fue la defensora oficial de Adriana Funaro en 2017, vuelve a tener a cargo la defensa ante esta nueva denuncia. Sobre eso conversó con este diario.

¿Qué es exactamente lo que denuncia ahora el mismo vecino?

-Osvaldo Laporta, el vecino que ya la denunció el año pasado en la causa en la que estuvo detenida, el 1 de febrero de este año la volvió a denunciar diciendo básicamente lo mismo que el año pasado y se formó una nueva causa, que está en trámite en la UFI 4 de Ezeiza, especializada en estupefacientes.

-¿Se trata de una denuncia en el marco de la misma causa?

-No. Es una nueva denuncia, con la que se formó otra causa. En la causa en la que estuvo detenida, la sala Tercera de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas dispuso su libertad por falta de mérito, pero su trámite continúa. Ahí la Fiscal que interviene, de la UFI 4, pidió esta semana la prórroga extraordinaria para poder seguir investigando dos meses más. Esta nueva denuncia es básicamente el mismo denunciante diciendo que este año sigue cultivando cannabis. Aún no se si aportó pruebas de su denuncia o si denunció por suposiciones. Aclaro que este denunciante no es víctima directa de nada. Denunció la comisión de una infracción a la ley de drogas, que es un delito de acción pública. Un delito previsto para tutelar la salud pública, en sentido colectivo. Se trata de la misma persona reiterando la denuncia que hiciera el año pasado, pero diciendo que se comete en 2018.

-En el medio, entre una y otra denuncia, se aprobó la ley de cannabis medicinal, ¿cómo cambia eso el panorama?

-En el fallo se reconoció que la conducta endilgada a Adriana no es delito y se valoró al resolver la sanción de la ley de cannabis medicinal que al momento de la detención de Adriana no estaba, solo tenía media sanción de la cámara de diputados. A Adriana la detuvieron el 20 de febrero del año pasado y las sesiones del congreso empezaban en marzo pero para el momento en que la Sala Tercera tuvo que resolver en la causa, a fines de abril del año pasado, la cámara de senadores ya había dado la media sanción y la ley 27.350 ya existía, solo faltaba reglamentarla. Entonces la Sala Tercera tuvo en cuenta que existía una ley que reconocía el uso terapéutico del cannabis. Y dijo que lo que Adriana hacía estaba dentro de su esfera privada y no afectaba el bien jurídico tutelado, que es la salud pública. Todas las figuras del Código Penal protegen algún bien jurídico, la ley 23.737 tutela la salud pública. Y prohíbe acciones determinadas, pero el realizarlas sólo es delito cuando esas acciones afectan el bien jurídico tutelado.

-Adriana explicó que su cultivo de cannabis no tenía por fin producir estupefacientes en el sentido perjudicial para la salud de nadie, sino para producir el aceite medicinal que necesita por sus problemas de salud.

-Sí. En el caso del cannabis medicinal se produce una situación muy particular porque la nueva ley reconoce que una sustancia que está dentro de la lista de las prohibidas por los tratados internacionales sobre drogas tiene propiedades terapéuticas. Eso pone en tensión, o por lo menos interpela, la ley penal de base, la ley de estupefacientes. El problema es que esta cuestión no se plasmó directamente en la ley de cannabis terapéutico, en tanto no prevé expresamente el autocultivo con fines medicinales, que es lo que explicó Adriana que hacen los cultivadores de cannabis terapéutico.

-¿Cómo está Adriana en este momento?

-Desde que se inició la causa en la que estuvo detenida, Adriana se ha visto afectada muy fuertemente en su salud física y psicológica. Tiene miedo, se siente hostigada, amenazada. Es que este hombre ya la denunció cuatro veces, la primera causa fue archivada, en la segunda fue detenida y es la que está en trámite, en la tercera ya fue sobreseída luego de un proceso extenso de casi un año y por pedido de ésta Defensa y ahora la denunció por cuarta vez. ¿Cómo no va a tener miedo? Tiene terror de que la vuelvan a allanar, de volver a vivir lo que le pasó el año pasado. Es una persona que siempre estuvo a derecho y la actitud que ella tiene con respecto al cannabis medicinal es su filosofía de vida. Es descabellado comparar eso con cualquiera de las conductas relacionadas con lo que puede ser entendido como narcotráfico. Ella padece dos enfermedades severas concretas, si no toma el aceite no camina por su artrosis crónica que no puede tratar con otra medicación por padecer de ulcera. Esto está acreditado en el expediente. La causa penal la afecta mucho y por otro lado necesita su medicación. Es tremendamente injusto pretender obligarla a vivir con dolor, a sufrir, a no caminar.

-¿Qué imaginan que podría llegar a pasar en las próximas semanas?

-No sé qué medidas podrá disponer la fiscalía. En la causa principal ella está en libertad y ese status debería mantenerlo. En la otra causa no sé todavía si hay medidas dispuestas. Al igual que en las anteriores, también seré su defensora porque soy la defensora oficial en turno al momento del inicio de las causas. El tema es que podría terminar en el peor de los casos en un juicio oral en el que podría ser condenada a una pena de 4 a 15 años de cárcel más la multa. Como defensora intentaré que se resuelva la causa en el mejor sentido posible que es que se archive la segunda denuncia y que termine sobreseída en la primera.