El presidente, Mauricio Macri, está en contra de la legalización del aborto. Marcos Peña está en contra de la legalización del aborto. La vicepresidenta Gabriela Michetti está en contra de la legalización del aborto. La gobernadora María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, también. La mayoría de los ministros del Gabinete, lo mismo. Elisa Carrió está en contra. Ernesto Sanz, radical y tercer socio fundador de Cambiemos, también. Las principales espadas del PRO en el Congreso, Nicolás Massot, Federico Pinedo y Humberto Schiavoni, entre otros, también están en contra. Es inevitable preguntarse entonces por qué el oficialismo habilita (aunque más no sea el debate legislativo) de una iniciativa con la que su conducción, sus referentes principales, no están de acuerdo. Y para responder esa pregunta es necesario entender cuáles son las consecuencias de que comience a debatirse en el Congreso una legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

La primera es tal vez la más fácil y puede entenderse sólo con leer en esta misma nota: es un tema que concentra la agenda pública y corre del foco de atención otros temas en un momento en el que el Gobierno está atravesando una caída en sus niveles de aprobación. Por citar sólo dos: los reiterados conflictos de interés, eufemismo de lo que en otro tiempo se llama corrupción y la multitudinaria marcha en la 9 de julio con la que se reclamó por un cambio en el modelo económico. 

Otra consecuencia es que contribuye a la estrategia de polarización con el kirchnerismo en el contexto de “campaña permanente” del oficialismo. Le permite a Macri autopresentarse como un dirigente abierto y respetuoso de la diversidad de opiniones, en contraposición con la idea de un kirchnerismo autoritario y poco receptivo de las demandas sociales. Esta construcción se cae con el análisis de las actitudes que este proyecto político ha tenido tanto en el pasado (el veto del PRO a la ley que regulaba el acceso al aborto no punible en CABA, previsto en el Código Penal de 1921 y en línea con el fallo de la Corte Suprema de 2012) como en el presente: abuso de los decretos de necesidad y urgencia, presión sobre el Poder Judicial, extorsión a gobernadores y prácticas poco democráticas al interior de la alianza gobernante.   

Al mismo tiempo, otra consecuencia es que éste debate genera divisiones al interior de la oposición, de las distintas fuerzas políticas, y volverá a poner en el centro de la escena a Cristina Fernández de Kirchner, si es que la iniciativa pasa la Cámara de Diputados y llega al Senado. Si se votara mañana, las chances de que la Cámara alta termine aprobando el proyecto que se presentará el 6 de marzo son muy pocas. La responsabilidad del rechazo será entonces compartida entre Cambiemos y las distintas expresiones peronistas del Senado, donde prima la postura contraria a la legalización. 

Es decir, al final del camino, el oficialismo habrá generado un giro en la agenda pública para salir de un lugar problemático, habrá colaborado a construir el relato de una fuerza política plural y moderna que fomenta el debate público y por último habrá dividido a la oposición, colocando al PJ y a CFK entre los responsables del fracaso de una iniciativa que en buena medida responde a una demanda de sus propias bases electorales (al menos en mayor medida que a las bases electorales tradicionales de Cambiemos). En este escenario, el Gobierno tiene muchos beneficios y un costo político acotado. 

Pero si bien ése es hoy el derrotero más factible y asoma como la principal apuesta política de los cerebros de Cambiemos, la política es impredecible. El movimiento de mujeres ha demostrado en los últimos años una fuerza y una capacidad de movilización impresionante y es, sin duda y aún con sus diferencias internas, un actor político nuevo, potente y responsable en gran medida de que el oficialismo recoja ahora esta demanda social.

La gran cantidad de muertes de mujeres por abortos clandestinos son un tema de salud pública urgente, que bien merece concentrar la agenda pública por su propio peso, independientemente de la “desatención” que pueda generar sobre otras cuestiones. 

La apuesta política del oficialismo es arriesgada en tanto abre una puerta que hasta ahora estaba cerrada. Tratar de entender las posiciones y las razones que mueven a los actores políticos, lejos de servir para desalentar o boicotear la lucha es un paso necesario para alcanzar los objetivos. Los diputados y senadores no están sentados en sus bancas para actuar según sus creencias personales sino para representar los intereses de sus votantes.  Nunca es fácil pero… ¡sí, se puede!