La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura rechazó el pedido de juicio político contra el juez federal Daniel Rafecas. La acusación se fundaba en el criterio elegido por Rafecas para desestimar una denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman referida al Memorándum de entendimiento con Irán. 

Solo en casos muuuuy excepcionales, las divergencias de pareceres viabilizan el juicio político.

En Tribunales se cotidianamente se concretan posiciones distintas de diferentes jueces, aún de aquellos que integran un mismo Tribunal (que motivan disidencias pero no delitos).

Cuando Rafecas se defendió ante ese cuerpo, meses atrás, señalamos que, en términos futboleros, les   pegó un baile a sus fiscales (ver www.pagina12.com.ar/81698-rafecas-en-el-mundo-del-reves). Refutó cada una de sus críticas.

Lo sermonearon haberse apurado demasiado a resolver: explicó que la ley impone plazos breves y perentorios. 

Les enrostró que fiscales y camaristas coincidieron con el criterio que se tildaba de ilegal.

Con ironía, les demostró que había obrado de modo similar en denuncias promovidas contra el presidente Mauricio Macri y la diputada Elisa Carrió.

En ese momento dijimos que, aún en el capcioso sistema judicial de la etapa, parecía imposible que se condenara a uno de los contados jueces serios, dignos y versados de Comodoro Py.

Para arribar a un veredicto lógico (pero en el actual contexto siempre incierto) fueron decisivos los votos de los representantes de los jueces y los abogados en el Consejo o. Saben que perseguir por los fundamentos de los fallos equivale a una caza de brujas. Todos sus colegas y los letrados, por una vez, votaron conforme a derecho.

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Rafecas ejerce su cargo desde hace 14 años, le sobran desde hace mucho condiciones para concursar y ser ascendido (no en Macrilandia, claro) pero prefirió cumplir el rol de juez de instrucción, propio de ese cargo. Los sinsabores y el largo lapso ya corrido lo indujeron a presentarse en 2017 a un concurso que se realizará este año para designar tres defensores generales ante la Corte Suprema. 

La decisión es un revés para el Gobierno que iba por la cabeza de Rafecas. Los diputados radicales Mario Negri y Ángel Rozas sostuvieron la vindicta, fieles escuderos de Cambiemos. Los boinas blancas no le perdonan a Rafecas que haya investigado con celo de pesquisa las coimas con que el gobierno de Fernando de la Rúa lubricó el apoyo de un grupo de senadores peronistas a la aciaga Ley de Reforma Laboral (alias Banelco). Los kirchneristas también lo tuvieron en jaque por haberse comprometido en la investigación del caso Circones, siendo acusado el ex presidente Amado Boudou.

El oficialismo, con todo, celebraría como premio consuelo que Rafecas ganara el concurso y dejara un juzgado federal vacante. La colonización de “la Justicia” es un objetivo innegociable del macrismo. Ese fuero, entre tantos, cada vez se parece más a un equipo de rugby del Colegio Cardenal Newman.

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La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) emitió un documento muy severo respecto del presidente Mauricio Macri. Una rareza porque se trata de un ente corporativo muy complaciente con el oficialismo. Ocurre que el presidente los provocó y de algún modo obligó: excedió todos los límites en su defensa de Luis Chocobar. 

El mandatario, un autodidacta en derecho, asumió la defensa pública del policía quien había matado por la espalda a Pablo Kukoc, quien huía tras haber cometido un delito. 

Un juez de menores ordenó procesar a Chocobar en primera instancia por homicidio. Macri recibió al matador en su despacho y lo definió como un héroe con la evidente intención de presionar a los jueces de segunda instancia.  

Los tres integrantes de una Sala de la Cámara del Crimen confirmaron el procesamiento, cambiando la tipificación del hecho. Pero en sustancia, concluyeron que con las pruebas obrantes (muy potentes porque existe una filmación nítida y completa) el procesamiento es justo.

Macri reincidió en sus catilinarias, tomó en solfa a los camaristas, chuceó diciendo que el ex juez de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni debió haberlos llamado para felicitarlos. Para el presidente, uno de los mejores juristas argentinos es mancha venenosa, un sospechoso de ser cómplice de delitos varios.

La “familia judicial”, como todas, tiene distintas líneas internas: los camaristas no son “amigos” ni discípulos de Zaffaroni, solo cumplieron con la ley. Las recriminaciones le cayeron muy mal. 

Tras tomarse unos días, seguramente para tramitar divergencias internas, los apoyó con todas las letras la AMFJN, que nuclea a buena parte de sus colegas (no a todos, porque no hay colegiación obligatoria).

Sus Señorías colocan sus barbas en remojo: condenar por el contenido de la sentencias abriría una Caja de Pandora cuyos demonios podrían ir por cualquiera. Sin forzar mucho la imaginación: se verían en figurillas los tres vocales de la Corte Suprema que hicieron mayoría para extender el beneficio del 2x1 a los represores, una sentencia vergonzosa y desacreditada por los tres poderes del Estado.

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Un lazo visible conecta los dos hechos que comentamos. En ambos casos se reivindica el derecho de un juez a decidir con criterio propio, siempre opinable y casi siempre recurrible ante una instancia superior (apelaciones, en general). 

Si, como propugna la doctrina oficial, se criminalizara esa facultad, los jueces quedarían atados de pies y manos. La intromisión frontal del Ejecutivo en asuntos de competencias judiciales produjo un mini milagro, un arrebato de independencia, bienvenido así sea como excepción.

Quizá lo que esté pasando tenga vinculación con un fenómeno que comentamos en la nota central: el Gobierno es ahora vulnerable, se mete goles en contra, acrecienta la masa de opositores día tras día.

La mayoría de los jueces son procíclicos en materia política: su oficialismo crece o disminuye según calibren el poderío del Gobierno de turno. Las buenas razones que hemos reseñado y saludamos tal vez se mesticen con esa mala praxis, que tiene un largo recorrido.