En una inusual manifestación unitaria, las centrales industriales de los cuatro países miembro del Mercosur elevaron ante las autoridades negociadoras del acuerdo con la Unión Europea, que deliberan en Asunción, una dura declaración en la que exigen “transparencia” en las negociaciones, plazos y condiciones para que los sectores afectados negativamente por el tratado de libre comercio “puedan transformarse y continuar activos en el nuevo escenario”, y un acuerdo equilibrado “reconociendo las diferencias en el nivel de desarrollo entre las partes”. Reclaman, además, la inclusión de una “cláusula de desarrollo industrial” y la preservación de diversos instrumentos de protección a la producción y el empleo “fundamentales para el funcionamiento actual y futuro del Mercosur”. La nómina de instrumentos que enumera el documento va, en muchos casos, abiertamente en contra de las concesiones que se habrían hecho ante las autoridades europeas para apurar un acuerdo. La reacción de las entidades industriales (por la Argentina suscribe la UIA, y por Brasil la CNI, las dos centrales que redactaron la declaración) es el resultado de “un análisis del estado actual de las negociaciones” del cual se concluyó, según detallaron fuentes confiables a PáginaI12, que la propuesta de la Unión Europea de octubre de 2017 –que el Mercosur aceptó salvo en el capítulo referido a las exportaciones de carnes al Viejo Continente– “es mucho peor a la del año 2004 que se rechazó; la actual es un certificado de defunción para muchos sectores industriales”.      

La declaración que la Unión Industrial Argentina y la Confederación Nacional de la Industria de Brasil (con la firma de sus presidentes, Miguel Acevedo y Robson Braga de Andrade) compartieron con sus pares de la Unión Industrial Paraguaya y la Cámara de Industrias del Uruguay, pone el acento justamente sobre puntos en los que, se sostiene, los negociadores del Mercosur fueron cediendo en 2016 y 2017. En contraposición a lo que ya estaría acordado, las dirigencias empresarias de los cuatro países reclaman:

  • Extensión del período de desgravación de las canastas de bienes, ampliación satisfactoria de cuotas de importación por parte de la Unión Europea para bienes agroindustriales y la remoción de tarifas intracuotas para tales bienes, como parte de un “trato especial y diferenciado” a favor de la parte firmante menos desarrollada;
  • Eliminación de subsidios europeos a la producción de bienes agrícolas;
  • Aplicación de reglas y mecanismos de certificación de origen que impidan la triangulación;
  • Mantenimiento de límites al acceso al mercado de compras y contrataciones públicas como herramienta de desarrollo industrial nacional;
  • Rechazo a la extensión de las patentes y a la protección de los datos de prueba.

Además, el documento empresario hace una mención particular al requerimiento de una “cláusula de desarrollo industrial”, lo que significaría, de ser atendido el reclamo, un cambio sustancial en el encuadre del acuerdo. Dadas las asimetrías en el desarrollo de la Unión Europea y el alcanzado por los países del Mercosur, la inclusión de una cláusula de desarrollo industrial faculta a la región en desventaja (Mercosur) a proteger una nueva industria naciente u otra que acceda a un salto tecnológico importante, por ejemplo, sin estar restringida por un tratado de libre comercio que congele el desarrollo relativo de ambas partes al momento del acuerdo. 

Dicho de otro modo: el tratado Mercosur-Unión Europea, en los términos en los que negocian los actuales gobiernos (el de Cambiemos, con Horacio Reyser a la cabeza), es firmar el destino de reprimarización de la economía argentina, por caso, ya que cede todas las ventajas en el intercambio comercial a la más poderosa industria europea, a cambio de un grado mínimo de participación de los productos agroganaderos propios en el mercado europeo. La inclusión de una cláusula de desarrollo industrial supondría, al menos, no aceptar esa situación como permanente.   

El planteo de las cuatro entidades industriales del Mercosur a los negociadores regionales les exige que reconozcan, explícitamente, la asimetría del tratado y que, como consecuencia de éste, habrá grandes perdedores de este lado del Atlántico, en especial entre los sectores industriales. Así planteadas las cosas, demanda que “se establezcan plazos y condiciones para que los sectores afectados negativamente puedan transformarse y continuar activos en el nuevo escenario”.

 Prácticamente desde 2016 hasta las actuales negociaciones en Asunción, la disputa entablada por los representantes del Mercosur se redujo a obtener una ampliación del cupo de exportaciones de carne a Europa, de las 70 mil toneladas ofrecidas en octubre pasado por la comisaria de Comercio de la Comisión Europea, Cecilia Malmstrom, a un escalón más alto de 99 mil toneladas. La intención de los gobiernos de Argentina y Brasil era presentar como el “gran éxito” ese resultado y a partir de ahí justificar la firma del tratado. Si no se logró fue porque la mencionada funcionaria europea no logró convencer a los gobiernos de Francia, Irlanda, Polonia, Bélgica y otros de las bondades de un tratado comercial absolutamente favorable a Europa, a cambio de una concesión poco significativa en el comercio de carnes (como se explicó en el Panorama Económico en la edición de ayer). Esos países desconocieron la propuesta que la UE presentó en octubre (70 mil toneladas) y, por supuesto, rechazan una ampliación de la cuota.

 El documento de la UIA y de sus pares de Brasil, Paraguay y Uruguay pone el punto de discusión en otro lugar, mucho más cerca de los intereses y la defensa de la producción y el empleo argentino. Por si fuera poco, cuestiona implícitamente la falta de transparencia en estas negociaciones de parte de los gobiernos de la región. Quizás el planteo llegue demasiado tarde, pero en las actuales condiciones, los gobiernos del Mercosur, en particular los de Argentina y Brasil, solamente podrían avanzar hacia la firma del tratado asumiendo que lo hacen dándole la espalda a sus respectivos sectores industriales.