El Instituto IJóvenes de Investigación sobre Jóvenes, Violencia y Adicciones y la Universidad de Tres de Febrero (Untref) presentaron ayer en el Centro Cultural Borges un informe titulado “La guardias hospitalarias ante el consumo problemático” de drogas y alcohol, centrado en la “falta de abordaje específico para adolescentes/jóvenes en los hospitales”. El trabajo reúne experiencias relevadas durante este año en tres hospitales nacionales, once hospitales de la provincia de Buenos Aires, cinco hospitales municipales de San Martín, Tigre y Lomas de Zamora, y cuatro salitas que dependen de CPA (Centro Provincial de Adicciones), de la Subsecretaría provincial de Determinantes Sociales de la Salud y Enfermedad Física, Mental y de las Adicciones. Los investigadores entrevistaron a médicos, enfermeros y pacientes, pasaron la noche en distintos hospitales y realizaron el seguimiento casos de jóvenes que llegaron a las guardias bajo el efecto de diferentes sustancias. “La sociedad tiene que estar preparada para darle respuestas a los jóvenes y sus problemáticas particulares”, remarcó durante la presentación Alfredo Luis Fernández, secretario ejecutivo del IJóvenes, que depende de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y del que forman parte legisladores de distintos bloques.
“El sistema sanitario está enfocado en la enfermedad y no en la salud. A los jóvenes se los considera como una población ‘sana’, que ‘no se enferma’, y no se trabaja a partir de la promoción de la salud y desde la prevención de factores de riesgo específicos, como las ETS, los accidentes o los consumos”, advierte el informe al inicio. Las entrevistas a los médicos revelan que hay un fuerte aumento en el consumo de alcohol, y la mezcla con drogas y psicofármacos. El texto da cuenta de numerosos ejemplos de jóvenes que llegan a la guardia en condiciones extremas por consumo el excesivo de drogas, consecuencia de la falta de trabajos preventivos. Frente a este escenario, “las guardias de la mayoría de los hospitales no están preparadas para detectar ni abordar esta problemática: están desbordadas, faltan insumos y no hay psicólogos ni psiquiatras que cubran las 24 horas”, advierte la investigación.
“Ante la demanda, (los médicos) responden a la emergencia”, y “estabilizan al paciente y le dan el alta, a veces con recomendación de asistir al servicio social o a los consultorios externos de salud mental”. Cuando los cuadros son más agudos, los jóvenes “deben quedarse internados en la guardia hasta que reabran los consultorios. Y, como en la mayoría de los servicios no abordan específicamente problemáticas de consumo, se deriva a los pacientes a los CPA o centros comunitarios y no se hace seguimiento”.
“Los médicos hablan de la dificultad de ‘retener’ a los jóvenes dentro del sistema sanitario: aquellos que ingresan a la guardia generalmente después no continúan un tratamiento. Se ‘escapan’ y no vuelven”. La historia se repite: vuelven a consumir, vuelven a la guardia. La dificultad radica en mantener un seguimiento de los jóvenes, y en general la falta de estrategias para lograrlo se reproduce en casi todos los hospitales. De todas formas, el informe cita algunos ejemplos de espacios que buscan interpelar a los jóvenes para que continúen los tratamientos, como es el caso del CPA de Don Torcuato, en donde los médicos “hablan de la importancia de que los jóvenes perciban al espacio como un lugar de referencia y, para eso, desarrollan actividades culturales y deportivas”.
La investigación destaca que la franja de pacientes de entre 15 y 18 años no encuentra terapias especializadas. La atención de la población de esa franja etaria queda afuera de la formación usual de los trabajadores de salud, que suele dividir la curricula en pediatría y adultos. “La escasez de recursos especializados en la población adolescente y joven se registra en los diversos servicios de los hospitales: salud mental, guardias, internación”, por lo cual “en muchos casos, se apela a la derivación a otros centros sanitarios de la zona, como los hospitales de niños”, que están aun menos preparados para tratar a este tipo de pacientes.
La falta de protocolos de salud mental en los hospitales es otra de las cuestiones centrales del informe. En la mayoría de los hospitales relevados, “las guardias no tienen un protocolo para atender jóvenes con consumos problemáticos”. “Cada profesional genera rutinas de intervención y delimita su campo de acción de manera casi autónoma. Cada guardia funciona como una isla con límites autodeterminados. Si entra en traumatología un joven herido que a la vez tiene un consumo problemático, se atiende sólo el dolor del cuerpo”. El servicio de salud mental funciona en la mayoría de los hospitales con consultorios externos, y así, “si un paciente ingresa a la guardia cuando el servicio de salud mental está abierto, los médicos sólo a veces piden una interconsulta, pero los psiquiatras de esos servicios suelen tener por regla –no escrita– no participar de los problemas que surgen en la guardia y, además, la mayoría no aborda específicamente consumos problemáticos”.
La investigación muestra que en muchos casos los médicos asumen más compromisos con los jóvenes, lo cual resulta decisivo para ayudarlos en sus situaciones de consumo problemático, pero no encuentran en el sistema sanitario los recursos necesarios para responder a la demanda. “Trabajadores que hacen horas extras, un médico que siempre lleva en el bolsillo un blister de clonazepam para no pinchar a los pibes, un psiquiatra que le busca a cada paciente el profesional más adecuado para su tratamiento, una médica que se quiebra cuando cuenta que no tiene herramientas para ayudar a los pibes”, ejemplifica el informe.
Por otro lado, la voluntad de los jóvenes de iniciar un proceso de sanación es fundamental para su recuperación, pero eso no depende sólo de ellos: “para que un pibe sostenga un tratamiento, es necesario trabajar sobre su implicación, y eso lleva tiempo”. A muchos jóvenes con antecedentes penales por consumo, “la llegada al hospital les plantea dudas respecto de terminar nuevamente con un proceso judicial o que la reincidencia los perjudique”.
Informe: Juan Funes.
