El juez federal Daniel Rafecas desestimó ayer una denuncia penal presentada por diputados del Frente de la Victoria (FPV) contra el presidente Mauricio Macri, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, por la emisión de Lebacs y el endeudamiento externo. El magistrado consideró que “los actos cuestionados en el presente se circunscriben a una esfera de decisión que hace a la propia administración de los actos de gobierno” y por lo tanto se trata de “cuestiones políticas no judiciables”. Por un hecho de similares características el juez Claudio Bonadio procesó a CFK.
La fiscal Paloma Ochoa se había pronunciado en favor de abrir una investigación penal porque evalu´qoe se trataba de hechos “defraudatorios y perjudiciales para el país”. Pero Rafecas consideró inexistente el delito. “Los distintos aspectos de la política económica denunciados por los legisladores y efectivamente adoptadas por los funcionarios del Gobierno, conforme resulta de público y notorio, se enmarcan dentro de las atribuciones legales que la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina confiere al directorio de esa entidad, en coordinación con las demás medidas de política económica dispuestas a través del Ministerio de Economía de la Nación”, señaló ó Rafecas en su fallo, en el que evaluó que los hechos denunciados “no configuran delito alguno y por lo tanto no resulta posible abrir una causa penal”.
Ochoa había imputado al Presidente y sus funcionarios denunciados por la “emisión abusiva” de títulos de deuda pública interna (a través de la herramienta financiera de los Lebacs) y externa (por medio de bonos) que “habría ocasionado un significativo detrimento de las arcas del Estado nacional en beneficio de determinados grupos económicos”. La emisión de Lebacs “se habría utilizado como herramienta para manipular el verdadero valor de la divisa la emisión de más de 685 mil millones de títulos” de esa clase “con rendimientos en concepto de tasa de interés que rozaron el 40 por ciento anual en pesos”, escribió la fiscal en su dictamen.
El juez decidió no darle cause a la investigación con la intención de “resguardar el principio de equilibrio en que se nutre la doctrina de la separación de poderes y de evitar, por lo tanto, que un poder quede a merced de otro, como consecuencia de trasladar la gestión cotidiana de la administración, propia del Poder Ejecutivo, a los tribunales judiciales”.
Se trata de un criterio similar al que Rafecas adoptó para cerrar la denuncia por encubrimiento del atentado a la AMIA contra CFK y el ex canciller Héctor Timerman, ya que en ese caso también se trataba de una decisión política: la firma de un tratado con otro país. Pero además, en ese caso, el presunto delito no se había realizado puesto que Irán no ratificó el acuerdo y nunca se puso en práctica. Y se trata del criterio opuesto al usado por el juez Claudio Bonadio, quien procesó a CFK, el ex ministro de Economía Axel Kicillof y otros funcionarios por el precio del dólar futuro.
“No le corresponde al Poder Judicial la evaluación de políticas económico-financieras llevadas adelante por los demás poderes del Estado Nacional”, evaluó Rafecas. Y añadió: “La concepción restrictiva del control judicial sobre las cuestiones políticas pone el acento en la necesidad de impedir el llamado ‘gobierno de los jueces’, o más modernamente, la ‘judicialización de la política’”. De esta forma, por un hecho de iguales características, los funcionarios del gobierno anterior están procesados y los macristas no. Habrá que ver si en Comodoro Py unifican criterios.
