El presidente de Brasil, Michel Temer, entregó ayer más poder a las Fuerzas Armadas, al nombrar por primera vez desde la dictadura al frente del ministerio de Defensa a un general.

Lo hizo en el marco de los cambios en el gabinete para crear el ministerio de Seguridad Pública luego de la intervención militar decretada para que el Ejército comande la lucha contra el delito común en Río de Janeiro. El anuncio lo hizo en el Palacio del Planalto el portavoz de Temer, Alexandre Parola, quien destacó que mañana asumirán los nuevos ministros.

El ministerio de Defensa fue creado en 1999 y siempre fue ocupado por civiles, ya que desde el fin de la dictadura en 1985 cada fuerza funcionaba como una cartera autónoma, sin control político directo. Ahora, 19 años después, Temer decide mover el tablero y, tras la intervención militar en la seguridad pública de Río de Janeiro, ofreció el ministerio de Defensa al número 2 de la cartera, general de reserva Joaquim Silva e Luna, ex jefe del Estado mayor del Ejército.

El cargo de Defensa era ocupado hasta ahora por Raúl Jungmann, un diputado aliado de Temer que pasará a ocupar la nueva cartera de Seguridad Pública, el ministerio número 29 del gabinete. El portavoz Parola anunció que será editado un decreto para estas designaciones que deben ser ratificados en 60 días por el Congreso. La creación de este nuevo ministerio reduce el accionar de la cartera de Justicia, ya que Seguridad Pública tendrá la conducción de la Policía Federal, institución que lleva adelante la Operación Lava Jato pero cuya conducción fue cambiada por hombres del propio Temer a fines del año pasado.

Jungmann, ex ministro de Reforma Agraria en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), pertenece al oficialista Partido por el Socialismo (PPS, ex socialista) y es una de las cartas de Temer para elegir un candidato de su riñón a gobernador de Río de Janeiro en las elecciones de octubre. “Esperamos un trámite parlamentario tranquilo para aprobar la creación de un nuevo ministerio”, dijo el jefe de gabinete, Eliseu Padilha, a periodistas.

Jungmann ganó relevancia como ministro de Defensa al saltar al primer plano nacional con la decisión de Temer de intervenir federalmente con el Ejército la seguridad pública de Río de Janeiro. Antes importantes referentes en temas de seguridad no habían aceptado las ofertas del gobierno para asumir en Seguridad Pública, que necesitará de un amplio tránsito para articular políticas con el servicio penitenciario y con los gobernadores, responsables por las policías de cada estado.

Incluso el jefe del Ejército, general Eduardo Villas Boas, quien en setiembre se había negado a intervenir como policía interna, la semana pasada defendió una mayor protección en caso de homicidios cometidos durante las intervenciones en Río de Janeiro. “No queremos otra Comisión de la Verdad”, dijo en la reunión de gabinete encabezada con Temer al referirse a la comisión creada por la destituida Dilma Rousseff, que investigó los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura (1964-1985), de la cual ella misma había sido víctima.

La acumulación de funciones y poder del Ejército con la intervención en Río fue una “jugada maestra” en palabras del propio Temer, para enfrentar el delito, más allá de que la capital carioca sea la décima del país en violencia. En octubre, Temer promulgó una ley que evita que los militares que cometan delitos o maten a personas sean juzgados por la justicia ordinaria y ordena que sus casos se remitan a los tribunales castrenses.

El avance del poder castrense se da en un año electoral en el cual la mano dura es la principal propuesta del sorprendente número 2 en las encuestas, el diputado ultraderechista Jair Bolsonaro, y alimenta el sueño de varios oficialistas en postular a Temer. El presidente negó ser candidato.

Otro factor que según organismos de derechos humanos encendió un debate dentro del Ejército es que la fiscal general elegida por Temer, Raquel Dodge, le pidió a la corte suprema anular la Ley de Amnistía de 1979 que prohíbe juzgar a los autores de crímenes de lesa humanidad. Todos los dictadores brasileños ya fallecieron y las denuncias abiertas apuntan directamente a los jefes de los regimientos, cuarteles y comisarías, todos protegidos por la Ley de Amnistía, ratificada en 2010 por el Supremo Tribunal Federal por ser parte de una “solución negociada” para retomar la democracia.

La primera elección directa en Brasil fue en 1989, en la que fue elegido Fernando Collor de Mello, quien recibió el bastón por parte de José Sarney, elegido por un Congreso que administró la transición, en 1985, sin elecciones. El 29 de septiembre de 1992, Collor se apartó de la Presidencia debido a las investigaciones sobre posible corrupción en el Poder Ejecutivo. Su entonces vicepresidente, Itamar Franco, actuó como presidente interino hasta el 29 de diciembre de 1992, cuando Collor efectivamente renunció y luego fue impedido por el Congreso. Así, Itamar Franco se convirtió en presidente constitucional para gobernar hasta fines de 1994.

Franco fue sucedido por Fernando Henrique Cardoso, quien fue reelecto en 1998 y gobernó hasta diciembre de 2002. Las dos presidencias de Cardoso fueron sucedidas por otras dos de Lula (2003-2010) y otra de Dilma, quien fue reelecta en 2014 pero no pudo completar su segundo término porque fue derrocada por un golpe parlamentario en agosto de 2016.