La Sala II de la Cámara Federal abrirá hoy formalmente la puerta a una de las situaciones más buscadas por el Gobierno de Cambiemos, la derecha internacional, la querella de la familia de Alberto Nisman y la dirigencia de la AMIA-DAIA: que un tribunal vincule (o analice hacerlo) la muerte del fiscal con la denuncia por el Memorándum con Irán donde acusó de encubrimiento a Cristina Fernández de Kirchner, por la que hoy también están presos, entre otros, Carlos Zannini y Luis D’Elía. Eso es lo que pidió Sara Garfunkel, la madre de Nisman, quien dijo que no le alcanza con que el juez Julián Ercolini haya descripto el caso como un homicidio simple, porque ella sostiene que fue un “magnicidio”, que a su hijo lo mataron para que su denuncia quede impune y que la administración de CFK estuvo detrás. En términos jurídicos, la mujer apeló los procesamientos dictados por Ercolini contra Diego Lagomarsino y cuatro policías como parte de un supuesto plan criminal, pero pidió agravar la situación de todos ellos y ampliar la investigación, no sólo a la ex presidenta sino hasta agentes de inteligencia y el juez federal Daniel Rafecas. A pesar de que las querellas no están habilitadas por el Código Procesal para apelar procesamientos, la Cámara aceptó incluir ese planteo en una audiencia que comienza las 10 de la mañana.  

Lagomarsino, el técnico informático que dijo que Nisman le había pedido un arma y se la facilitó, fue procesado en diciembre por Ercolini, como partícipe de un plan criminal para asesinar al fiscal. Era la primera vez que un juez decía taxativamente que a Nisman lo mataron, invocando un peritaje de Gendarmería que llegaba a esa conclusión, contrapuesta a la evaluación que antes habían hecho el Cuerpo Médico Forense y la Policía Federal, que aseguraban que no había ningún indicio de participación de terceras personas, ni un indicio de homicidio. Ercolini no explicaba ni quién mató a Nisman, cómo entró o entraron los agresores, cómo salieron, cómo es que el fiscal no tenía signos de haber intentado defenderse, y no había huellas ni rastros de la presencia de nadie. Hacía a Lagomarsino partícipe de un homicidio que no se sabe quién cometió. Argumentaba que se simuló un suicidio con un “arma amiga”. Respecto a los cuatro policías (custodios y choferes), los señaló como encubridores que habían demorado la intervención policial y judicial.

Después de aquella resolución, la defensa de Lagomarsino -a cargo de Gabriel Palmeiro- planteó que quería un juicio oral rápido y no apelaría. El informático no está preso, tiene una tobillera electrónica que lo monitorea. Los cuatro policías (Néstor Durán, Luis Miño, Armando Niz y Rubén Benítez) sí apelaron. La sorpresa fue la apelación de Garfunkel, que es querellante, a través de su abogado Pablo Lanusse. Salvo casos muy excepcionales donde se demuestre un daño irreparable, las querellas no están habilitas para apelar procesamientos, como lo dice el Código Procesal en dos artículos (311 y 432). Así se vio en un caso reciente que tuvo gran repercusión: el del policía Luis Chocobar, acusado del homicidio de Pablo Kukoc, donde a la familia del chico le negaron la posibilidad de cuestionar los términos del procesamiento de primera instancia. En el caso de la madre de Nisman, el juez le dio vía libre para ir a la Cámara sin debatir esa cuestión y la Cámara admitió que planteen sus razones en una audiencia que se hará hoy. La defensa del técnico tiene pocas opciones, pero plantearía que ese recurso estuvo mal concedido.

Por escrito, el abogado Lanusse cuestionó la “base fáctica” que tuvo en cuenta el juez. Sostuvo que Ercolini hizo un análisis fragmentado y que sospecha que Nisman habría sido “objeto de espionaje y monitoreo” ya antes de hacer la denuncia contra CFK y Héctor Timerman, que existía una intención de “neutralizarlo” y que finalmente para eso, según su teoría, “se decidió, planificó y ejecutó su magnicidio”. Su teoría es que hubo “zona liberada” y que se habría armado una “escena de suicidio”. Aunque no desarrolla cuáles son las pruebas de tamaña afirmación, dice que hubo un “plan emanado de autoridades superiores” con conocimiento de los custodios y participación de Lagomarsino. Pero reclama investigar no sólo a CFK sino también a ex agentes de inteligencia y al ex jefe del Ejército César Milani, Quebracho, los jefes policiales y también al juez Rafecas, que desestimó la denuncia de Nisman porque consideraba que no había ningún delito en juego, y al fiscal de Casación Javier De Luca, en igual posición. Los muestra como si hubieran estado todos confabulados.

Vale recordar: Nisman hablaba del pacto con Irán (que apostaba a lograr la indagatoria de los iraníes sospechoso del ataque a la AMIA) como si hubiera sido un delito en sí mismo, pese a que lo votó el Congreso; también decía que el objetivo era levantar las alertas rojas contra  los iraníes, algo que el ex secretario de Interpol, Ronald Noble, se cansó de desmentir: nunca perdieron vigencia y nadie intentó levantarlas. Pero Noble jamás fue convocado a testificar.

Lanusse también se aferra a un fallo de la propia Sala II (Martín Irurzun y Eduardo Farah) que al confirmar los procesamientos y detenciones por la causa del Memorándum (desde la ex presidenta hasta Zannini) establece una conexión entre la denuncia de Nisman y su muerte, que señala como homicidio. A esa altura, ya nadie se acordaba que hubo varios jueces y juristas reconocidos que dijeron que en la denuncia del fiscal fallecido no había delito y que durante el primer año de investigación de la muerte todos los peritajes descartaban que lo hubieran matado. El cambio de gobierno fue bisagra.