Los partidos independentistas catalanes dijeron ayer estar cerca de cerrar un acuerdo de gobierno: elegirían como presidente al líder preso Jordi Sánchez. No obstante, la oposición advirtió que esa posibilidad puede ser inviable y que prolongará la crisis política e institucional en la que está sumida Cataluña.
“Somos optimistas sobre la posibilidad de conseguir un acuerdo en las próximas horas o días”, dijo en conferencia de prensa Sergi Sabriá, el vocero de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Sabriá espera que el acto de investidura se celebre la próxima semana.
El plan inicial de los independentistas, que podría verse alterado, era presentar el acuerdo hoy, un día antes del pleno convocado por el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent. La convocatoria se llamó ante la exigencia de la oposición de que se celebre un debate para desbloquear la parálisis en la que se encuentra Cataluña.
Hace más de un mes, Torrent aplazó de forma indefinida la investidura del ex presidente Carles Puigdemont. El Tribunal Constitucional había prohibido que se hiciera a distancia, lo que impedía su reelección, debido a que el líder secesionista se encuentra en Bélgica huido de la Justicia. Desde entonces, las tres fuerzas independentistas -Junts per Catalunya (JxCat), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP)- negocian una fórmula que, en sus propias palabras, permita legitimar a Puigdemont en Bruselas, y a la vez tener un gobierno efectivo en Cataluña.
ERC defendía la elección de un candidato a Presidente que estuviese libre de causas judiciales, un requisito que no cumple Sánchez, quien se encuentra en prisión preventiva desde octubre del año pasado por su papel en el frustrado proceso de secesión catalán.
Sin embargo, Sabriá defendió ayer el derecho de Sánchez a ser elegido presidente pese a estar encarcelado. Sin embargo, no quiso confirmar su candidatura ni valoró su idoneidad para suceder a Puigdemont, ya que ERC espera que sea el propio ex presidente quien anuncie que da un paso al costado. En cambio, el diputado de ERC sí anunció que su partido votará mañana a favor de la resolución de Junts per Catalunya con la que se busca ratificar la confianza del parlamento catalán a Puigdemont como presidente, cosa que pretende ser un aval simbólico previo a su renuncia a favor de Sánchez.
Sánchez es el número dos de JxCat, la candidatura electoral encabezada por Puigdemont en las elecciones catalanas del 21 de diciembre pasado. En dichos comicios, ambos fueron electos diputados. El Tribunal Supremo investiga al ex presidente catalán Puigdemont y todo su gobierno por el proceso independentista ilegal de 2017. Sánchez permanece encarcelado provisionalmente como sospechoso de sedición por el asedio que la Guardia Civil española sufrió en una operación para impedir el referéndum de autodeterminación del 1º de octubre pasado, cuando era presidente de la organización independentista Asamblea Nacional Catalana.
Para que Sánchez sea elegido al frente del Ejecutivo regional, el Tribunal Supremo debe autorizar su salida de la cárcel para asistir al acto de investidura o que asuma a distancia, un criterio que chocaría con el Tribunal Constitucional, que denegó a Puigdemont esa posibilidad. Por otro lado, el juez que investiga la causa contra los secesionistas catalanes ya denegó en varias ocasiones la salida de prisión a Sánchez y al ex vicepresidente Oriol Junqueras, a quienes también impuso restricciones en términos de participación política ante el riesgo de reiteración delictiva.
Existe un precedente de un preso de ETA, Juan Carlos Yoldi, que en 1987, estando en prisión preventiva, obtuvo un permiso penitenciario para asistir como candidato de la izquierda independentista a una sesión de investidura que perdería ante José Antonio Ardanza, del Partido Nacionalista Vasco (PNV), quien tenía asegurado el cargo gracias al apoyo de los socialistas.
No obstante, en el caso de que Sánchez accediera al cargo, la duda es si podría mantenerse, puesto que sobre él pesa una amenaza de inhabilitación inminente, que podría concretarse si se hace firme el procesamiento en contra por sedición.
Asimismo, todavía no se despejó la incógnita de si el vicepresidente será otra vez Junqueras, quien también está en prisión, o su número dos en ERC, Marta Rovira, que se encuentra procesada y en libertad bajo fianza. Ambos también serían inhabilitados si avanza la causa.
Los planes de los independentistas indignaron a la líder de la oposición catalana, Inés Arrimadas, quien reclamó a Torrent que ponga fin al bloqueo y presente un candidato a la Presidencia que pueda defender sus ideas dentro de la legalidad. “Nos tenemos que poner en un escenario de una persona que está imputada, y que impidió la labor de la Justicia”, dijo Arrimadas en conferencia de prensa en el parlamento regional. “Ahora mismo no se puede presentar nadie. Y tampoco podemos ganar la investidura por una ley electoral injusta”, añadió Arrimadas, quien obtuvo la victoria en las elecciones del 21 de diciembre, pero sin chances de gobernar ya que los independentista revalidaron su mayoría absoluta.
En este marco, el Ejecutivo de Mariano Rajoy también se mostró en contra de la investidura de Sánchez. “Es inimaginable pensar en un presidente de un gobierno autonómico que está huido de la justicia y fuera de España y también es difícil pensar en un presidente de una comunidad que esté en prisión y no puede ejercer sus funciones”, manifestó el ministro de Justicia español, Rafael Catalá a la prensa en Cuenca.
El pacto entre las fuerzas independentistas se desbloqueó al hacerse ERC con el control de los medios públicos catalanes, de acuerdo con la prensa española. Sin embargo, persisten las diferencias respecto a la “Hoja de Ruta” que deberá seguir el nuevo gobierno y un último escollo en relación con el proceso constituyente que pretenden llevar a cabo los secesionistas y que quiere dirigir Puigdemont desde Bruselas, algo que rechazan tanto ERC como la CUP.