El bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ presentará un proyecto de resolución para que se cite al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, el juez federal Ariel Lijo, el titular de la Dirección de Captación de Comunicaciones (Dicon) del Poder Judicial, Martín Irurzun, el fiscal Guillermo Marijuan y el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, para dar explicaciones ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso, por la difusión de llamados telefónicos entre la senadora Cristina Fernández de Kirchner y el ex funcionario Oscar Parrilli. 

Según el texto del proyecto, las escuchas telefónicas también involucran a otros interlocutores de Oscar Parrilli del ámbito político, social y empresario, e incluso a legisladores del propio Parlamento. “Las grabaciones se llevaron adelante por casi 180 días. Hay infinidad de horas y esas cintas no fueron destruidas, es decir que alguien las puede usar como herramienta de extorsión”, sostuvo en diálogo con PáginaI12 el autor del proyecto, el diputado Leopoldo Moreau, quien además destacó que “no hay antecedentes de una maniobra de espionaje político de esta naturaleza, en el ámbito de la Corte Suprema”.

El escrito, que se presentará formalmente mañana luego de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, se propone “dilucidar las responsabilidades de quienes abrieron el camino a la filtración del contenido de conversaciones telefónicas de una ex presidenta de la Nación en franca violación de principios constitucionales y con severa afectación a normas del Estado de Derecho y del régimen democrático”. Se les solicitará a los funcionarios que den cuenta de cuántas precausas –investigaciones secretas que inicia la AFI por su cuenta– se realizaron en los últimos tres años, cuál fue su destino y el de las grabaciones que se ordenaron, además de explicar por qué no se cumplió con el deber de destruir las cintas que generaron la filtración.

“Los citamos por su responsabilidad funcional, porque debieron guardar el secreto de esas escuchas y garantizado su cadena de custodia”, aseguró Moreau, y resaltó que el hecho también demuestra “que está en riesgo incluso la propia seguridad nacional, porque si se filtran escuchas de esta naturaleza, pueden filtrarse de cualquier tipo”. 

La filtración “no sólo constituye espionaje ilegal sobre una ex presidenta sino que se extiende como un mensaje mafioso al conjunto del sistema político, opositor o no, advirtiendo que las grabaciones que de este modo se obtienen pueden exponer a cualquiera frente a la opinión pública”, asegura el escrito que está respaldado con las firmas del presidente de la bancada, Agustín Rossi, y numerosos diputados del bloque.

Además, plantea que la citación podría clarificar si existe un proyecto destinado a ampliar las facultades del área encargada de interceptar comunicaciones, ya que asegura que “ha llegado a nuestro conocimiento que la Corte Suprema estaría promoviendo que la Dicon absorba informaciones de otras agencias estatales, como por ejemplo de la AFIP, con el objeto de constituir un ámbito de control amplio e irrestricto de los ciudadanos, burlando, grave y peligrosamente, las facultades que las normas constitucionales y legales le otorgan, en el marco de la división de poderes, a la Corte Suprema de Justicia”. El escrito también llama la atención sobre el hecho de que, en paralelo a la primera difusión de las escuchas, el 14 de febrero de 2017, el Poder Ejecutivo extendió a través de un decreto el mandato de los titulares de la Dicon.