La querella de Sara Garfunkel, la madre de Alberto Nisman, consiguió que la Cámara Federal le diera una hora para explayarse (lo habitual son 15 minutos) en un alegato sobre la muerte del fiscal e involucrar a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros ex funcionarios. Según el planteo del abogado de la mujer, Pablo Lanusse, no alcanza con que el juez Julián Ercolini haya definido que el ex titular de la UFI AMIA fue asesinado y que haya procesado como partícipe a Diego Lagomarsino y como encubridores a cuatro policías. Su reclamo es que se investiguen más hechos ya que, según su teoría, existe un “por qué y un para qué lo mataron” que resume en que “denunció a la ex presidenta y querían callarlo”. Como informó PáginaI12 ese es el planteo que el gobierno de Cambiemos anhelaba que entrara en el foco de la discusión judicial, a tono con la derecha internacional y sectores de la dirigencia judía. La defensa de Lagomarsino no había apelado porque quiere un juicio oral pronto. Ayer, su abogado, Gabriel Palmeiro, se presentó en la audiencia para plantear que la querella no está habilitada para apelar los procesamientos y le criticó que, si bien habla de ampliar la “base fáctica” de la causa, sólo quiere relacionar la muerte con el Memorándum con Irán, pero, por ejemplo, excluye la investigación sobre las cuentas de Nisman en el exterior, donde la propia Garfunkel está bajo la lupa.

Un recorrido por la causa muestra que siempre hubo voces interesadas en vincular la muerte de Nisman con la ex presidenta. De hecho, a pesar de que todos los peritajes y estudios del primer año de investigación señalaban que no había ninguna evidencia para hablar de “homicidio”, el expediente fue cambiando de tónica, en especial desde que reapareció Antonio “Jaime” Stiuso en Argentina y declaró durante todo un día, apuntó a CFK –que lo había desplazado de la ex Side– y eso sirvió para que el caso terminara pasando a Comodoro Py por orden de la Corte Suprema. Todo fue grotesco: el sorteo del expediente le tocó a Sebastián Casanello pero justo hubo una falla en el sistema y se volvió a hacer: ahí le tocó a Ercolini. Cuando mandó a hacer un peritaje a Gendarmería, el diario Clarín anunció el resultado antes de que empezara: los peritos (inexpertos en autopsias, por cierto) concluirían que a Nisman lo asesinaron. Y así fue. Con eso el fiscal Eduardo Taiano y Ercolini procesaron a Lagomarsino –dueño del arma de la que salió la bala mortal, quien declaró que el fiscal se la había pedido por seguridad– y los cuatro policías que lo custodiaban. No dijeron nada sobre el asesinato: quién lo cometió, cómo entró y salió el supuesto criminal, con qué logística...

La audiencia de ayer es una síntesis de hacia dónde se intentó arrastrar la causa. Debió ser la audiencia de apelación de los policías, que presentaron escritos, pero fue un duelo entre la querella de la madre del fiscal fallecido y la defensa de Lagomarsino. Este último quiere un juicio rápido, y por eso no había apelado. Garfunkel pretende que la investigación se amplíe y alcance a CFK, ex funcionarios, ex agentes de Inteligencia, el ex jefe del Ejército César Milani y hasta el juez Daniel Rafecas, el primero en archivar la denuncia de Nisman, fallo luego ratificado por la Sala I de la Cámara. En esta oportunidad interviene la Sala II, con los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, fogoneros de prisiones preventivas de ex funcionarios y –destacó Lanusse– los primeros en deslizar una supuesta relación entre la muerte de Nisman y su denuncia.

El abogado de Lagomarsino advirtió que la querella no tiene facultades para apelar los procesamientos y tampoco puede pretender un cambio de calificación. Palmeiro recordó que el Código Procesal solo permite que los procesamientos los apelen la fiscalía y la defensa. Señaló que en el fuero ordinario se aplica esa regla siempre. “La Cámara debería traer credibilidad a la Justicia”, reclamó y preguntó por qué el fuero federal (Comodoro Py) se maneja de manera tan distinta al resto.

Lanusse dijo que habría que agregar a la causa sobre la muerte otras dos:  la del memorándum y la conocida como “zona liberada”. La primera es la denuncia de Nisman que sostenía que el acuerdo con Irán era para desvincular a los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA, y por la que hay procesados por encubrimiento, como CFK, y presos como Carlos Zannini y Luis D’Elía. Todo pese a que el ex titular de Interpol aclaró que nunca se levantaron (ni hubo intención) las alertas rojas. La segunda es una causa contra la fiscal Viviana Fein, que investigó la muerte de Nisman, el ex secretario de Seguridad Sergio Berni y Milani, entre otros, por irregularidades. El abogado pidió que a Lagomarsino y los policías se los vuelva a indagar bajo otra óptica. El abogado del técnico le cuestionó que en su base fáctica no incluyera otra causa clave, a cargo de Claudio Bonadio, por las cuentas de Nisman en Nueva York y Uruguay (por las que Garfunkel, su hija y el propio Lagomarsino están en la mira), que incluso un camarista del fuero ordinario, Mario Filozof, sugirió analizar a la luz de un posible “móvil económico” de la muerte del fiscal.