Casi dos horas habló ayer Facundo Jones Huala en su segundo juicio de extradición y se dirigió a todos. “Si les queda algo de humanidad les hablo a las fuerzas de seguridad, no sigan reprimiendo después de lo que pasó con Rafael Nahuel y Santiago Maldonado”. El lonko de la comunidad mapuche en Resistencia de Cushamen conocía al “peñi Rafael” y se le quebró la voz al nombrarlo. “Usted tiene responsabilidad en su muerte, no era necesaria esa violencia irracional. ¿Por qué no reprimieron con balas de goma? Porque es más fácil matar”, dijo mirando al juez federal Gustavo Villanueva. “El asesinato de Santiago es un crimen de Estado, como lo fue el del mapuche Matías Catrileo y de tantos otros. No le tengo miedo a las balas, a los once años conocí un calabozo por ser pobre y mapuche, porque afeábamos está ciudad”, dijo al tiempo que mencionó “la impunidad de la que gozan sus asesinos materiales y políticos”, y en ese marco identificó el juicio como un capítulo más en esa dinámica criminal estatal.

“Dicen que somos terroristas. Si somos terroristas, ¿dónde están los muertos? Los muertos los ponemos nosotros. Acá no hay terrorismo, acá hay un pueblo harto que se defiende con lo que puede, con ese arsenal que mostraron cuando desaparecieron a Maldonado: palas, machetes, motosierras, herramientas de trabajo, ese es nuestro arsenal. Si esto no es un juicio político, ¿qué es?”, se preguntó Jones Huala, acusado de un incendio intencional en la localidad chilena de Pisu Pisue por el cual sería extraditado si así lo define el juez Villanueva el 3 de marzo.

“La mano de obra barata mapuche construyó este gimnasio”, dijo en una parte de su declaración que, como había anticipado, fue un alegato político, al referirse al lugar donde se realizó la audiencia. El lonko de la Pu Lof está acusado en un caso en el cual todos los imputados chilenos fueron absueltos por falta de pruebas. Su primer juicio de extradición fue anulado porque se comprobaron torturas a testigos, pero aún así Villanueva lo mantuvo preso desde el 27 de junio. 

En cercanías del Gimnasio Municipal 3 de Bariloche se concentraban en un acampe diversas organizaciones de las comunidades mapuche de la comarca andina, custodiadas por Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal. A la audiencia ingresó una delegación mapuche, Isabel Huala y la tía de Rafael Nahuel, el joven asesinado por la espalda a manos de la Prefectura Naval el 25 de noviembre en Villa Mascardi, cerca de Bariloche. Hasta esa ciudad viajó la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas, la hija de desaparecidos y miembro del CeProDH, Alejandrina Barry, Margarita Cruz de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Maria Elena Naddeo y Gisela Cardozo de la APDH, Graciela Rosenblum de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y miembros de La Gremial de Abogados de la región, entre otros. Por presión de los organismos, el magistrado dejó ingresar a todos los periodistas y la audiencia pudo ser transmitida por la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA).

La defensa de Jones Huala remarcó la “evidente intencionalidad y persecución política en este proceso, que busca judicializar y criminalizar la lucha de la comunidad mapuche de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen”. Así, la abogada Sonia Ivanoff solicitó que se incorpore como prueba el convenio contra la “insurgencia” de la RAM entre la Nación y las provincias patagónicas, para demostrar el carácter político de la causa. La fiscalía lo rechazó aludiendo que “no está en juicio la intención del gobierno de la Argentina, sino un proceso iniciado por la justicia chilena”.

Jones Huala se enojó al mencionar lo que llamó un ejemplo de colonialismo en la cabeza de algunas personas. “La fiscal Silvina Ávila me dijo ‘soy tehuelche, nosotros estábamos antes que ustedes’, en vez de decir somos hermanos”, declaró el lonko. “Expulsaron de Chile a mi hermana Luciana Jaramillo y a Romina Rosa, la policía de Villa La Angostura hizo un perfil ideológico mío, se meten ilegalmente en la vida de las personas”, dijo mostrando fotos de una marcha que no le permitieron exponer como prueba. 

Con camisa a rayas, poncho y su vincha en la cabeza, acusó al juez federal Guido Otranto por la desaparición de Santiago Maldonado. Jones Huala también habló a su gente. “No se amedrenten, somos la nación mapuche que puede convivir con el Estado, pero si desde el Estado no son capaces de conversar el conflicto va a seguir, vamos a seguir reivindicando el derecho a la autodefensa, es la rebelión de los más pobres entre los pobres que están en Chile y también de este lado de la cordillera”.

Las razones de fondo siguen siendo las mismas que hace dos siglos atrás. “Necesitamos la tierra, nos estamos muriendo de hambre, viene una nevada o una sequía, imagínense si los ricos están chillando nosotros tanto peor con nuestras chivas flacas. Si no fue un montaje de los servicios de inteligencia, el caso Pisu Pisue fue una recuperación de esas tierras, a los peñi les quemaron los teléfonos y los damnificados fueron resarcidos. Ataquen nomás, el vuelto no va a ser en caramelos, la historia nos absolverá”, cerró parafraseando a Fidel Castro cuando fue enjuiciado en 1953 por el asalto al cuartel de Moncada.