Hugo y Pablo Moyano fueron imputados ayer por presunto lavado de dinero tanto en el manejo del club Independiente como también por contrataciones e inscripción de empresas por parte del gremio de camioneros. Lo realizó la fiscal federal de Quilmes, Silvia Cavallo, a partir de las declaraciones realizadas por el barrabrava detenido, Pablo “Bebote” Alvarez, y Daniel Lagaronne. No es la única porque ayer también en Córdoba se abrió otra causa también por lavado de activos y por una supuesta defraudación en la compra-venta de inmuebles. Sin embargo, para el abogado de los Moyano, Daniel Llermanos, estas novedades judiciales no generaron preocupación entre los dirigentes sindicales “porque no tienen asidero”.
La causa que lleva adelante Cavallo es un desprendimiento de la que se sustancia en Lomas de Zamora por asociación ilícita y que tiene a Alvarez y Lagardonne detenidos. Pero a partir de sus declaraciones, sobre todo la de Alvarez cuando dijo que los Moyano “extorsionaban” a empresas de distintos rubros utilizando al Club Independiente para “lavar y blanquear dinero” con la empresa Aconra, se inició otro proceso judicial.
El requerimiento de instrucción dice que “por el momento se encuentran imputados”, además de Hugo y Pablo Moyano, el secretario general de Independiente, Héctor “Yoyo” Maldonado, los directivos de Aconra SA “sin perjuicio que con el avance de la investigación recaiga imputación penal en otros directivos y/o personas”.
En su escrito, la fiscal Cavallo señaló que tanto los Moyano como Maldonado montaron una estructura dentro del club “destinada a cometer delitos y lavado dinero de las formas más variadas, entre las que se destacan la contratación de los servicios de la empresa de turismo `Martín Tur´, sobrefacturando los viajes del equipo al interior y exterior”. También los acusó de extorsionar a “empresas de diversos rubros para terminar obras del Club Independiente” y de promover el “posterior blanqueo de dinero por intermedio de las firmas vinculadas con la cónyuge de Hugo Moyano (Aconra SA)”. Por otra parte, también describe que “esta asociación delictual” se expresaba a través de la contratación de la Panadería del Valle para que realizara una serie de servicios de catering que se pagaba pero que nunca se concretaba. Incluso describió la utilización de la financiera Global Finanzas SA “a donde va dirigido el dinero obtenido de la reventa ilegal de entradas y/o de los pases de los jugadores, siendo que uno de sus dueños también sería directivo del club”. La fiscal, por último, solicitó la realización de 13 medidas de prueba de corte patrimonial con el objetivo de constatar la supuesta comisión de los delitos investigados.
A pesar de todos esos datos, para Llermanos la causa no tiene otro destino que el archivo porque está sustentada en la declaración de Bebote Alvarez. Incluso advirtió que esa declaración “es ilegítima porque lo hizo a partir de que le prometieron beneficios procesales”. Llermanos señaló que “Bebote está siendo objeto de fuertes presiones. No es fácil soportar ese tormento que realizan sectores que anhelan la cabeza de Moyano que fue quien se hizo cargo de Independiente, lo sacó del pasivo feroz que tenía, disminuyendo su deuda, comprando y vendiendo jugadores para convertirlo en un equipo competitivo y lejos de vaciarlo lo lleno de dinero y deporte”, dijo. En cuanto a la causa de Córdoba, el abogado señaló que se abrió un expediente “a partir de un error de interpretación” en el valor de una propiedad que compró el sindicato por lo que Llermanos viajará a Córdoba “a aclarar todo”.