El impacto de la atención de los extranjeros no residentes en el presupuesto de salud es absolutamente ínfimo, ya sea en Jujuy o en la ciudad de Buenos Aires. Según datos oficiales, en 2016 hubo en todo el país 728.035 nacimientos y sólo el 0,03 por ciento eran hijos de madres con residencia habitual en el extranjero. En ese mismo año, en Jujuy, se registraron 14.028 egresos (internaciones) hospitalarios, de los cuales el 0,9 por ciento tenían residencia habitual en el extranjero. Y sólo 56 nacidos vivos en establecimientos públicos de la provincia tenían madres con residencia fuera del país, es decir, el 0,44. Estos datos, citados por la Fundación Soberanía Sanitaria, desmontan los argumentos invocados por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, para reclamar el arancelamiento del servicio de salud.
Morales justificó su proyecto de arancelar la atención en los hospitales públicos de la provincia para los extranjeros no residentes en la incidencia que la atención a esas personas tiene en el presupuesto de salud. Sus dichos fueron apoyados y defendidos por el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Pero los datos los contradicen. “Es obvio que no hay una incidencia real en ninguno de los dos distritos. Es cierto que hay extranjeras que vienen a parir acá, pero pagan atención privada. Entonces, tampoco ellas son una carga. Y no tenemos datos de cuántas jujeñas van a parir a Bolivia, por ejemplo”, señala Nicolás Kreplak, ex viceministro de salud y director de la Fundación. “En realidad –soostiene– nuestro país no es tan generoso en materia de atención de salud. Hay muchos residentes que se atienden en hospitales públicos, pero que no acceden a una cobertura de calidad, con el eje en la prevención. Son los trabajadores en negro, los trabajadores que no tienen acceso a la seguridad social aunque sean residentes permanentes. Ellos llegan a los tratamientos y a las cirugías en general de urgencia, no programadas. Entonces los costos son mayores. Y la recuperación es más lenta o en menor medida. Pero es nuestro sistema el que está en deuda, por tenerlos como trabajadores en negro”.
Embarazos y partos no fueron los únicos datos en los que se apoyó Morales para justificar la implementación de un seguro obligatorio al ingresar a la provincia, a fin de dar cobertura a eventuales atenciones, con la intención, confesa, de evitar utilizar parte del presupuesto sanitario local en la atención de estos pacientes. La medida se encuentra contemplada dentro del Plan Estratégico de Salud, impulsado por el gobierno provincial como un supuesto instrumento “para optimizar y hacer más eficiente” el sistema sanitario público provincial. Al explicarlo, el gobernador insistió en el problema presupuestario que se genera “por derivaciones para tratamientos prolongados y sumamente costosos” entre los que destacó los trasplantes, las cirugías con prótesis y los tratamientos para enfermedades crónicas como diabetes y VIH o con medicación de alto costo, como las drogas oncológicas.
Los datos otra vez son mentirosos. Según la normativa del Incucai, para estar anotado en la lista de receptores de órganos hay que ser residente permanente en el país. No hay inscripción de extranjeros que necesiten trasplantes. “Hay algunas escasas excepciones (los casos de trasplante con donante vivo), pero no hay ningún caso en el país”, explica Kreplak. Según el informe de Soberanía Sanitaria, “se entiende que en nuestro país el trasplante de órganos es un servicio de salud que sólo se les brinda a los extranjeros que tengan la residencia permanente y quienes tengan la residencia transitoria solo podrán acceder a transplante de tipo ‘donante vivo relacionado’(donación de riñones, médula o partes del hígado entre familiares vivos compatibles genéticamente) si consiguen la debida autorización de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM)”. El informe hace hincapié en que en estos casos, quienes tengan la residencia transitoria y logren la debida autorización por la DNM, no podrán acceder a los órganos cadavéricos que procura el Incucai. Esto desvirtúa, entonces, la incidencia que los trasplantes a extranjeros no residentes tienen en el sistema de salud.
En lo tocante al otorgamiento de medicación, Kreplak detalla: “Para recibir medicación para enfermedades crónicas, por ejemplo diabetes, o de alto costo, como la medicación para tratamientos oncológicos, es necesario presentar el DNI; es decir, es necesario ser nativo o extranjero con residencia permanente. No se entrega medicación de ese tipo a los que no tengan la residencia. La única excepción a eso, pero la cantidad de casos es irrelevante, tiene que ver con la medicación para el VIH. Los movimientos de personas con VIH desarrollaron un aspecto mucho más internacionalista, y entonces consiguieron que los que necesitan esa medicación la reciban. Pero eso pasa en todas partes, hay reciprocidad entre los países”.
A partir de los datos, el informe asegura que se puede concluir que no es significativo el gasto que realiza el sistema público de salud en personas sin residencia en el país. Por eso hay que pensar que existen otras razones que llevan a las administraciones provinciales y nacional a proponer una discusión sobre cómo se financia el sistema de salud.
En lo que se refiere a las razones reales para estos planteos, Kreplak cuenta: “Hace once años que trabajo como médico en el Hospital Ramos Mejía, un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires. Apenas entré como residente, empecé a oír cosas sobre los ‘tours de salud’. Recuerdo que médicos más veteranos insistían en los ‘micros llenos de paraguayos y chilenos que vienen a atenderse acá’. En los once años que hace que trabajo ahí, no apareció ningún tour, ningún contingente de extranjeros que viajaran especialmente a atenderse. Hubo sí, por supuesto, extranjeros que atendimos, pero nunca un grupo. Así que se usa a los extranjeros como excusa desde hace mucho. Los problemas del sistema de salud tienen que ver con otras cuestiones, como por ejemplo la incidencia de los medicamentos en el presupuesto. El desfinanciamiento de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos es una de las causas, porque nuestro país usa entre el 25 y el 30 por ciento del presupuesto en los medicamentos, mientras que en los países desarrollados se lleva entre el 9 y el 10 por ciento”.
Y concluyó: “El programa de salud que quieren implementar es muy parecido al que funciona en Chile y Colombia. Y muy distinto del que tienen Brasil o Bolivia. La diferencia fundamental es que quieren, como dicen ellos, ‘subsidiar la demanda’. Por ejemplo, a mí me pagan de acuerdo a una cierta cantidad de horas, unas ciertas condiciones de trabajo. Pero no importa si un día atiendo treinta pacientes y al otro son setenta. Quieren llevar el sistema a pagar por la cantidad de prestaciones”.
