El presidente Mauricio Macri aseguró durante la apertura de sesiones en el Congreso que promoverá una ley para permitir la difusión de los resultados de las evaluaciones de calidad educativa de cada escuela. Los gremios docentes rechazaron la iniciativa, porque consideran que llevaría a la estigmatización de instituciones, alumnos y maestros –a partir del desconocimiento de las diferentes situaciones socioeconómicas– y a la mercantilización –con premios y castigos según sean los resultados–.

Hoy, la Ley Nacional de Educación prohíbe que se publiquen los resultados de las pruebas a que son sometidas las escuelas: “La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los/as alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la materia”, indica la norma. 

Pero Macri consideró que este impedimento “no tiene sentido”, habló de “transparencia” y reclamó avances “para cambiar esta norma” y “mejorar a partir de la verdad”. Los docentes no coinciden y señalan que es un paso más en la “mercantilización de la educación” que se da a partir de la búsqueda de la estandarización sin tener en cuenta la diversidad. Apuntan que una medida de este tipo iría en contra de una evaluación educativa integral, que debe tener en cuenta el contexto socioeconómico de cada escuela, en línea con lo planteado por el artículo 97 de la ley vigente. 

“A partir de una medición estandarizada no podés concluir que una escuela es mejor que otra. Nosotros damos clases a chicos que corren sobre el asfalto y a chicos que corren descalzos sobre el empedrado. Entonces, no se puede evaluar de la misma forma y decir que los alumnos de los primeros son mejores, porque capaz que los segundos se están esforzando mucho más”, señaló a PáginaI12 Eduardo López, dirigente de UTE. 

En el mismo sentido se manifestó Miguel Duhalde, secretario de Educación de Ctera, quien además advirtió que desde la central docente están en contra de un sistema de evaluación de este tipo porque desemboca en la “condena pública”.

En Chile se probó un sistema similar, el llamado “semáforo”, una herramienta de información que permitía identificar la calidad de los colegios. Se hizo con el objetivo de que los padres pudieran optar por un mejor establecimiento para sus hijos, pero al final la práctica evidenció que la mayoría de los alumnos de colegios con malos resultados respondían a las comunas más populares. Eso es lo que teme Duhalde que suceda en el país, lo que podría desencadenar en un camino a la “discriminación”. “Un ránking de este tipo servirá para estigmatizar. Representa la condena pública a las escuelas que tienen distintos problemas y por un simple número que saquen en un instrumento de evaluación quedarán marcadas como ‘la mejor’ y ‘la peor’”.

No es la primera vez que los docentes tienen que salir a aclarar que la educación sólo debe ser entendida en la integralidad. El propio Presidente ya había planteado la necesidad de hacer públicos los resultados de las evaluaciones. Fue en 2016, cuando anunció el llamado “Plan Maestro”, que nunca presentó formalmente ni sometió a debate en el Congreso. “La supuesta solución al problema de la mala calidad educativa era ese Plan Maestro que hace agua por todos lados. Lo que planificaron para mejorar ni siquiera lo llevaron adelante y ahora lo reducen a un mero artículo”, se quejó Duhalde.

El paso previo para la estandarización fue dado en 2016 y 2017, cuando el Ministerio de Educación de la Nación impulsó el Operativo Aprender. En ese momento, los maestros rechazaron la concepción de evaluación educativa sobre la que se instrumentó el operativo y también su forma de aplicación. “Es lo mismo, sólo piensan en evaluar y no en mejorar las condiciones de educación. Toman medidas de ajuste no sólo respecto al salario, porque también cierran escuelas, todo en pos de precarizar”, subrayó Duhalde, quien inscribió la situación en el contexto más amplio de las políticas educativas del Gobierno.