Desde Barcelona
Horas después de que el Parlamento catalán ratificara su legitimidad como candidato a ser reelegido president, Carles Puigdemont envió un mensaje de video desde Bruselas anunciando que no acepta el cargo y que en su lugar se presentará el número dos de su lista, Jordi Sánchez, preso en Madrid desde hace cuatro meses por su vinculación con el referéndum soberanista del 1 de octubre. El ex mandatario le pidió ayer mismo al presidente del Parlament, Roger Torrent, que inicie “lo antes posible la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para proceder a la elección un nuevo candidato a la presidencia de un Govern autonómico”, para lo cual su partido propondrá al ex presidente de la asociación independentista Assemblea Nacional Catalana (ANC), “un hombre de paz, injustamente encerrado en una cárcel española”, según lo describió Puigdemont en su grabación.
El president cesado a través del artículo 155 que el gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha tras la declaración unilateral de la independencia del 27 de octubre también quiso dejar claro con su mensaje que su actividad en torno al “procés” secesionista seguirá en marcha desde Bruselas, mediante el autodenominado “Consell per la República”, un órgano de seis integrantes y una asamblea de electos independentistas que funcionaría en paralelo a la Generalitat en Cataluña.
Sin embargo, para que los planes de Carles Puigdemont se materialicen todavía habrá que esperar la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que lleva la causa por rebelión y sedición de los ex miembros del Govern, porque de él depende que Jordi Sánchez pueda o no salir de la cárcel de Soto del Real para presentarse al pleno de investidura, algo que en la truncada sesión de enero no hizo con el resto de reclusos imputados a raíz del “procés”.
Este jueves por la mañana el Parlamento catalán ya había allanado el camino para “el paso al costado” de Puigdemont con una resolución que ratificaba su legitimidad como candidato y exigía que el Gobierno español “cesara las injerencias” sobre el Poder Judicial para impedir que “la voluntad democrática legítimamente expresada en el referéndum de autodeterminación de Cataluña del 1 de octubre” se materialice. Ayer la Cámara de la norteña región aprobó la propuesta de resolución presentada por el partido del ex president, Junts Per Catalunya (JxCat) –y acordada con las otras dos fuerzas independentistas, CUP y Esquerra Republicana (ERC)– para denunciar la “destitución ilegal e ilegítima” de Carles Puigdemont al mando de la Generalitat y avalar el referéndum de autodeterminación celebrado en octubre en medio de una fuerte represión policial.
La mayoría independentista que conforma el Parlamento catalán tras las elecciones del 21 de diciembre incluyó también en la resolución la denuncia de la intervención del Gobierno autonómico por la vía del artículo 155, considerando que su aplicación “vulnera los derechos fundamentales de los catalanes”. Según el texto, el independentismo es víctima de una “represión generalizada del Estado español, que se ejerce mediante una causa general contra Cataluña”. El acuerdo para la aprobación de estas reivindicaciones fue absoluto dentro del bloque secesionista; sin embargo, las discrepancias aparecieron en torno a la enmienda propuesta por el sector más radical –la CUP– que pretendía reafirmar la declaración de independencia unilateral del pasado 27 de octubre. A última hora, los tres partidos hicieron las modificaciones necesarias para no incluir la ratificación de la declaración de independencia que acabó con la suspensión del autogobierno por parte del Estado español y que ayer, de ser nuevamente defendida, hubiera desembocado en una reacción de la Fiscalía Nacional, tal como avisó el propio Ministerio Público antes de que empezara el Pleno.
Mientras los diputados independentistas conseguían ayer con esta reafirmación de la legitimidad de la presidencia de Puigdemont poner un ladrillo más en la dificultosa construcción del proyecto común entre sus tres partidos, la oposición también se fortificaba en su lucha por acabar cuanto antes con el proceso de secesión y arrancar una nueva legislatura en Cataluña. Inés Arrimadas, número uno de la fuerza más votada en los comicios de diciembre, anunció que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional porque la Mesa del Parlament aceptó la votación del texto independentista pero no permitió que se debatiera su propuesta de reconsideración del mismo. “Basta de farsas. No solo nos insultan, nos ningunean, nos tienen al margen, y a sus propios votantes les mienten sobre una república catalana que no les van a dar”, profirió la líder de Ciudadanos durante el Pleno de este jueves en Barcelona.
También los socialistas acusaron de “engaño” a los independentistas. “Les pedimos que respeten el principio de la realidad”, alertó en el hemiciclo el líder del partido en Cataluña, Miquel Iceta. Tanto socialistas como los comuns –la formación de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y Podemos– reclaman un Govern efectivo encabezado por alguien sin causas judiciales abiertas y sin impedimentos para ejercer sus funciones de forma presencial. Xavier Domènech, el portavoz de Catalunya en Comú, insistió ayer que la opción de investir a Jordi Sánchez prolongaría el bloqueo en el que se encuentra Cataluña, sin gobierno a más de dos meses de haberse celebrado las elecciones.
Fue la semana pasada cuando empezó a cobrar forma el acuerdo entre las fuerzas secesionistas para desencallar la elección de presidente de la Generalitat, luego de que en enero el nuevo Jefe del Parlamento catalán, Roger Torrent, suspendiera indefinidamente el pleno de investidura al haber sido prohibida por el Tribunal Constitucional la intervención de Carles Puigdemont desde Bruselas. Esquerra Republicana, JxCat y la CUP pusieron finalmente sobre la mesa el nombre del ex presidente de la asociación independentista ANC, Jordi Sánchez, como posible sustituto de Puigdemont en el ejercicio efectivo de la dirección de la Generalitat. “Efectivo” en contraposición con el “simbólico” que llevaría a cabo el president cesado desde Bélgica, avalado por la resolución que ayer aprobó la mayoría secesionista del Parlamento regional.
La idea de que Jordi Sánchez- encarcelado en Madrid desde hace cuatro meses al igual que su colega Jordi Cuixart y los dos miembros del anterior Ejecutivo catalán, el ex vicepresidente, Oriol Junqueras, y el Conseller del Interior, Joaquín Forn- sea candidato a la investidura adquirió en los últimos días mayor consenso entre los independentistas y, al mismo tiempo, mayor rechazo por parte del bloque constitucionalista. “Encomendar tareas de gobierno a personas afectadas por un proceso judicial señalará una continuidad o una discontinuidad con respecto a la anterior legislatura. No tiene ningún sentido reeditar, aunque sea simbólicamente, una vía que ha fracasado”, advirtió ayer en la Cámara regional Miquel Iceta, primer secretario del Partido Socialista Catalán (PSC).
Más lejos aún fue el presidente español, Mariano Rajoy, en su rotunda negativa a la propuesta de los independentistas: “Es demencial. Lo que hay que hacer es elegir a una persona que esté en España, que no esté en la cárcel ni tenga cuentas pendientes con la justicia, y que se cumpla la ley”, dijo el jefe de Gobierno en una entrevista a la cadena televisiva Telecinco. También Rajoy arremetió contra la segunda iniciativa de crear el llamado “espacio libre en Bruselas”, desde donde Puigdemont busca seguir pilotando el “procés” independentista.
