Un año después de la peor masacre en comisarías bonaerenses, cuando siete jóvenes detenidos en la comisaría 1ª de Pergamino murieron carbonizados o envenenados por el gas que despedían los colchones quemados, los únicos gestos del gobierno bonaerense por resolver el caso y por evitar la crítica situación en que se encuentran 3200 presos en las 432 comisarías provinciales consistieron en ofrecer una recompensa por un prófugo en la causa y exonerar a los 6 uniformados procesados por el incendio. Claro, ambos gestos, recompensa y exoneración fueron decididas el 18 de enero pasado, casi un año después de la masacre. Hoy se realizará una marcha y se colocará una placa con los nombres de los siete jóvenes en la ex comisaría 1, que además ya había sido marcada como centro clandestino de detención. Mañana se realizarán actos y habrá bandas de música. “Queremos acercar a los jóvenes”, dijo a PáginaI12 Cristina Gramajo, madre de Sergio Filiberto, una de las víctimas. Gramajo se refiere a la prolongación de la memoria en las nuevas generaciones.

El 2 de marzo de 2017 tuvo lugar el peor incendio en comisarías bonaerenses, en el que murieron 7 de los 19 detenidos. El incendio se desató poco antes de las siete de la tarde, y tomó el sector de celdas luego de un reclamo de los detenidos porque al reingresar al encierro, en la celda 1 agregaron un joven: una celda –para darse una idea, no más grande que el living de un departamento de dos ambientes–, en la que debían convivir 6 jóvenes y a la que se agregaba el recién llegado. En ese escenario, la irritabilidad sería lo más lógico de esperar. Y si al living de 5 por 4 se agrega el tratamiento persistente de uniformados irritados por realizar tareas de custodia para los que no son contratados, la protesta es lo más obvio de esperar. La gomapluma es el objeto más inflamable con que cuentan los detenidos. El peligro del veneno que despega el humo podrían conocerlo como historia de los ámbitos de encierro. También el gobierno al seguir distribuyendo ese tipo de materiales. 

Trozos de colchón fueron arrojados prendidos más allá de las rejas. Como nadie acudió a apagarlo, las llamas tomaron unas sábanas y cortinas colgadas dentro de la celda y rápidamente transformaron el lugar en un infierno de gas venenoso y temperaturas que superaron los 500 grados.

Antes de llegar a ese estado, cuando los detenidos empezaron a descubrir que su protesta se transformaría en su tumba, comenzaron a mandar mensajes por celular a sus familias pidiendo socorro. Los bomberos llegaron después. Las familias se agolparon en la puerta de la comisaría.

Finalmente, murieron quemados o envenenados Sergio Filiberto, Federico Perrota, Edison Claros, Juan José Cabrera, Alan Córdoba, Franco Pizarro y Fernando Latorre. Los familiares se agruparon y comenzaron a reclamar con marchas que empezaron a conocerse en Pergamino como el reclamo de “Justicia x los 7”, que todos los 2 de cada mes marchan por sus hijos, hermanos o parejas. La mayor parte están representados por los abogados de la Comisión Provincial por la Memoria, Margarita Jarque y Carla Ocampo. El fiscal del caso es Néstor Mastorchio, y el juez César Solazzi.

En la causa fueron imputados por “abandono de persona seguida de muerte con múltiples víctimas” seis uniformados. El comisario Alberto Sebastián Donza, único prófugo; Alexis Eva Luna, jefe de turno y único detenido en prisión; Denis Guevara, auxiliar de turno; Braian Carrizo, que cumplía la función de imaginaria (encargado de la custodia de la celda); Matías Giuglietti, ayudante de imaginaria; y Sergio Rodas, ayudante de turno. Los cuatro últimos se encuentran con detención domiciliaria.

Este mes se supone que la causa estaría en condiciones de ser elevada a juicio oral. Recibir el apoyo del gobierno provincial, responsable del cuidado de los detenidos y por lo tanto de sus muertes, fue un calvario para los familiares. Hasta el 18 de enero pasado, es decir, durante 343 días, el gobierno sostuvo a los procesados y al prófugo dentro de la institución, por aquello de la presunción de inocencia –que no se cumplió con las 7 víctimas, también procesadas, ni se cumple con los 3200 presos repartidos en el resto del territorio provincial–, según datos provistos por el Cels y el Ciaj. 

“Cuatro veces vino (María Eugenia) Vidal a Pergamino, y nunca nos dio audiencia, hasta que la última vez que vino dijimos al intendente Javier Martínez (PRO) que si no nos conseguía una audiencia con la gobernadora íbamos a cortar la ruta –dijo Gramajo–. Cuando nos recibió Vidal nos dijo que no sabía nada, que no estaba enterada. Enseguida, el 18 de enero pasado, exoneraron a los seis policías y unos días después publicaron una recompensa de 300 mil y de 800 mil pesos para quien aportara datos de Donza”. 

Hoy, al cumplirse un año de la masacre de Pergamino, realizarán un acto en la ex comisaría 1ª con colocación de placa que llevará los nombres de las siete víctimas.

Mientras, el Cels y Ciaj informaron que siguen de cerca las medidas que supuestamente debería tomar el gobierno para reducir el pico histórico de presos en comisarías, después de una presentación de ambas ong, que permitió un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo platense. El fallo resolvió anular una resolución por la cual, el Ministerio de Seguridad habilitaba el hacinamiento en comisarías.