El anuncio de la inminente transformación de Campo de Mayo en un parque nacional fue uno de los puntos más polémicos del discurso con el que Mauricio Macri inauguró las sesiones legislativas en el Congreso. El Presidente no dio muchos detalles del proyecto así como tampoco hizo referencia al enorme peso simbólico que tiene la guarnición militar en la memoria reciente: en ese predio ubicado en la zona norte del conurbano bonaerense que está aún en manos del Ejército funcionaron al menos cuatro centros clandestinos de detención, nacieron bebés en cautiverio que luego fueron apropiados y despegaron vuelos de la muerte. Desde el Ejecutivo, el ministro Sergio Bergman confirmó la existencia de la iniciativa, que estarían trabajando en conjunto varias áreas y jurisdicciones. Los organismos de derechos humanos rechazaron la iniciativa y advirtieron que no fueron consultados.

Durante su discurso de ayer, Macri dijo que “una parte importante” de ese espacio, similar en tamaño a la Capital Federal, será destinado a su preservación como parque nacional, transformado para ese fin y abierto al público. Tampoco lo aclaró el ministro Bergman cuando confirmó que el proyecto existe, que lo vienen trabajando desde hace dos años con la cartera de Defensa, la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Claudio Avruj y autoridades bonaerenses. Según dijo, significará una “puesta en valor” para la provincia y generará puestos de trabajo. 

Campo de Mayo ocupa 8 mil hectáreas entre los partidos de San Miguel, San Martín, Hurlingham y Tigre. La cuestión que no mencionó ni Macri ni Bergman es que allí funcionaron por lo menos cuatro centros clandestinos de detención: El Campito, La Casita, el Hospital Militar, en donde además funcionó una maternidad clandestina, y la Cárcel –donde hoy gozan de prisión de privilegio la mayoría de los represores a cargo del Servicio Penitenciario Federal–. Además, fue un punto de despegue de vuelos de la muerte, estructura de terror en la que está implicado el Batallón de Aviación Militar 601 que tuvo asentamiento allí. 

A través de un comunicado, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, Hijos, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Buena Memoria, Memoria Histórica, Los 12 de la Santa Cruz, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el CELS expresaron su preocupación porque “una iniciativa tan vinculada a la garantía del proceso de Memoria, Verdad y Justicia no haya sido consultada con los familiares de las víctimas que pasaron por ese centro de tortura y muerte, que hoy el Presidente propone como espacio de esparcimiento”. “Una medida de este tipo no se puede tomar de forma inconsulta, sin participar a las víctimas”, apuntó Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, organismo querellante en por lo menos dos juicios relacionados con los secuestros, las torturas, los partos en cautiverio en el Hospital Militar y la apropiación de bebés en ese lugar. 

El abogado Pablo Llonto es representante de decenas de esas víctimas en la inmensa causa judicial que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo. Para él, la falta de consulta, pero sobre todo la falta de mención al valor simbólico de ese predio es “de mala fe y ensañamiento con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”. En ese sentido opinó también Adriana Taboada, referente de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte. “Es una provocación para cambiar el eje” del contexto en el que Macri inaugura su tercer año legislativo, apuntó. “Cerró diciembre con represión a movilizaciones populares masivas y abre marzo en un contexto de articulación de la oposición y un nivel de conflictividad social creciente. Para nosotros el impacto simbólico es muy fuerte”, añadió. 

Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), la abogada Alejandrina Barry ligó la iniciativa del Ejecutivo con el negacionismo. “Es una manera más de negar la memoria, la verdad, la justicia y avanzar sobre pruebas judiciales, porque Campo de Mayo es un lugar en el que existen todavía pruebas que se siguen investigando.” En ese sentido, Llonto sostuvo que la omisión del jefe de Estado “además de demostrar su verdadero costado político refleja el desconocimiento que él y de Avruj tienen de la situación judicial actual” del lugar. “Campo de Mayo es un espacio de prueba para juicios de lesa humanidad que están por venir, cualquier modificación puede entorpecer el testimonio fundamental de un sobreviviente”, evaluaron en el documento conjunto los organismos. 

“Nada se puede descartar que haya ocurrido en Campo de Mayo”, advirtió el abogado, quien remarcó que la “causa crece en número de víctimas e información” y recordó que el predio “fue uno de los lugares más cerrados hacia la memoria, la verdad y la justicia” cuando se retomó el proceso tras la caída de las leyes de impunidad. “Hoy hay una mirada nuestra distinta de la que teníamos hace varios años y tenemos una esperanza enorme por la cantidad de gente que se ha animado a hablar y la Justicia que en los últimos años le ha puesto esfuerzo. Lo que hace años era silencio hoy se ha convertido en grito”, concluyó.