La Corte Constitucional colombiana dio luz verde anoche a la Ley de Amnistía, parte fundamental del acuerdo de paz entre la desmovilizada guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano que da seguridad jurídica a los ex combatientes. El presidente de la Corte, Alejandro Linares, declaró en rueda de prensa en Bogotá que, a excepción de algunas modificaciones específicas que hicieron sobre varios puntos, se ha constatado que la gran mayoría de los artículos de la norma se ajustan a la Constitución.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, celebró la decisión de aprobar esa ley, “la primera de un conjunto de leyes que se aprobaron en la implementación del Acuerdo de Paz” que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC firmaron en 2016. Rivera reconoció el derecho de la Corte Constitucional de “modular esa sentencia” y establecer “una serie de condicionamientos” para garantizar “los derechos de las víctimas”.

Una de las modificaciones que estableció el alto tribunal colombiano fue declarar fuera de la amnistía el reclutamiento de menores de 18 años cometido después del 25 de junio de 2005, cuando los tratados internacionales suscritos por Colombia cambiaron el criterio de edad para considerarlo un crimen de lesa humanidad de los 15 a los 18 años.

Además, la Corte también estableció como condición ineludible que los ex guerrilleros colaboren con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en contar la verdad sobre sus crímenes para poder acogerse a la amnistía.

La Ley de Amnistía fue aprobada por el Congreso de Colombia en diciembre de 2016 y perdona a todos los miembros de las FARC excepto a los que hayan cometido delitos de lesa humanidad, abusos sexuales o reclutamiento de menores, entre otros.

También contempla un tratamiento especial para los agentes del Estado que cometieron crímenes dentro del conflicto armado, excepto los crímenes que atenten contra el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos.

La ley beneficiará aproximadamente unos 6.000 miembros de las FARC procesados por delitos políticos de rebelión, asonada y conspiración, entre otros.

A su vez la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido surgido de los acuerdos de paz en Colombia, pidió a los tribunales internacionales que obliguen a los próximos gobiernos a cumplir lo pactado. En un comunicado difundido ayer, la ex guerrilla marxista anunció que está gestionando ante Naciones Unidas un pedido para que la justicia internacional convierta en mandato los convenios, ante las amenazas de varios candidatos presidenciales de desconocerlos o modificarlos. “Son los futuros gobernantes e instituciones que serán elegidos en las próximas citas electorales quienes deben ser conscientes de que deben asumir el cumplimiento e implementación del acuerdo como una obligación del Estado colombiano’’, afirmó la FARC.