La entrada en funciones de El Palomar como aeropuerto comercial no estuvo exenta de polémicas. Utilizado como base de operaciones por las low cost que autorizó el gobierno nacional, con la controversial Flybondi a la cabeza, el predio de 200 hectáreas podría ser clausurado para la aeronavegación comercial si la justicia federal de San Martín da luz verde a la cautelar que presentó una ONG en el cierre de la semana judicial.

Se trata de un amparo de la ONG Isla Verde, que motoriza el abogado Guillermo Iracheta. El letrado fundamentó el escrito en tres ejes, que desarrolló en diálogo con este diario respecto de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires: el medio ambiente en función de los vecinos, los arroyos que corren dentro del predio, y el rol del comité regulador de la cuenca del Río Reconquista.

“El aeropuerto depende de la Nación, que lo habilitó, incluso está la Brigada, que es nacional, pero es un vecino más del municipio. Por lo tanto, el aeropuerto está sujeto a las normas provinciales”, esgrimió Iracheta. Desde su punto de vista, es clave el artículo 28 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. “Ese artículo declara que la provincia tiene el dominio ‘eminente’ del medio ambiente en todo su territorio. Es un término jurídico-político que remite a la soberanía”, explicó el letrado. Por lo tanto, el gobierno de María Eugenia Vidal debería velar por las condiciones ambientales de los vecinos.

De hecho, el aeropuerto se puso en marcha tras un estudio de impacto ambiental presentado en tiempo record: una semana. En los primeros días de enero se había establecido que no podría haber operaciones comerciales hasta tanto no se presentara el informe. A fin de ese mes, Martina Forms, jueza federal de San Martín, dio el visto bueno al informe elevado por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna).

“Para poder habilitarse el emprendimiento proyectado debe pedirse permiso a la Provincia. No desde su funcionamiento interno como lugar en que aterrizan y despegan aviones, sino desde su funcionamiento externo”, fundamentó la cautelar respecto del medio ambiente en relación a los vecinos. Ergo, debería haber un estudio de impacto ambiental a cargo de la Oficina para el Desarrollo Sustentable (OPDS).

Pero el escrito va más allá y pide la intervención de la Autoridad del Agua (ADA), otro ente provincial, en relación a los arroyos que corren dentro del predio. Son los arroyos Morón, Corvalán y Céspedes. Aeropuertos Argentina 2000 admitió el grado de contaminación de los arroyos y tendría en la mira taparlos. Según Iracheta, el gobierno de Vidal también tiene jurisdicción sobre los ríos interiores y debería actuar a través del ADA para evitar el entubamiento, que “tiene una capacidad de 50 metros cúbicos por segundo, por lo tanto cuando las lluvias son intensas, los caudales de drenaje son insuficientes, generando inundaciones y reflujo en zonas altamente pobladas”. En otras palabras: Morón podría sufrir inundaciones si se avanza con esa propuesta. “Es algo similar a lo que pasó con los countries en Pilar, la obra que hicieron llevó a que se inunde Luján”, graficó. La ADA debería “establecer la línea de Ribera” de los arroyos.

“Además del cumplimiento con la ley, el respeto al ordenamiento jurídico, existe de mi parte, y de los vecinos que represento, un gran temor al daño ambiental. ¿Qué se hará con los bosques protectores que rodean a los mismos?”, inquirió el abogado sobre la biodiversidad dentro de las 200 hectáreas. Recordó que desde el Conicet se llamó a preservar la flora y fauna de la zona mientras se queman pastizales y se hacen obras sin cartel.

Por último, también debería actuar el Comité de Cuenca del Río Reconquista (Comirec), otro órgano provincial, ya que los tres ríos son afluentes del Reconquista. Puntualizó que “este organismo maneja para sus fines un crédito del BID de 280 millones de dólares que se puede ver entorpecido con un proyecto de un aeropuerto, que en su estudio de impacto ambiental  ignora las cuencas hídricas”. A nivel provincial, el Comirec es como la Acumar, el ente tripartito (Nación, Provincia, Ciudad) orientado a la cuenca Matanza-Riachuelo; como aquel, debe velar ante la contaminación industrial del Reconquista, algo en lo que colabora el estado de los tres arroyos.

De allí que la cautelar pida tres estudios, a cargo de la OPDS, la ADA y el Comirec. Para ello, primero, debería suspenderse la operatoria del aeropuerto. Y ahí es donde la cautelar apunta a la Nación. “Queremos que haya una clausura a nivel nacional para que la provincia haga los tres estudios y saber en qué condiciones está el lugar”. La jueza tendrá en su escritorio, a primera hora del lunes, el texto sobre el que deberá fallar. Cualquiera sea su decisión, podría haber una segunda instancia en la Cámara de Apelaciones por parte de la Nación o la ONG. Para Iracheta, “si es necesario, iremos ante organismos internacionales”.