El Sindicato de Prensa Rosario expresa su preocupación y repudio por el intento de penalización y censura que una organización polaca ultraderechista realiza contra Página/12, tal como lo expresa en su edición de hoy el mismo diario. Se trata de una denuncia de la Liga Polaca contra la Difamación que resulta posible a partir de la existencia de una norma que entró en vigencia en Polonia el 1° de marzo pasado para imponer una especie de ‘bozal legal’, a nivel global, con el fin de que no se informe ni se difundan datos sobre el Holocausto. La acción de la Liga hace referencia a la nota publicada en la contratapa del matutino por el psiquiatra y psicoanalista Federico Pavlovsky (ver nota relacionada abajo), el 18 de diciembre pasado, sobre la matanza de 1600 judíos en Jedwabne, en 1941, víctimas de sus propios vecinos polacos y católicos, en el marco del antisemitismo local.

La nota de tapa de Página/12 y también el portal de La Nación –más otros sitios-, dan cuenta de lo informado por la agencia española EFE en cuanto a la acción contra el diario del Grupo Octubre -relacionada con la nueva ley polaca-, que prevé multas y prisión para quien use la expresión “campos de concentración polacos” al referirse a los centros de exterminio creados por el nacionalsocialismo en la Polonia ocupada. En este caso la Liga recurre a un supuesto error en la utilización de la fotografía que acompaña la contratapa de Pavlovsky.

Una acción legal como la citada tiene un terrible antecedente en Turquía respecto de las personas o medios de comunicación que se expresan sobre el genocidio armenio (1915-1916) y adquiere gravedad porque va contra el derecho a la libertad de expresión y de información, concebidos como derechos humanos con sujetos universales, pero también contra el derecho a investigar, a construir la memoria histórica, colectiva y mundial contra los crímenes de lesa humanidad. Por último, el intento de censurar, acallar voces e instalar la cultura del ocultamiento, la mentira y el temor a publicar, con versiones globales, deben ser condenados por las máximas expresiones de las organizaciones mundiales en materia de libertad de expresión y defensa de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que la Argentina es firmante.