Desde Bogotá

“En Argentina una vida de una mujer trans no vale para nada”, dijo Marcela Romero con vehemencia frente a los representantes del Estado y mirando hacia la mesa contigua, donde tres comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) escuchaban con atención. En representación de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (Attta), Marcela Romero hizo escuchar la voz de las trans de su país durante el 167 período de sesiones 167 de este órgano de la OEA (Organización de los Estados Americanos) realizado en Bogotá, Colombia. La audiencia fue convocada por iniciativa de la Cidh y contó con la participación de los comisionados Flavia Povesan, Esmeralda de Troitiño y  Luis Ernesto Vargas Silva.

“Todos los días unas 5 mil personas trans sufren violencia en la Argentina”, continuó Romero detallando que el encarcelamiento, el sexo por libertad, la violación, el estigma y la discriminación son algunas de las principales afectaciones que viven. “En primer lugar, lo que hicimos fue explicarle al gobierno argentino y la Comisión la violencia institucional que hay en Argentina hacia nosotros, y que el gobierno argentino tenga una agenda política donde estemos incluida la población trans pero con políticas púbicas que beneficien a la población”, le cuenta la mujer a PáginaI12 terminada la audiencia que no pudo realizarse el año pasado durante el periodo ordinario de sesiones de esta Comisión que, como organismo autónomo de la OEA, tiene como objetivo la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano.

Marcela Romero fue una de las pocas representantes de la sociedad civil que se presentó sin acompañantes a la audiencia. En frente, cuatro representantes de gobierno respondieron. El discurso valiente de la mujer fue contundente al exigir al Estado argentino que frene la represión policial y la violencia institucional señalando que tan solo en enero y febrero de este año fueron asesinadas 18 mujeres trans en su país. “La población trans padece de necesidades y dificultades para acceder al pleno goce de los derechos humanos”, reconoció Diego Boriso, director de políticas integrales de diversas sexual de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo General de la Nación.

Tampoco la Superintendencia de Salud responde a las demandas enviadas por la Asociación, que exige personal y recursos para operaciones de cambios de sexo que sí pueden conseguir, aseguró la representante en Bogotá, a cambio de abundantes pagos. Los siete comisionados independientes que integran la Cidh con sede en Washington, conocerán las denuncias de Romero y seguirán las investigaciones para establecer si el gobierno sigue o no las recomendaciones de la Comisión. Y en caso de que no y que agrave la situación ordenar medidas cautelares de protección. En algunas ocasiones, los casos pasan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también de la OEA pero con carácter judicial y con sede en Costa Rica. La Comisión puede llevar casos ante la Corte, siempre y cuando el Estado demandado o cuestionado haya aceptado en sus leyes su competencia.

En conversación con Página/12, Marcela detalló que la violencia se ha recrudecido y que, a pesar de que hay leyes y dependencia del estado que se ocupan de las personas trans, hay un retroceso para esta población. “Tenemos un cupo laboral de 1 por ciento para nosotras en cada municipio de la provincia de Buenos Aires. Se logró hace dos años pero la gobernadora de la provincia no lo firma. En cambio, en 24 horas se logra firmar un protocolo de represión”, relata la mujer que se siente –y habla a nombre de los más de 10 mil trans argentinos– excluida, exigiendo que ellos también son parte de la democracia. “El Estado no está presente, lo está solo para reprimir; tenemos una justicia que no trata los temas como tiene que tratar; tenemos una justicia con fobia, y no investiga los problemas”, aseguró a este diario.

Tomando en cuenta que según la Attta el 99 por ciento de las trans en Argentina trabajan en la prostitución, el cupo laboral copó especialmente la atención de los Comisionados y el público durante las audiencias. “Para que no sigamos estando en la explotación sexual. Las mujeres trans en Argentina ejercemos el trabajo sexual y la prostitución porque no tenemos otra oportunidad. Solo un 20 por ciento de nosotros lo hace como elección. Por eso el Estado debe promover políticas públicas, pero efectivas”, dice Marcela Romero, quien además se desempeña como coordinadora regional de la Red de América Latina y el Caribe de Personas Transgénero (Redlactrans)

La mujer inició sus denuncias y demandas agradeciendo la presencia del Estado. Como todas las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de Derechos Humanos que tienen casos en esta Comisión, pidió reconocer que la afectación a los derechos de las personas trans en la Argentina no se da solo en Buenos Aires. También son preocupantes los casos de violencia y exclusión en Jujuy, Salta, Córdoba y Mendoza.

“No queremos ser las próximas presas políticas por defender una democracia igualitaria”, sostuvo Romero antes de regresar a Argentina. Los comisionados presentes y el gobierno tomaron nota, recomendaciones y compromisos para intentar superar los obstáculos del Estado y la sociedad a favor de proteger los derechos de los trans argentinos, cuyos casos de violencia corresponden en un 58 por ciento a la violencia sexual. Según Marcela, la misma institución policial los agrede forzándolos a tener sexo o a humillaciones para lograr la libertad tras pasar la noche en centros de detención por ejercer el trabajo de la prostitución.