Cinco adolescentes de entre 15 y 19 años murieron en 2016 como consecuencia de un aborto clandestino, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación. Son muertes evitables. Injustas. Seguramente porque esas chicas no tuvieron el dinero ni la información para acceder a una interrupción segura de embarazo. Clandestina, pero segura. Otras 38 mujeres mayores de 20 años, muchas con hijos a cargo, corrieron la misma suerte. Como le pasó una semana atrás a María Campos, en Santiago del Estero: tenía 37 años y era madre de un varón y cinco nenas, como informó este diario. Si se aprobara el proyecto de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE), que hoy volverá a presentarse, por séptima vez, en la Cámara de Diputados, cualquier persona con capacidad gestante tendrá derecho a abortar en un  hospital público o una clínica privada –con los gastos cubiertos por las obras sociales y las prepagas– en las primeras 14 semanas de gestación, sin tener que dar ninguna explicación –como ocurre en la mayoría de los países desarrollados, entre ellos España– y más allá de ese plazo en casos de violación, si estuviera en riesgo la vida o la salud (física, psíquica o social de la mujer) –como ya está en la ley– o si existieran malformaciones fetales graves. 

La propuesta, elaborada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, llega con el apoyo de 71 diputadas y diputados de un amplio arco político, el número de firmantes más alto desde que se presentó por primera vez en 2008. Aquella vez tuvo 22 firmas. En 2014, llegó a tener 70 pero se juntaron a lo largo de varios meses. Ahora, en pocos días. En 2016, ingresó con 34 firmas. Pero durante el kichnerismo no hubo decisión política para promover el debate. El anuncio del presidente Mauricio Macri cambió el escenario. Mañana los pañuelos verdes volverán a inundar el Congreso. Un sondeo de la Campaña marca a grandes rasgos un contexto muy favorable para iniciar el tratamiento: un 30 por ciento de diputados y diputadas a favor de despenalización y legalización del aborto, otro 30 por ciento, en contra, y un 40 por ciento sin definir, que se dividirían por mitades, entre indecisos y quienes aún no dieron a conocer su postura. “Como el tema se puso en la agenda, se están definiendo legisladores todos los días”, contó una de las responsables de recolectar las firmas entre los despachos de la cámara Baja desde hace una década. Los sondeos de opinión conocidos el fin de semana muestran un mayoritario apoyo de la población al proyecto, un dato que debería tener eco en el Congreso, sostienen desde la Campaña. 

La mayoría de los firmantes pertenece al FpV; hay 14 de la UCR, 5 del PRO (cuatro varones y una mujer), tres de la fuerza que lidera Martín Lousteau –él mismo firmó–; otros tres del Frente de Izquierda. Las bancadas más reticentes, por el momento, son las del Justicialismo –apenas 1 sola diputada– y la que responde a Sergio Massa –solo dos firmas–.

“Lo apoyo porque estoy en contra de los abortos clandestinos”, dijo a PáginaI12 la diputada Victoria Donda, del monobloque Libres del Sur, una de las cuatro legisladoras que encabezan con su firma la iniciativa. Las otras tres son Mónica Macha, del Fpv, Brenda Austin, de la UCR, y Romina del Pla, del Frente de Izquierda. La diversidad de bancadas busca mostrar la transversalidad de apoyos al proyecto. “Hay muchas razones para apoyarlo. La primera y principal –señaló a este diario Austin– es que es un tema de salud pública. Sigue siendo el aborto inseguro la principal causa de muerte materna individual desde 1980. Y es una cifra que está atravesada por una cuestión de clase social. En provincias como Formosa una mujer tiene 8 veces más riesgo de morir por un aborto inseguro que en la ciudad de Buenos Aires. La criminalización y penalización del aborto no evita que las mujeres interrumpan embarazos sino que las empuja a la clandestinidad. El Estado debe garantizar la educación sexual integral, anticonceptivos gratuitos y cuando los métodos fallan, el acceso a un aborto seguro. Hay que romper mitos: al aborto legal no se le antepone el derecho a la vida, sino el aborto ilegal, clandestino, que mata”, dijo Austin. 

Para Macha una razón fundamental para reformar la ley es “garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo”, destacó en diálogo con este diario. La dirigente del PO, Romina del Pla consideró que hay que “instalar el debate real que no es aborto sí, aborto no, sino cuáles son las consecuencias de la clandestinidad”. 

Del PRO, lo acompañan Juan Carlos Villalonga, Samanta Acerenza, Marcelo Wechsler y Sergio Wisky –los cuatro ya lo habían firmado en 2016– y además, Daniel Lipovetzky, quien podría ser un aliado estratégico si, como se presume, vuelve a presidir la comisión de Legislación General, por donde seguramente tendrá que discutirse el proyecto. En la Campaña esperan que esa sea la comisión cabecera, por el buen diálogo con Lipovetzky. También será girado a Salud, que podría estar encabezada por Carmen Polledo, también del PRO, cuya posición es sinuosa: no quiso firmarlo, pero cuando fue diputada porteña apoyó la aprobación del protocolo de atención de los abortos no punibles, que respetaba el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de la Nación, que después terminó siendo vetado por Macri, cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad. Otra comisión por la que pasará es la de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, que seguiría bajo la conducción de la radical jujeña Alejandra Martínez, firmante del proyecto. 

La propuesta legislativa establece que si la IVE debe practicarse a una adolescente, entre los 13 y 16 años de edad, “se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento”. Si es menor de 13 años, “se requerirá su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal”. En todos los casos, serán “de aplicación la Convención de los Derechos del Niño, la ley 26.061 y los artículos pertinentes del Código Civil y Comercial de la Nación, en especial en lo que hace a su interés superior y el derecho a ser oído”.

Fija, además, que no se exigirá autorización judicial y los procedimientos de IVE deberán ser cubiertos integralmente por prepagas y obras sociales –e incorporadas como prestaciones médicas básicas obligatorias– y realizarse en el sistema de salud, dentro de los 5 días de solicitados.

El texto es el mismo –con apenas algún retoque– que se presentó en 2016, cuando se  actualizó a la luz de las reformas del Código Civil y Comercial y la Ley de Identidad de Género, entre otras normas. Las modificaciones que se le introdujeron surgieron de consultas a profesionales de distintas disciplinas y activistas, en foros de discusión realizados en diferentes ciudades a lo largo de 2015. Las conclusiones de esos foros participativos fueron reunidas y consideradas por una comisión redactora que elaboró un nuevo proyecto de ley que fue aprobado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en su reunión Plenaria, que tuvo lugar en Paraná el 5 y 6 de marzo de 2016. Esa comisión redactora estuvo integrada por reconocidas juristas, médicas y militantes del movimiento feminista: Nelly Minyersky, Martha Rosenberg, Soledad Deza, Silvia Augsburger, Mabel Gabarra, Stella Maris Manzano, Nina Brugo, Alicia Cacopardo, Mónica Menini, Silvia Juliá, Carolina Comaleras y Cristina Zurutuza. 

En 2016 se incorporó a las personas trans con capacidad de gestar y se amplió de 12 a 14 semanas el plazo para garantizar el derecho a la IVE, en línea con legislaciones de países europeos como España. El artículo primero define: “En ejercicio del derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional”.

El artículo 9 se refiere a la IVE en casos de personas con “capacidad restringida”. Dice que “si la restricción no tuviere relación con el ejercicio de los derechos que otorga la presente ley podrá prestar su consentimiento informado requiriendo si lo deseare la asistencia del sistema de apoyos previsto en el artículos 32 Código Civil y Comercial de la Nación. Si se tratare de una persona declarada incapaz judicialmente deberá prestar su consentimiento con la asistencia de su representante legal o a falta o ausencia de este, la de un allegado en los términos art. 59 Código Civil y Comercial de la Nación”.

El reclamo por la legalización del aborto será uno de los ejes principales de la marcha del 8M, con la que se coronará el segundo Paro Internacional de Mujeres: partirá de Plaza de Mayo y confluirá frente al Congreso. El verde se impondrá como distintivo.