La dirigente opositora Margarita Stolbizer presentará hoy una denuncia penal por una consultora de comunicación que pertenecería a tres funcionarios del Gobierno y que, según investigó la dirigente, no cuenta con empleados ni registra gastos por los servicios prestados al Estado. De acuerdo con la denuncia, la consultora viene ganando licitaciones en el gobierno nacional y en el porteño. De los tres dueños, uno fue director de Nación Fideicomisos, otro trabaja en el Ministerio de Justicia, mientras que el tercero –sostiene la denuncia de Stolbizer– comparte campos con el presidente Mauricio Macri en Salta. La dirigente pidió que se investigue tanto a los dueños de la consultora como a los funcionarios que debían controlar las licitaciones.

Stolbizer viene siguiendo de cerca el gasto del Gobierno en consultoras. Según un informe suyo, el Ejecutivo gastó entre 2016 y 2017 más de 174 millones en consultoras. De los 24 casos que analizó, 13 correspondían al Ministerio de Modernización, que conduce Andrés Ibarra. 

En la denuncia penal que presentará hoy –y a la que accedió PáginaI12– pone como ejemplo otra licitación de Modernización, a la que se suman también contrataciones del Gobierno de la Ciudad. La destinataria es una consultora llamada Labcom. “Se trata de una consultora compuesta por tres funcionarios públicos del actual gobierno que ganan licitaciones sin empleados ni otros ingresos que los contratos con el Estado”, indica Stolbizer, que los denunciará con el patrocinio de la abogada Silvina Martínez por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes del funcionario y negociaciones incompatibles con la función pública.

Según detalla la denuncia, los tres socios de Labcom serían Juan Pablo Peredo, Luciano Hernán Elizalde Acevedo y Alejandro Luciano Alonso. “Los socios eran funcionarios públicos al momento de la contratación, además de poseer vínculos con el Presidente de la Nación”, señala Stolbizer.

Sobre el primero de los socios, Peredo, señala que “se desempeñó como director titular de Nación Fideicomisos desde el 23 de diciembre de 2015 hasta mediados del año 2017, cuando se aceptó su renuncia. Es decir, el mismo período que estamos solicitando se investigue, durante el cual la empresa Labcom ganó las licitaciones. Y así surge claramente en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción del año 2016 donde Peredo declara su participación en Labcom SA”. Peredo, un peronista bonaerense, fue también presidente del Fondo de Garantías de Buenos Aires (Fogaba) y director comercial del Instituto Provincial de Lotería y Casinos durante la gobernación de Felipe Solá. En el ámbito privado, trabajó en la comunicación de la internacional del juego Codere.

Sobre el segundo de los socios, Alonso, Stolbizer advierte que “se desempeña en el Ministerio de Justicia”. Del tercero, Luciano Hernán Elizalde Acevedo, un investigador del Conicet, la dirigente opositora destaca que “comparte en condominio hectáreas en la provincia de Salta con Mauricio Macri, a través de la empresa Los Tykey SRL (Sociedad de Luciano Hernán Elizalde Acevedo, Sebastián Elizalde Acevedo y Leopoldo Elizalde Acevedo). Se trata de la Finca Pluma de Pato en la localidad de Coronel Sola, en Salta”. Y recuerda que Macri adquirió en mayo de 2015 el 18,69 por ciento de estas hectáreas como pago por la deuda que tenía con él su “hermano de la vida” y también empresario Nicolás Caputo. 

Stolbizer advierte que la consultora Labcom ha recibido “diferentes beneficios que se le han otorgado desde el Ministerio de Modernización”, pese a que “sus únicos ingresos del período 2016/2017 se originarían en los contratos que recibe de la administración pública nacional y de la Ciudad”.

Señala que la empresa se constituyó en febrero de 2012 y se inscribió como proveedor el 12 de agosto de 2016, poco antes de ganar una licitación de Modernización por “un servicio de consultoría en relación al seguimiento de evolución de proyectos centrales” para Modernización. En noviembre se le adjudicó el contrato por 1 millón 206 mil pesos. 

“La empresa también resulta adjudicataria de licitaciones en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Para citar un ejemplo, en 2017, el gobierno porteño le adjudico la contratación de un servicio de consultoría en comunicaciones por un total de 2.604.000 pesos”, remarca Stolbizer.

“Esta empresa no registra empleados ni tiene contratos vigentes en aseguradoras de riesgos de trabajo. Desconocemos cómo puede cumplir con los objetivos de los contratos con el Estado nacional y municipal si no cuenta con empleados”, indica, en un dato que recuerda a la consultora de Fernando Niembro, quien sigue siendo investigado por la facturación de La Usina Producciones, otra consultora sin empleados. 

Stolbizer cita los registros contables de la empresa, que no tienen ni salarios ni cargas sociales. “En el año 2016 surgen ingresos por servicios prestados y alquileres por 4.641.036 pesos y durante el año 2017, 2.315.876”, indica. “Creemos –remarcó Stolbizer– que debe investigarse a los diferentes funcionarios públicos que intervinieron en el trámite de las licitaciones mencionadas.”